Competencia sobre genocidio, terrorismo y tortura

Los cinco firmantes del dictamen en favor de la competencia española para perseguir los asesinatos, detenciones ilegales seguidas de desapariciones y otros atentados contra disidentes políticos, encuadran estos hechos, cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina, en los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. La dimensión internacional de estos delitos la fundamentan en el derecho internacional y en la vigente legislación española. El documento recuerda que los hechos fueron realizados por personas al servicio del Estado, pero sin, ni siquiera, "una cierta cobertura procedimental formal". Y analiza la consideración, que niega el fiscal, del terrorismo como crimen internacional.

En primer lugar, asegura que la ley española no limita la persecución internacional del terrorismo contra España, sino "la de hechos que España, como miembro de la comunidad internacional, está interesada en perseguir". De ahí que "hechos definidos como terrorismo por la ley española, pueden remitirse al concepto de crimen contra la humanidad" si se dan las notas de persecución política, violación generalizada de los derechos humanos -"problema internacional", dice, "no de derecho interno"- y consentimiento del Estado.

"Grupo nacional"

La fiscalía estima que no es genocidio el aniquilamiento sistemático de sectores de la población realizado por las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile. En cambio, el dictamen señala que la referencia de nuestro Código Penal a la destrucción de "un grupo nacional, étnico, racial o religioso" es aplicable a lo hecho por las juntas militares de ambos países con los disidentes.En cuanto a la tortura como crimen internacional, el dictamen invoca la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio contra la Tortura.