Madrid deja en blanco el listado de recursos para víctimas de violencia sexual sin denuncia

Todas las comunidades autónomas excepto Madrid han enviado al Ministerio de Igualdad un listado de organismos públicos, servicios sociales y ONG con funciones de atención y acompañamiento para que las víctimas que hayan sufrido agresiones sexuales puedan acceder a derechos y prestaciones sin necesidad de que hayan presentado denuncia, siguiendo el modelo ya existente en los casos de violencia de género en la pareja o expareja. Así consta en el Boletín Oficial del Estado, publicado el pasado viernes, tal y como ha adelantado elDiario.es. Por ello, este martes la secretaria de Igualdad del PSOE en Madrid, Lorena Morales, firma una carta dirigida a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, en la que le pide, de manera inmediata, hacer llegar esta relación.

La acreditación administrativa, pactada entre el Gobierno y las comunidades autónomas el 17 de noviembre, surge a partir de la ley del solo sí es sí. A mediados del mes pasado, el Ministerio de Igualdad y las autonomías alcanzaron un acuerdo sobre un protocolo común, aunque varias comunidades se mostraron en contra. Esta medida también forma parte de la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, respaldada por todos los partidos salvo Vox.

Entre los derechos a los que puede dar acceso la acreditación se encuentran, entre otros, prestaciones sociales, apoyo asistencial, acceso prioritario a recursos de acompañamiento especializado o beneficios relacionados con la autonomía económica y la vivienda. Se establece que podrán solicitarla tanto las personas que no hayan presentado denuncia previa, como aquellas que tengan un procedimiento penal en trámite o cuyo caso haya sido archivado o sobreseído.

Solo el 16,8% de las mujeres víctimas de violencia física, sexual o emocional ejercida por una pareja declara haber denunciado estas conductas, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, presentada este mes por el Ministerio de Igualdad. La publicación en el Boletín Oficial del Estado, que recoge el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, aclara un aspecto clave para ellas: no es necesario presentar denuncia penal para acreditar la situación y acceder a derechos y prestaciones.

El documento señala que, además de la vía judicial, existen otras formas de acreditación administrativa, fundamentales para garantizar la protección. Menciona distintos medios reconocidos oficialmente. Entre ellos se incluyen los informes emitidos por los servicios sociales, por los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, o por los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración pública competente.

También pueden servir los informes de la Inspección de Trabajo o de la Seguridad Social en los casos en que la violencia afecte al ámbito laboral, así como las sentencias emitidas en el orden jurisdiccional social. Además, la ley permite que cualquier otro documento que esté previsto en las normas sectoriales correspondientes pueda ser utilizado para acreditar la situación.

Son alternativas que permiten que las víctimas puedan acceder a prestaciones, ayudas sociales, atención psicológica, recursos de vivienda o servicios especializados, incluso si no han denunciado a su agresor ante la policía o los tribunales. Este enfoque responde a la necesidad de ofrecer un reconocimiento administrativo independiente de la vía penal, algo que sectores de atención a víctimas venían reclamando desde hace años.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales sostienen que “ninguna víctima de violencia sexual que lo solicite se va a quedar sin su ayuda”, aunque consideran que este procedimiento no ofrece garantías jurídicas y en igualdad de condiciones. “La Comunidad de Madrid pidió al Gobierno un sistema de acreditación más seguro, pero ha negado a las comunidades autónomas el acceso al registro de agresores sexuales, algo que sí permite en violencia de género dentro de la pareja”, argumentan tras alegar que están desarrollando su propio sistema de acreditación. “Pocas lecciones pueden dar los que más han desprotegido a las mujeres”, espetan.

Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, el procedimiento entra en vigor y las comunidades autónomas deberán adaptar sus sistemas para implementar las pautas comunes establecidas. Madrid también está obligada, pero el hecho de que aparezca en blanco indica falta de concreción administrativa, lo que puede dificultar que las víctimas sepan exactamente dónde acudir dentro de la comunidad.

Críticas entre el PSOE

Esto genera críticas entre la oposición. La misiva que firma Morales con la diputada socialista Cristina González resalta que la medida supone un avance para las víctimas y cumple con los requerimientos del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado contra la violencia de género. “No es de recibo, por tanto, que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid haya votado en contra de este procedimiento y del compromiso que todos los partidos en el Congreso de los Diputados, a excepción de VOX, alcanzaron en la renovación del Pacto de Estado”, recoge la carta.

Las políticas tachan de inaceptable que el Ejecutivo autonómico no haya remitido al Ministerio de Igualdad la relación de órganos, organismos y servicios que emitirán los informes de valoración y acreditarán que las víctimas lo son. “Esta dejación intencionada provoca la incertidumbre total en los ayuntamientos, entidades y, muy especialmente, en las víctimas de violencia sexual. No pueden quedar excluidas y en esta situación de vulnerabilidad”, señala el escrito.

También se muestra preocupada la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa Romero: “El sectarismo ideológico de la señora Ayuso nos lleva al abandono institucional y a la desprotección de las mujeres madrileñas. Madrid de nuevo rompe el consenso entre los partidos políticos, incluido el suyo”, expresa.

Recuerda que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 señala que el 14,5% de las ciudadanas ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida y pide al Gobierno de Ayuso que rectifique. La misma demanda hace la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández Barroso, también del PSOE: “Somos la única comunidad que no ha enviado la información. Las víctimas de Madrid no pueden quedar excluidas ni desprotegidas en una situación de especial vulnerabilidad”.