Un emisario de Pinochet comparece ante el juez García Castellón para proteger al dictador

El auditor general del Ejército chileno, Fernando Torres Silva, brazo derecho del general Pinochet durante la dictadura, compareció el pasado 3 de octubre ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Manuel García Castellón, y que instruye una causa por genocidio y terrorismo contra la Junta militar chilena. El general en activo compareció voluntariamente, sin ser citado, con la presunta intención de clausurar la instrucción que sigue el magistrado español, cuya investigación preocupa en la cúpula militar chilena.

Una providencia enviada por el juez García Castellón, con fecha del 15 de octubre de 1997, da cuenta a las partes de la comparecencia ante la Audiencia Nacional del general Fernando Torres Silva, que fue fiscal general del Ejército durante la dictadura. Medios jurídicos no ocultaban ayer la trascendencia del paso dado por Pinochet, quien sin duda está detrás de la visita de Torres Silva a España. El estampar su firma en el expediente judicial significa que el Estado chileno se da por notificado formalmente de la existencia de este procedimiento judicial, al haber comparecido uno de los más altos representantes en activo del Ejército.En otras palabras, lo que pudo plantearse como un intento de condicionar la independencia de la Justicia española, podría tener importantes consecuencias jurídicas futuras para los patrocinadores de tal idea, añaden dichas fuentes. Hasta ahora, tanto el Gobierno como los jefes de las Fuerzas Armadas de Chile han descalificado el proceso del juez García Castellón, por considerar que la Justicia española no es competente para investigar actos de terrorismo y crímenes masivos de los que fueron víctimas ciudadanos españolas y otras nacionalidades, cometidos por funcionarios del Estado de Chile dentro y fuera de sus fronteras.

La presencia del auditor general del Ejército chileno en la Audiencia Nacional adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta que él la ha negado públicamente. El diario El Mercurio de Santiago publicó el jueves el desmentido de Torres Silva. "Estuve en España, pero no he tenido acceso a ningún proceso", declaró. Y añade el periódico: "Según manifestó, su visita al país europeo tuvo carácter personal, puesto que la hizo en uso de sus días administrativos. 'No he tenido antecedentes sobre cómo se sigue ese juicio, salvo lo que sale aquí en la prensa, que es bastante poco', aseguró". La visita a España del general Torres Silva coincidió con la que realizó recientemente el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, Hugo Anzorreguy, según ha podido confirmar este diario en Buenos Aires. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga en otra causa por genocidio y terrorismo durante la dictadura militar argentina la desaparición de varios cientos de ciudadanos españoles.

La presencia de Anzorreguy en Madrid estuvo directamente relacionada con esta instrucción y con el reciente auto de prisión dictado por Garzón contra el antiguo capitán de corbeta Adolfo Sicilingo, que confesó su participación directa en los llamados vuelos de la muerte, en los que desaparecieron 4.400 ciudadanos arrojados al mar desde aviones militares a gran altura. El juez español emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra diez antiguos jefes de la Armada, con su ex comandante en jefe Emilio Eduardo Massera, como responsables de delitos de genocidio y terrorismo.

Contra esta resolución recurrió ayer el fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, por estimar que la Justicia española no es competente para dilucidar sobre delitos que ya fueron juzgados en Argentina por las leyes de Punto Final. Representantes de organismos defensores de los derechos humanos en Argentina han hecho un llamamiento al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y al fiscal Rubira en el que expresan su repulsa por el recurso.

Anzorreguy, cuya visita a España ha estado rodeada del máximo sigilo, mantiene estrechas relaciones personales con el presidente José María Aznar, con quien se fotografió ante el Palacio de la Moncloa en mayo de 1966, una semana después de la toma de posesión del jefe del Ejecutivo español.

Por otra parte, el juez Garzón ha citado a declarar el martes a Emilio Mignone, Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires, y a Elsa Eva Villaflor, hija de desaparecidos españoles.