El Gobierno aplicara un impuesto ambiental de 5.000 pesetas por cada coche dado de baja

El Gobierno aplicará el próximo año tributos finalistas ambientales, según recoge el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 1998 que ha sido remitida a la CEOE para que la informe. Con estos tributos, denominados "impuestos sobre residuos eliminados" se financiará un Fondo Ambiental de Residuos o Actividades Medioambientales. La noticia -5.000 pesetas por cada coche dado de baja y mil por cada tonelada de escombros- ha caído como una bomba entre en todos los sectores asociados a la generación de residuos.

En un coloquio organizado ayer por el Club Español de los Residuos, varios representantes de estos sectores acorralaron al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, el diputado del PP por Lleida, Jose Ignacio Llorens Torres, quien puso en juego su paciencia y su experiencia política para salir ileso de la contienda. "Nos han engañado, los políticos no sirven para nada. Cuando tratan de asuntos que les afecta lo resuelven enseguida, no así los de la ciudadanía",. eran algunas de las más suaves reprimendas que tuvo que oír LLorens, mientras se excusaba ante el cerco de incriminantes, de que él no era el Gobierno.La ira de los fabricantes de coches, siderúrgicos, recicladores... deriva de dos años de conversaciones y consensos que a la postre se los ha llevado el viento.

Durante la administración socialista representantes de todos estos sectores mantuvieron largas reuniones con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para perfilar un marco jurídico que regulara el reciclado de residuos. El acuerdo no fraguó por la anticipación de las elecciones y la llegada al poder del Partido Popular.

A pesar de ello, los mismos sectores reanudaron las conversaciones con la nueva administración -incluso los mismos funcionarios-, hasta perfilar el anteproyecto de ley de residuos que será remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a las Cortes, cuando se reanude la actividad parlamentaria.

Abandono en la calle

"Inicialmente habían introducido un impuesto pero llegamos a un acuerdo para retirarlo. Toda la industria de la siderurgia y el automóvil, concesionarios, del caucho, la Dirección General de Tráfico, los de desguace... convinimos en que había que simplificar las bajas, incentivando la entrega de Vehículos Fuera de Uso (VFU) a instalaciones con certificado de depósito, para evitar que sus propietarios los abandonen en las calles (hay que pagar una tasa municipal y darlos de baja ante Tráfico)", dice un portavoz de la Federación Española de la Recuperación (FER).La última reunión se celebró el 26 de mayo. Todo estaba acordado, según las mismas fuentes. Incluso se montó una planta piloto de reciclado de automóviles en Mejorada del Campo (Madrid) para demostrar que el proceso era rentable, sin necesidad de cargas para financiarlo.

Estaba pactado... hasta que la CEOE les remitió el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los Presupuestos) para el año 1998, donde aparecen por primera vez tres capítulos referidos a impuestos finalistas medioambientales.

Bajo la mención de impuesto sobre residuos eliminados, se aplican 5.000 pesetas por cada vehículo, dado de baja, seguida de una escala de mayor a menor gravamen, como; 3.000 pesetas por cada tonelada de neumáticos, 1.000 pesetas por cada tonelda de vertido inerte, 5.000 si es tóxico, 1.000 por los escombros y otros hasta el impuesto más bajo que corresponde a los residuos agrícolas con 200 pesetas la tonelada. Los aceites tienen gravámenes similares.

Desconfianza

Estos impuestos pasarán a engrosar un Fondo Ambiental de Residuos o bien servirán para la financiación de actividades medioambientales. Los presidentes de la FER, Miguel Angel Lajo, de los Siderúrgicos Independientes Asociados (SIDERINSA), Javier Penacho y el director de ANFAC, Carlos Mataix se sienten traicionados por la administración. Desconfían de la eficacia del Fondo Ambiental. Creen que generará más burocracia para distribuirlo por las autonomías y dan por perdidos dos años de negociaciones.