El gasto público supera en dos billones lo previsto

El gasto público de este año superará en más de dos billones de pesetas la cantidad prevista en los presupuestos del Estado, fijada en 14,8 billones. La partida que registrará un desvío más fuerte es la correspondiente a las prestaciones del seguro de desempleo, que ascenderán a unos 2,5 billones de pesetas, según datos la los que tuvo acceso EL PAÍS. Ello supone casi 800.000 millones de pesetas más que la cifra presupuestada para este ejercicio -que era de 1,737 billones' de pesetas-, según las cifras que estudia el Gobierno en la preparación de las medidas de ajuste.Esta impresionante desviación de los gastos por prestaciones a los desempleados se produce por la incorporación en las cuentas de este año de dos créditos extraordinarios por valor global de unos 450.000 millones de pesetas. Estos fondos pretenden saldar los déficits generados en los ejercicios de 1991 y 1992. Además, durante el presente ejercicio de 1993 se producirá una nueva desviación de otros 300.000 millones de pesetas por encima de lo presupuestado, según las últimas estimaciones de Hacienda, y que ya fueron anticipadas el pasado mes por el director general del Instituto Nacional de Empleo, Ramón Salabert.

Al margen de las desviaciones provocadas por el disparo de las prestaciones por desempleo, otros gastos como Sanidad, las indemnizaciones por la ruptura de la presa de Tous, el contrato programa de Televisión Española, y otros gastos extraordinarios no previstos son la causa de este disparo del gasto público.

Techos financieros

Aunque buena parte del agujero del Inem del presente año se ha generado por la caída del empleo -lo que ha reducido los ingresos por cotizaciones en un 10%, en relación a 1992-, otro factor decisivo fue la escasa presupuestación. En efecto, el Inem estimó en 1,733 billones de pesetas las necesidades para subsidio por desempleo para el presente ejercicio, una cifra inferior en 150.000 millones al gasto efectivo de 1991Para los presupuestos de 1994, Economía baraja la cifra de 2,03 billones de pesetas, una cantidad próxima al gasto directamente atribuible al actual ejercicio y que se acercará a 2,1 billones de pesetas. El Gobierno ya ha comunicado a los agentes sociales su propósito de negociar estas partidas de gasto introduciendo un nuevo concepto: los "techos financieros".

Se trata de acordar con sindicatos y empresarios la cuantía máxima de recursos que puede asignarse razonablemente a cada partida de gasto social, y luego aplicar las reformas legales necesarias para alcanzar los objetivos fijados, así como los mecanismos de control para evitar nuevas desviaciones.

Entre las reformas del seguro de paro que estudia el Gobierno y que ha presentado a los interlocutores sociales hay que destacar la propuesta de someter las prestaciones por desempleo al impuesto sobre la renta de las persona físicas (IRPF), al igual que las demás rentas. Esta medida -q4e fue defendida por Izquierda Unida en la última campaña electoral- tropieza con la jurisprudencia de los tribunales españoles que, en reiteradas ocasiones, han fallado en contra de que estas prestaciones sufran retenciones fiscales.

Diversos estudios han puesto de relieve el trato discriminatorio que supone esta situación a favor de los parados con subsidio. Así, para bajos niveles de ingresos, resulta que la renta neta disponible de un trabajador en activo sometido a retenciones al IRPF: es inferior a la de un parado con un subsidio equivalente al salario bruto de aquél.

Las restantes reformas previstas, y que afectan a las prestaciones por desempleo, pretenden eliminar del acceso al derecho a quienes estén recibiendo una indemnización por pérdida de empleo, así como garantizar la disposición de los beneficiarios a trabajar. El Gobierno creará una unidad de lucha contra el fraude, tanto en cotizaciones -economía sumergida y connivencia de trabajadores con empresarios- como en las prestaciones.