Cinco catedráticos afirman la "obligación" de España de juzgar los crímenes de Argentina y Chile

Cinco catedráticos -un constitucionalista y cuatro penalistas- han elaborado, a petición de la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas, un dictamen sobre la competencia y "obligación" española de perseguir, juzgar y, en su caso, condenar los crímenes contra la humanidad de las dictaduras militares de Argentina y Chile. El documento, dirigido a los dos jueces de la Audiencia Nacional que instruyen sendos sumarios, se entregará hoy a Baltasar Garzón, a requerimiento de este juez, que investiga los delitos contra los derechos humanos cometidos en Argentina entre 1976 y 1983.

El dictamen Contra la impunidad ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido y los de Derecho Penal Mercedes García Arán, Hernán Ormazábal, Juan Carlos Ferré Olivé y José Ramón Serrano Pie de Casas.Los cinco entregarán hoy a Garzón el dictamen, que por la tarde divulgarán en la Fundación Alternativas, junto a Carlos Castresana, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, promotora de estos procesos; Joan Garcés, abogado de la acusación particular del caso chileno, y Luis Cueto, portavoz de la federación que ha auspiciado el dictamen.

El documento, de 67 folios, analiza la represión de los crímenes contra la humanidad en el derecho internacional, según el cual los autores de los delitos de las dictaduras de Chile y Argentina "han violado el orden de la humanidad al pretender destruir un grupo". Invoca el convenio sobre el genocidio de 1948 y los cuatro convenios de Ginebra, y recuerda que, a diferencia del viejo derecho internacional sólo entre Estados, actualmente se ha consolidado la responsabilidad individual, que conduce al futuro Tribunal Penal Internacional. Mientras tanto, la jurisdicción universal sobre los crímenes contra la humanidad permite a cualquier Estado perseguirlos desde su propia jurisdicción penal. Añade que estos delitos no prescriben, por "incompatibles con el olvido", como recordó en 1997 el Tribunal Militar de Roma al juzgar a Erich Priebke y Karol Hass por asesinatos nazis en la II Guerra Mundial.

El documento argumenta que una de las razones de la represión internacional es "la dificultad para una persecución de esos crímenes a través de jurisdicciones nacionales", como ha ocurrido en Argentina y Chile, en forma de amnistías y perdones, leyes de punto final o de obediencia debida, que entrañan el riesgo de que esos crímenes contra la humanidad queden impunes.