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Hollywood se plantea no estrenar cine doblado en Cataluña para combatir las cuotas

Las 'majors' sólo distribuirían copias subtituladas si en marzo rige el decreto de doblaje catalán

Las multinacionales del cine norteamericano, que controlan Hollywood, se plantean no estrenar cine doblado en Cataluña a partir del 17 de marzo, fecha en la que debe entrar en vigor el decreto de la Generalitat que obliga a los distribuidores a suministrar copias dobladas al catalán de los filmes de más éxito (más de 16 copias en el territorio catalán) que se estrenen con doblaje en castellano. La decisión no ha sido tomada todavía en Los Ángeles, pero es la alternativa que han insinuado a los exhibidores algunas agencias españolas de las majors de Hollywood.

A partir de la citada fecha, una vez tomada la decisión en firme, las empresas multinacionales sólo distribuirían en Cataluña copias subtituladas en catalán y castellano. Esta alternativa perjudica gravemente al sector de la exhibición, ya que el hábito del doblaje está muy arraigado en España y el estreno sólo de copias subtituladas comportaría una disminución de público. Fuentes de la exhibición manifestaron a este diario que si éste es el desenlace final del conflicto, se asistirá a un dramático cierre de salas y a la parálisis de cualquier proyecto de apertura de nuevos cines. En la actualidad está en marcha en Cataluña la construcción de más de cien salasLas majors, que sólo doblan para España, Alemania, Francia e Italia, han explicado al presidente de la Generalitat que no aceptan la imposición de una cuota de doblaje por miedo al efecto dominó. Otras comunidades españolas ya han anunciado a las majors que si se implanta el doblaje obligatorio en Cataluña exigirán el mismo trato en su comunidad, y las multinacionales temen que el ejemplo catalán repercuta en otros países europeos.

Dado que las majors tienen como política general el respeto a las leyes vigentes, no se plantean incumplir el decreto y asumir las multas. Como el citado decreto fija tanto cuotas de doblaje como de subtitulado, las majors optarían por cumplir sólo con las cuotas de subtitulado y de esta manera mantendrían el principio de negarse al doblaje.

El decreto ha sido recurrido tanto por los exhibidores catalanes como por las distribuidoras que han solicitado su suspensión cautelar alegando que la ley del catalán habla de medidas de fomento y el decreto -remitiéndose a leyes españolas de cuota de producción y exhibición- impone sanciones. Pujol mantuvo la semana pasada una entrevista con el embajador norteamericano en Madrid. Aunque la Generalitat ha insistido en que el encuentro no estaba pensado para tratar este conflicto, fuentes del sector cinematográfico han explicado a este diario que Pujol planteó el tema infructuosamente ya que el embajador le expuso que carecía de autoridad para interferir en las políticas comerciales de las empresas de su país. Otras fuentes afirman que a la reunión también asistió el representante en Europa de las majors.

Aunque Pujol ha hablado de negociación, en el sector cinematográfico catalán no hay muchas esperanzas de una salida pactada al conflicto. Ven difícil una corrección del decreto por parte de la Generalitat y cómo máximo contemplan una moratoria en su aplicación. Incluso, en algunos despachos de la Generalitat, distintos de los de Política Lingüística, verían con alivio que los jueces suspendieran el decreto para buscar una salida honrosa que no implicara ni la batalla frontal con las majors y sus costes para los exhibidores catalanes, ni una renuncia política por parte de la Generalitat, que entonces podría reorientar el asunto sin la presión de unas fechas límite.

Los exhibidores catalanes consideran que los principales perjudicados por esta batalla son ellos y así lo explican incluso en el texto del recurso que han presentado contra el decreto. Mientras que las majors, aducen, pueden resistir un descenso en sus taquillajes en un mercado tan menor dentro de sus cifras globales de explotación, los exhibidores -cuyo 91% de ingresos procede de producciones extranjeras- no podrían resistir un descenso en el número de espectadores.

Recurso premonitorio

En el citado recurso, los exhibidores explican que "las distribuidoras podrán permitirse una actitud de fáctica indiferencia al decreto por la sencilla razón de que reducir su presencia en Cataluña tiene una importancia muy relativa a escala mundial". El texto afirma que el decreto es fruto de un voluntarismo ingenuo del legislador, que "ha creído que bastaba con desearlo para que surgieran espontáneamente películas traducidas al catalán en el número y calidad deseable". "Mucho nos tememos", prosigue premonitoriamente, "que con la aplicación del decreto el ciudadano se va a quedar sencillamente sin cine traducido, ni al catalán ni al castellano".El decreto especifica que para distribuir películas en versión original subtitulada en el territorio catalán, las empresas han de distribuir en cómputo anual un número de copias subtituladas en catalán equivalente, al menos, a la cuarta parte del conjunto de las copias subtituladas que distribuyan en Cataluña. "A este efecto, podrán optar por la subtitulación de unas obras sólo en catalán y de otras sólo en castellano o a otras lenguas, o por la subtitulación de copias diferentes de la misma obra en catalán y otras lenguas. La calidad de las versiones subtituladas en catalán ha de ser equivalente a la de las versiones subtituladas en castellano o en otras lenguas". El decreto también impone cuotas lingüísticas a los exhibidores que han de programar, al cabo del año y como mínimo, un día de cine doblado al catalán por cada tres en que exhiban cine doblado a otras lenguas".

El decreto aclara que las sesiones de películas dobladas al catalán no pueden ser más caras que las sesiones "en otras lenguas". Este extremo también es discutido por los exhibidores, que alegan que las distribuidoras hacen que repercuta el coste del doblaje en las salas que lo aprovechan. Dado que la película doblada al catalán se estrenaría en menos salas que la doblada al castellano -cuyo coste se reparte entre todos los cines de España-, los exhibidores deberían hacer repercutir este encarecimiento en el precio de la entrada

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