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La Comisión Europea proyecta triplicar el precio del agua para los agricultores

La propuesta de directiva quiere repercutir los costes en los usuarios

Si los agricultores españoles no tenían bastante con la reforma del mercado del aceite, otra amenaza de más calado se les viene encima: la del agua. La Comisión Europea ya ha distribuido a los Estados miembros una propuesta de directiva para fijar la política comunitaria de aguas. En ella se dice que para dentro de doce años, "a más tardar" los Estados miembros deberán comprometerse a que todos los costes del agua se hayan repercutido en todos los usuarios, incluidos los regantes (900.000 en España). Muchos de ellos sobreviven de cultivos asistidos por regadío. Pagan una media de dos pesetas el metro cúbico, pero con la directiva ese precio se multiplicaría por tres, y hasta por 10 si se aplica literalmente.

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Un terremoto no habría causado el desasosiego que ha sembrado entre los usuarios españoles el contenido de una propuesta de directiva europea sobre política del agua. El documento no aborda la gestión de este recurso como lo haría un plan de cuenca fluvial o el plan hidrológico nacional. Lo hace desde el punto de vista medioambiental. "Como el control cuantitativo es un factor de garantía de una buena calidad, deben, por consiguiente, establecerse medidas cuantitativas subordinadas al objetivo de garantizar una buena calidad", dice en uno de sus primeros considerandos.Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 1995 dio pie a que la Comisión tuviera lista la propuesta a finales de noviembre pasado. Su redacción destila una visión centroeuropeísta, marcada por el protagonismo de las aguas subterráneas, que nunca suelen faltar aunque estén contaminadas.

En los 37 considerandos que preceden a su articulado asume las cuencas fluviales -una aportación de España a la cultura del agua- como ámbitos geográficos idóneos para gestionar este recurso "renovable" que requiere medidas protectoras en el marco de una "estable planificación a largo plazo".

El proyecto de directiva se dirige hacia la protección de las fuentes naturales de cualquier contaminación de modo que se pueda usar o beber el agua sin ningún tratamiento preventivo, además de servir a los ecosistemas. Es decir,. que a partir de 2010 un bilbaíno beba agua del Nervión, un barcelonés del Besós o un madrileño del Manzanares. Si lo hicieran ahora se envenenarían.

Mucho habrá que hacer para alcanzar esa meta. Según manifestó Antonio Alcaraz, ponente del Ministerio de Medio Ambiente en un encuentro sobre la repercusión de esta directiva en España organizado por el Foro del Agua, sólo las infraestructuras de depuración y saneamiento costarán 600.000 millones de pesetas anuales durante un periodo de entre cinco y veinte años. No se contabilizan los gastos de gestión, que pueden añadir varias decenas de miles de millones, también anuales, para extender estos servicios a las pequeñas poblaciones.

La directiva propone unos niveles de exigencia capaces de colapsar las administraciones públicas, como el control anual sistemático en toda la Unión Europea del estado del medio ambiente hídrico, así como la presentación de planes actualizados y precisos, con sus respectivos programas, sobre la calidad del agua potable, la vida de los peces...

El punto clave en lo que afecta a España es el artículo 12, titulado Tarificación del uso del agua: "En el 2010, a más tardar, los Estados miembros garantizarán la recuperación íntegra de todos los costes de los servicios correspondientes al uso del agua, en general y por sectores económicos, desglosándolos al menos en hogares, industria y agricultura".

Las únicas excepciones son: "permitir un nivel básico de uso doméstico a un precio asequible; subvencionar proyectos de infraestructura financiados por la UE con fines ambientales y tener en cuenta la situación geográfica o climática de una región que pueda acogerse a fondos estructurales".

¿Quién pagaría Tous?

En el debate del Foro del Agua, celebrado el pasado día 4 en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, alguien preguntó: "¿Cómo se va a computar el coste de los 1.200 embalses que España ha construido desde los romanos para poder beber agua en agosto? o ¿a quién se le va a pasar la factura de la nueva presa de Tous (9 muertos y 32.000 damnificados por la rotura de la antigua) para que no vuelva a romperla una súbita inundación de las que periódicamente arrasan el este, el sur, el centro o el norte del país?". Nadie respondió a esa interrogante formulada en voz alta para que se oiga en Bruselas.Para Andrés del Campo, presidente de la Confederación Nacional de Regantes, el proyecto de directiva parece un documento ideado por los agricultores centroeuropeos para deshacerse de sus competidores españoles, que consumen el 80% del agua española: "Si se aplican los precios tal como sugiere, un tercio de los regantes se queda sin trabajo". Del Campo apoyó este cálculo con el avance de un estudio elaborado por las universidades de Córdoba y Valladolid y un grupo de empresas de Sevilla, según el cual los agricultores reaccionan con escasa elasticidad ante pequeñas subidas del precio. Pero a partir de un punto, abandonan los cultivos.

Del Campo cree que todos los regadíos de las zonas altas, Navarra y Aragón en el Ebro, Duero, los del Tajo y otros del Guadiana y Guadalquivir desaparecerían. Los 900.000 regantes actuales en activo se quedarían en un tercio.

Entre el centenar largo de asistentes al debate se extendió la convicción de que España no puede cruzarse de brazos ante esta directiva (97/0067) que podría aprobarse en un año. Se ha perdido tiempo con el cambio de Gobierno; pero, lejos de proponer movilizaciones ecologistas, abogados y expertos en hidrología se mostraron de acuerdo en que el lugar para cambiarla es Bruselas. Creen que en los grupos de trabajo es donde debe convencerse a los europeos del Norte de que los problemas de agua en un país semiárido como España poco tienen que ver con los suyos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de febrero de 1998