Mas Canosa cree que las inversiones españolas no ayudan al pueblo cubano

El presidente de la Fundación Cubano Americana, Jorge Mas Canosa, confía en que José María Aznar, si gana las elecciones mañana, cambie la política hacia Cuba para evitar nuevas inversiones españolas en la isla, que, según él, "no ayudan al pueblo cubano, sino que sirven a Fidel Castro para mantener su maquinaria de represión". Jorge Mas, que es el principal impulsor de la ley que refuerza el embargo norteamericano a Cuba y que dirige la organización mayoritaria del exilio, considera que la posición de Aznar puede ser clave para decidir la actitud de la Unión Europea hacia Castro.Jorge Mas viajará hoy a Madrid para tratar de influir en el partido vencedor, para que se comprometa con una política diferente respecto a Cuba. "No esperamos que Aznar rompa relaciones con Cuba ni prohíba las inversiones españolas", dijo Mas. "Lo que queremos es que introduzca un elemento moral en la política española hacia Castro".

En opinión del presidente de la Fundación Cubano Americana, las inversiones españolas en Cuba "están traficando con propiedades robadas y están estableciendo una forma de apartheid económico en la isla, porque los cubanos no tienen acceso a los beneficios de esas inversiones". "Nosotros queremos a España y somos conscientes de que España no son esos veinte empresarios que van a Cuba a acostarse con jineteras [prostitutas, en el lenguaje popular] y a explotar al obrero cubano", afirma.

Jorge Mas cree que, con la política desarrollada hasta ahora, "Felipe González ha estado soñando con una solución imposible". Y añade: "González se creyó capaz de convertir a un criminal en un estadista. Nunca puso los pies sobre la tierra, y le ha hecho un gran daño a Cuba". Mas considera que "la política de Aznar es más consecuente con la promoción de un Gobierno democrático en Cuba". Eso es relevante, según él, "porque la política de la Unión Europea hacia Cuba pasa por Madrid".El sector más duroJorge Mas, que representa el sector duro del exilio, ha dirigido un poderoso lobby en Washington en favor de la ley Helms-Burton, sobre la que el presidente Bill Clinton y el Congreso norteamericano llegaron a un acuerdo esta semana que permitirá su aprobación en los próximos días. Esa ley establece la posibilidad de que ciudadanos norteamericanos presenten demandas ante tribunales estadounidenses contra inversores de otros países que negocien con propiedades expropiadas por el Gobierno de Fidel Castro.

Los expertos han calculado que esta nueva ley podría dar lugar a entre 300.000 y 400.000 denuncias de ciudadanos norteamericanos y cubano-norteamericanos que consideren que el Gobierno cubano está traficando con sus propiedades. Entre ellos, podrían querellarse firmas tan poderosas como Coca-Cola, Chase Manhattan o Hilton, que eran dueños de negocios expropiados por La Habana después de la revolución.

La Unión Europea, que ayer anuncio su oposición a nuevas sanciones contra Cuba en represalia por el derribo de las avionetas, y Canadá efectuarán gestiones la próxima semana en Washington para evitar que la nueva ley perjudique a sus ciudadanos que han invertido o tienen previsto invertir en la isla.