Chaves anuncia que no piensa aplicar en Andalucía el 'medicamentazo' del Gobierno

El Gobierno andaluz tiene la intención de pagar con fondos propios una parte de los 869 fármacos que el Ejecutivo central pretende excluir de la financiación pública. El anuncio lo hizo ayer en Bruselas el presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves. La decisión pone en un brete al resto de las comunidades autónomas con competencias transferidas. Por lo pronto, el también socialista y presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, apoya establecer tramos de rentas para que el recorte no afecte a los que tienen menos ingresos.

ENVIADA ESPECIAL, EL PAÍS

La iniciativa anunciada por Chaves, que asiste en Bruselas al pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea, no tiene precedentes en otras comunidades. No obstante, ayer otros consejeros presentes en la reunión se mostraron dispuestos a analizar su propuesta. Rodríguez Ibarra, aun expresando sus dudas sobre las posibilidades legales, planteó una alternativa: la posibilidad de acordar con las farmacias la no exclusión de algunos fármacos cuyo coste asumirían estas administraciones autonómicas según los niveles de renta del usuario. Sólo el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, expuso su oposición tajante: "La ley está para cumplirla", dijo.El Gobierno andaluz siempre ha sido contrario a la decisión del Ministerio de Sanidad de apartar de la financiación del sistema de salud determinados grupos de fármacos, por entender que es sólo una mera medida de ahorro del gasto en farmacia y no supone la racionalización en el uso de medicamentos. Así lo hizo constar por escrito en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aprobó la nueva financiación sanitaria. "La Junta de Andalucía no está de acuerdo con el recetazo, ya que al apartar grupos de fármacos excluye el tratamiento de enfermedades que afectan a segmentos de la población de baja capacidad económica", dijo Chaves.

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, que conoció la propuesta de Chaves durante su comparecencia por la mañana en la comisión de Sanidad del Congreso, no ocultó su sorpresa y recordó precisamente aquella firma del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque no aludió a esa expresa oposición a un posible medicamentazo.

Consultas jurídicas

Manuel Chaves afirmó que "está en estudio la no aplicación del recetazo" en Andalucía y admitió que podría haber "trabas legales y jurídicas". El Gobierno autonómico va a encargar a una comisión de expertos que analice la lista de productos apartados de la subvención pública y determine "aquellos fármacos que no tienen valor terapéutico de los que son necesarios para los ciudadanos de Andalucía".Una vez que se contrasten, la intención de la Junta es abonar con sus propios fondos aquellos medicamentos que la comisión andaluza estime deben seguir siendo subvencionados. En cualquier caso, la Junta no contempla el correr con los gastos de todos los productos excluidos, sino de una parte de ellos, sobre todo de aquéllos cuya eliminación total deja sin alternativa terapéutica a determinados síntomas y síndromes menores (laxantes, antihemorroidales, absorbentes intestinales, anticataratas). Aunque aún es prematuro hacer una cuántificación económica, Chaves afirmó que el coste de esta operación podría estar en torno a los 3.000 millones de pesetas.

"Las enfermedades como el estreñimiento son habituales entre los pensionistas, que verían cómo empeora su tratamiento" y su poder adquisitivo, puntualizó en Sevilla, José Luis García de Arboleya, consejero andaluz de Salud, informa García de Arboleya contrapuso este medicamentazo al que en su día hizo el Gobierno socialista. En aquel caso, dijo el consejero andaluz, los fármacos excluidos de la financiación pública eran de bajo o nulo valor terapéutico.

La medida de suplir con fondos propios la no financiación de algunos medicamentos se aplicaría nada más aprobar Sanidad su decreto, dijo García de Arboleya. Pero el mayor problema que se le plantea al Gobierno andaluz es de índole jurídica. Aunque Chaves reconoció la existencia de este escollo, añadió a renglón seguido que la decisión de la Junta tiene base legal. El Gobierno andaluz ha encargado ya un primer informe jurídico en el que encuentra apoyo a sus tesis. En dicho documento se afirma que tanto en la ley general de Sanidad como en la del Medicamento se garantiza el acceso en condiciones de igualdad para todo el Estado de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social.

Tomando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se afirma que la legislación básica es una legislación de mínimos por encima de los cuales las comunidades autónomas pudieran desarrollar sus competencias". Es decir, que la Junta no podría ampliar unilateralmente la lista de productos que figuran en el medicamentazo pero sí reducirla.

El coste que supondría esta decisión no se haría con cargo a los presupuestos estatales o de la Seguridad Social, por lo que el gabinete jurídico del Gobierno regional estima, a partir de distintas sentencias del Tribunal Constitucional, que Andalucía puede financiar con fondos propios los medicamentos excluidos. "Nadie puede impedir que con fondos propios paguemos las medicinas", aseguró Chaves.

Comisión en Cataluña

Por su parte, el consejero de Sanidad de Cataluña, Eduard Rius, aunque desde el principio mostró sus recelos contra el medicamentazo por considerar que no será una eficaz medida de ahorro, descartó ayer tomar una medida en contra como la propuesta por Andalucía.Sin embargo, el Departamento de Sanidad ha creado una comisión para analizar los medicamentos incluidos en la lista y las consecuencias de su supresión y ver si se deben introducir modificaciones. "Estamos estudiando si además de las exclusiones previstas por el propio Gobierno, como los expectorantes para los bronquíticos crónicos, deben hacerse también otras excepciones en determinadas patologías", indicó Rius. El próximo viernes se celebrará una reunión de los responsables de Sanidad y de la citada comisión con miembros de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria para decidir al respecto, informa Según Rius, está previsto que la lista definitiva de medicamentos excluidos se someta a la aprobación del Consejo Interterritorial de Sanidad del próximo día 16 de marzo.