Ahorro ficticio

EL GOBIERNO ha hecho saber a las comunidades autónomas su intención de excluir 500 nuevos fármacos de la financiación de la Seguridad Social con el fin de contribuir al ahorro de unos 60.000 millones de pesetas, que se destinarían, según sus planes, a completar los 165.000 millones adicionales que necesita la sanidad pública para el año próximo. Este medicamentazo -término que acuñó demagógicamente el PP desde la oposición para definir la decisión del Gobierno socialista en 1993 de excluir varios fármacos de la financiación pública- ha aunado críticas políticas y empresariales. La última es la amenaza de Farmaindustria, la patronal de laboratorios, de eliminar unilateralmente la rebaja en el 3% del precio de los medicamentos pactada hace dos años con el Ejecutivo socialista.Como el Gobierno ha abusado del reprobable método del globo sonda para tantear posiciones políticas y ciudadanas en cuestiones de carácter conflictivo, sería deseable que el ministro de Sanidad confirmase que, efectivamente, la exclusión de medicamentos de la financiación pública forma parte de sus planes para cubrir el déficit sanitario. Si tal confirmación se produce, la primera reflexión es automática: el PP, una vez instalado en el Gobierno, intenta aplicar los mismos procedimientos de ahorro del gasto que insolidariamente criticó.

El recurso al medicamentazo es una prueba más del caos en el que está sumida la política sanitaria española. Primero, no parece razonable que se manejen cantidades concretas de ahorro sin saber qué medicamentos se van a sustraer de la Seguridad Social y con qué criterios se ha elaborado esa lista. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Y en segundo lugar, el ahorro en el gasto de medicamentos no implica una financiación adicional para la sanidad en 1998, que es lo que realmente necesita el sistema sanitario, según la declaración del propio Gobierno.

La política de reducción del gasto en medicamentos, como demuestran las experiencias pasadas, es compleja y no siempre da los resultados apetecidos, porque la exclusión de fármacos suele favorecer el desplazamiento del gasto hacia otros productos farmacéuticos, a veces incluso más caros, lo que, lejos de generar ahorro, aumenta el gasto. Así sucedió en el medicamentazo de 1993, que pretendía ahorrar 60.000 millones y produjo en realidad un crecimiento del gasto de 5 1.000 millones. El recurso a subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco para cubrir el resto de la financiación adicional resulta muy fácil, pero es un nuevo incumplimiento del programa electoral y acaba pagándose en inflación.

Incluso en el caso de que el ministro de Sanidad consiga los 165.000 millones que pretende, tampoco está clara la distribución de esa financiación adicional entre las comunidades autónomas. Otro motivo de grave enfrentamiento. Con medicamentazo o sin él, el problema principal de la política sanitaria española es la extrema confusión sobre sus objetivos, su financiación y sus cuentas. Antes de excluir medicamentos de la Seguridad Social, el ministro de Sanidad debería explicar algo tan elemental como su presupuesto para el año próximo, que todavía es un presupuesto a cuenta de unas medidas imprecisas y de una financiación no confirmada.