Marín y Matutes comparten responsabilidades por errores en la gestión de ayuda humanitaria

El vapuleado vicepresidente español de la Comisión Europea, Manuel Marín, queda muy bien librado en el informe del Grupo de Sabios. Sale con el expediente completamente inmaculado frente a las acusaciones tanto de favoritismo familiar como de tolerancia con un fraude ocurrido en los programas Med (de apoyo a países mediterráneos) o de conocimiento de otro en la oficina de ayuda humanitaria (ECHO). En ambos casos recibe críticas administrativas menores. A su antecesor en la cartera, el actual ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se le atribuye una "responsabilidad más pesada y clara".

Marín ha sido presa favorita de la prensa alemana, que llegó a imputarle falsamente haber contratado a 20 familiares, y de algunos europarlamentarios, como Juan Manuel Fabra Vallés, del grupo popular, cuya investigación ha acabado paradójicamente perjudicando, como un bumerán, a su antiguo jefe de filas, Abel Matutes. Su informe parlamentario llevó a Marín ante la picota pública, sobre todo con ocasión de la moción de censura que se debatió en el Parlamento Europeo a mediados de enero.En efecto, el Grupo de Sabios examinó las acusaciones de presunto favoritismo contra Manuel Marín basadas en que su esposa, Carmen Ortiz, es funcionaria B (de nivel administrativo) en la Comisión Europea: "El reclutamiento de esta funcionaria no fue viciado por irregularidades", concluye. "El Comité no ha encontrado pruebas que puedan sostener las alegaciones de favoritismo dirigidas contra los comisarios Likanen

[Presupuesto], Marín y Santer", zanja.

También le exonera de cualquier connivencia o tolerancia con prácticas fraudulentas ocurridas en sus departamentos o en empresas colaboradoras de los mismos. En el caso Med -donde Ismeri, una empresa italiana, está inculpada por sobrefacturar sus servicios a la Comisión-, los sabios dictaminan que Marín "reaccionó rápida y adecuadamente en cuanto se descubrieron ciertas irregularidades, conflictos de interés o una falta de control". Cuando el Tribunal de Cuentas le informó de éstas, suspendió los contratos, preparó nuevas licitaciones y persiguió a las personas implicadas ante los tribunales, recuerda el texto del informe. Más aún, paralizó todos los programas del departamento, hasta que los hizo más rigurosos y exigentes.

Este aplauso conlleva algún matiz. "El principal reproche que puede hacérsele" es haber tardado 20 meses desde que se conoció la auditoría del Tribunal de Cuentas y la apertura de una investigación administrativa, a lo que el aludido contesta que antes de iniciarla debía esperar, por imperativo legal, las conclusiones de la unidad antifraude, la UCLAF. Es decir, "debe descartarse una responsabilidad directa del comisario actualmente responsable de esta cartera en lo que concierne a la estructura de la política", escriben los sabios; si la hay es "de orden general", sobre "el seguimiento y vigilancia".

Su antecesor en esta cartera, Abel Matutes, sale peor parado: "La responsabilidad del comisario que precedió al señor Marín está más comprometida", dice el informe, "porque presidió las estructuras de gestión que originaron" la comisión de un fraude. Parece incumbirle una responsabilidad "mucho más clara y pesada", pues "en efecto, todos los problemas aparecidos que hemos examinado provienen de la génesis del expediente". Atención, a Matutes no se le involucra en el fraude, pero se le critica porque "ha pecado por omisión: no vigiló de bastante cerca la puesta en práctica de los programas Med en una situación de alto riesgo". Un portavoz de Matutes replicó ayer que éste sólo gestionó "unos meses" esos "programas piloto, sujetos a la evaluación de sus vicios y virtudes".

Datos ocultos

En el caso de ECHO, la oficina de ayuda humanitaria, un funcionario, Hubert Onidi, evaporó 75 millones de pesetas, por lo que la Comisión llevó a éste ante los tribunales. La comisaria responsable de la lucha antifraude, Anita Gradin, recibe la principal crítica sobre este asunto puesto que escamoteó a Marín la información del UCLAF necesaria para haber atajado mucho antes el foco corrupto, indica el dictamen. Y "nada induce a pensar que Marín estuviese al corriente de los fraudes".

Además de esto, recoge que Marín "dio instrucciones escritas" para remediar el problema de algunos contratos irregulares, aunque "se le condujo a tolerar esta situación durante varios años", el periodo durante el cual fue responsable de la ayuda humanitaria, "esencialmente porque sus repetidas peticiones de contratación de personal suplementario no fueron escuchadas" por los comisarios de Personal y Presupuesto, como Karel Van Miert. Qué diminuto vaso para tanta tormenta.