Los negociadores de EE UU y la UE alcanzan un pacto para desactivar su litigio sobre Cuba
El embajador norteamericano Stuart Eizenstat y el comisario europeo Leon Brittan, encargados de buscar una solución al litigio que enfrenta a EE UU y la Unión Europea (UE) por la ley Helms-Burton, que castiga a los inversores en Cuba, alcanzaron ayer un principio de acuerdo para desactivarlo. La propuesta, que la UE debatirá el lunes, comprometería a Washington a enmendar partes de la ley y congelar otras, a cambio de que Bruselas suspendiese el proceso iniciado contra EE UU en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Varios países europeos expresaron anoche recelos sobre el acuerdo.
El proyecto de acuerdo (un memorandum of understanding, algo así como un protocolo de intenciones) fue calificado anoche de "excelente" y de "gran victoria europea" por fuentes próximas a Brittan. Pero varios países de la Unión Europea -entre ellos Bélgica, Italia, Francia y España-, expresaron anoche reticencias jurídicas y recelos técnicos, en distinto grado, sobre "las vaguedades" que contiene y sobre las garantías de los compromisos norteamericanos. Alemania fue el más entusiasta. Un diplomático habló de "bajada de pantalones".Al proyecto de acuerdo se ha llegado por la combinación de dos debilidades. Por un lado, el negociador europeo ha llegado a la convicción de que el presidente Bill Clinton no logrará nunca el apoyo del Congreso, con mayoría republicana, para la completa derogación de la Helms-Burton. Por otra, la Administración demócrata teme dinamitar a la OMC, la gran plataforma del libre comercio mundial. Daría así argumentos a los extremistas aislacionistas si, en ausencia de una solución pactada, ella misma se ve forzada a ponerse en rebeldía contra Ginebra, acogiéndose a la excepción de la "seguridad nacional", lo que tenía previsto para la próxima semana. Pero sabe que, al final, tiene muchas probabilidades de perder el proceso.
Así, el texto -pendiente de discusión y en su caso, ratificación de los patrones de ambos negociadores-, contiene dos grandes compromisos prácticos por banda, como se recoge literalmente en la información adjunta. El Gobierno estadounidense promete suspender indefinidamente el título tercero de la ley Helms-Burton, el que permite a ciudadanos norteamericanos pleitear ante sus tribunales internos contra las empresas de terceros países que comercien, inviertan o "trafiquen" con bienes nacionalizados por el régimen de Fidel Castro. A cambio de que la UE prosiga su esfuerzo para promover la democratización de la isla. El juez de esta contrapartida sería el propio presidente norteamericano.
El segundo compromiso del Gobierno de Estados Unidos es obtener que su Congreso acepte introducir una enmienda al título cuarto de la ley, por el que la Administración debe perseguir las actividades de los empresarios extranjeros afectados por la norma, por ejemplo, retirándoles el visado.
Este compromiso tiene dos puntos débiles. Uno es que mientras no se logre la enmienda, la Administración norteamericana podrá seguir persiguiendo a los europeos. El otro punto débil radica en que "las garantías de que el Congreso lo acepte son discutibles", según un diplomático europeo. Marc Thiessen, portavoz del senador Jesse Helms -coautor de la polémica ley- declaró ayer a The Washington Post que daba la "bienvenida" a algún tipo de pacto, pero más tímido que el finalmente alcanzado.
A cambio, la UE se comprometería a "suspender" el procedimiento abierto por la OMC, aunque se reservaría el derecho a reanudarlo o interponer nuevo recurso si la otra parte incumpliese lo acordado, y persiguiera a los empresarios europeos. Además, debería disuadir a los empresarios europeos de realizar en el futuro nuevas inversiones en Cuba relacionadas con bienes nacionalizados. Pese a lo complejo de la redacción del texto, parece que este compromiso sólo regiría como consecuencia de una serie de pactos de desarrollo común de "disciplinas y principios" derivados del Acuerdo Multilateral de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Complementariamente, Washington reconoce la buena impresión que le ha causado la fulminante reacción de la UE tras la condena dictada por el Tribunal Superior de Berlín contra las autoridades iraníes por autoría moral de actos terroristas. Ofrece, en consecuencia, una salida, pero bastante ambigua, para una futura derogación parcial de la ley D'Amato-Kennedy, que penaliza las inversiones de otros países en Irán y Libia.
Tras el primer examen de urgencia realizado anoche por técnicos de los Quince el texto se someterá el lunes a debate en el Coreper -los representantes permanentes de los socios ante la Unión, a nivel de embajadores-, en una reunión especial monográfica. En principio, cualquier acuerdo debe ser alcanzado por unanimidad, pues afecta a competencias intergubernamentales, como las inversiones y la política exterior.
