Argentina lanza bonos por medio billón para indemnizar a las familias de los desaparecidos

Argentina emitirá bonos del Estado por 3.000 millones de dólares (medio billón de pesetas) para indemnizar a familiares de los desaparecidos en las cárceles clandestinas de la última dictadura militar (1976-1983). La medida cuenta con el rechazo de la presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y de quienes reclaman igual trato para "las víctimas del terrorismo de izquierdas". Bonafini denunció en diciembre: "Cobrar es una forma de prostituirse. Vida vale vida, y quienes aceptan esta compensación están vendiendo la sangre de los desaparecidos".

Según el secretario de Hacienda, Pablo Guidotti, el impacto del pago en las cuentas públicas es macroeconómico y no fiscal al efectuarse en títulos. La nueva emisión figurará en los presupuestos de 1998, y en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Allegados de unos 7.500 desaparecidos han cumplimentado los formularios de resarcimiento enviados en su día por la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dirigida por Alicia Pierini, y en el curso de los dos próximos meses comenzará el pago, a razón de 220.000 pesos nominales (el peso cotiza en paridad con el dólar) para cada una de las personas cuyas solicitudes fueron aprobadas. De acuerdo con un cálculo de la oficina de Pierini, parientes de aproximadamente 15.000 desaparecidos y muertos, víctimas todos del salvaje terrorismo castrense, podrán recibir los beneficios, cuya reclamación vence en el 2000. Cifras oficiales sitúan en 10.000 las personas asesinadas en los centros de detención clandestinos de las tres armas, principalmente en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuyos cuerpos no han sido encontrados. Los grupos de derechos humanos aumentan esa relación a 30.000.

Dirigentes de estos organismos precisan que la aceptación de las políticas de reparación económicas dispuestas por el Gobierno, e impulsadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) no significa olvidar la exigencia de verdad y justicia. En ese sentido, y pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Raúl Alfonsín (1976-1983), que exculparon personalmente a los ejecutores de la represión, y el posterior indulto del presidente Carlos Menem a los comandantes, la justicia busca resquicios para actuar contra los verdugos. El juez federal Adolfo Bagnasco citó a declarar a un vicecomodoro y a un mayor de la Fuerza Aérea para averiguar si los vuelos realizados en los últimos meses de la dictadura trasladaban a Europa documentación sobre desaparecidos. Bagnasco recibió del juez español Baltasar Garzón copia de la declaración de un policía de apellido Giordano sobre el robo de unos 200 menores, muchos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

Las peculiaridades de la nueva serie de Bonos de Consolidación (BOCON), que deberá hacer frente a los pagos comprometidos por la ley de indemnizaciones promulgada en diciembre de 1994, vienen recogidas en un decreto presidencial. Entre 1991 y 1992, el Ejecutivo había recurrido a los BOCON para saldar las deudas de Estado con los jubilados.

Las otras víctimas

El resarcimiento económico disgustó al periodista Daniel Hadad, propietario de la radio FM News. "Me preguntó si a las víctimas del terrorismo de izquierda las van a indemnizar también porque acá hubo mucha gente, hay muchos familiares de policías, de hombres de la gendarmería, el Ejército la Marina, la Fuerza Aérea que también fueron víctimas del terrorismo. ¿Hay alguna ley para indemnizarlos?" Le respondió Alicia Pierini. "Son dos cosas distintas. El Estado indemniza a las víctimas que ocasiona, y el terrorismo de Estado no tiene nada que ver con esto que usted está diciendo. Además, las otras víctimas, las que pertenecen a las Fuerzas Armadas o de seguridad, ya han cobrado por las propias leyes de las Fuerzas Armadas de seguridad".

La singular secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, también se manifestó contraria al BOCON y, embargada por una repentina preocupación social, lamentó su desembolso. "Si vamos a pagar la deuda que el Congreso nos ha dicho que paguemos, esta deuda que ellos han decidido que se tiene con un determinado grupo del país, va a haber menos recursos para repartir entre el resto". Resuelta, la alta funcionaria, hija de Álvaro Alsogaray, quizá el político nacional de mayor arraigo reaccionario, instó "a la gente" a que pida a Menem que el dinero de las indemnizaciones sea destinado al "aumento de los sueldos".