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Tribuna:SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA CON GUINEA ECUATORIAL
Tribuna
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Un Estado-policía

JOSUNE AGUINAGA

La marcha de los acontecimientos en Guinea Ecuatorial pone de manifiesto una y otra vez la falta de voluntad democrática del régimen de Obiang. Si bien es cierto que en las últimas semanas han sido legalizados seis partidos de la oposición, también es cierto que ni son todos los que forman la Plataforma de Oposición Conjunta ni la legalización ha supuesto el cese de las arbitrariedades represivas. Convocados a una reunión por el Gobierno, invitación que declinaron en defensa de las tesis democráticas, uno de los seis partidos legalizados señalaba, por ejemplo, que sus responsables no participarían, "entre otras razones, porque tales responsables están encerrados y maltratados en Black Beach". La persecución y encarcelamiento de militantes de la oposición continúa, mostrando la resistencia de Obiang a abandonar las prácticas autoritarias que han caracterizado su dictadura.Instaurada en 1979, año en que Obiang derrocó a su tío Macías, el documento elaborado a fines de 1991 por el experto enviado por la ONU para informar a la Comisión de Derechos Humanos la definió como "Estado-policía, apoyado en el Ejército y controlado personalmente por la figura del presidente de la república, que es omnipresente y omnímodo". Los arrestos caprichosos, apaleamientos, la intimidación, los encarcelamientos sin ningún respeto a los procedimientos, son moneda corriente y se sirven de las labores de una red de delatores al servicio del Gobierno. Los tribunales son sumisos al poder político, siendo el presidente el primer magistrado. No existe libertad de opinión y expresión, siendo -reprimido aún hoy todo intento de crear medios de difusión de la información distintos a la prensa, radio y televisión sostenidas técnicamente por la cooperación española y utilizados en régimen de monopolio por el Gobierno. No existen libertades sindicales.

Disposición adicional

La nueva ley fundamental, proclamada a finales de 1991 en un referéndum antidemocrático, es juzgada como todavía menos democrática que la de 1982. Es la ley que contiene la famosa disposición adicional según la que "el presidente de la república, Obiang Nguema Mbasogo, no podrá ser perseguido, juzgado, ni declarar como testigo, antes, durante y después de. su mandato". Es en el marco establecido por esta ley que los escasos partidos políticos acogidos a la "autorización provisional" han sufrido persecución.

En lo económico, el país está sumido en un subdesarrollo, extremo. Mientras Guinea es un país relativamente rico en recursos naturales (cacao, café, madera, algo de petróleo...), y desde luego no peor dotado que el resto de países del área (Gabón, Camerún ... ), la ineptitud y corrupción que caracterizan a la Administración han destruido toda posibilidad de desarrollo de la actividad económica independiente. Una agricultura de subsistencia, las actividades de varias compañías madereras que expolian la riqueza forestal con la complacencia y beneficio del Gobierno, y un oscuro contrato con una empresa norteamericana para la extracción del petróleo, constituyen lo fundamental de, la realidad económica del país. Mientras tanto, con una deuda externa superior a cualquier cálculo del producto interior bruto (PIB), el Gobierno sigue incurriendo en déficit presupuestarios para los que anualmente intenta conseguir financiación internacional. Ninguno de los gastos en que incurre tiene, sin embargo, consecuencias sociales visibles.

El sistema de enseñanza está en una situación lamentable, y los pocos que consiguen acceder a los escalones superiores carecen de perspectivas en el país. El desastre sanitario queda claramente reflejado en el hecho de que Guinea es uno de los países del mundo con una menor esperanza de vida. No hay prácticamente más infraestructuras que las heredadas de la época colonial. o de la etapa de Macías, en vías de grave deterioro, o las mantenidas por la cooperación internacional.

España tiene frente a Guinea tres tipos de responsabilidades. En primer lugar, una responsabilidad histórica, puesto que fue el país colonizador. En segundo lugar, una responsabilidad cultural, ya que se trata de un país hispanohablante, con una fuerte influencia cultural española, en el que muchos toman a España como el país de referencia para construir un futuro democrático y desarrollado. En tercer lugar, pero en ningún caso el menos importante, existe una responsabilidad política. Las últimas administraciones españolas han estado involucradas en la evolución política de Guinea sin demasiada fortuna.

Obiang gozó al principio del apoyo de la Administración española, y la evolución de su régimen sólo ha sido objeto, hasta el momento, de tímidas tomas de posición y suaves presiones. Y ello pese a que ha dado pruebas fehacientes de su falta de voluntad de cambio político, no sólo con hechos como los consignados más arriba, sino también con la propia actitud hostil mostrada hacia la labor de mediador extraordinario encargada a Suárez.

Felipe González, en su visita a Guinea a finales de 1991, delimitó lo que se supone una línea de acción política: el lado humanitario de la cooperación española no está en cuestión; cualquier otra cosa depende de la evolución del país hacia la democracia. Pero lo, sucedido desde entonces difícilmente puede considerarse como el desarrollo de este principio.

Vacilación y secretismo

En la práctica, los fondos de la cooperación española no sólo son utilizados, por ejemplo, para mantener la ayuda sanitaria o educativa, sino que también contribuyen a sostener los medios de prensa utilizados en exclusiva por el Gobierno de Obiang. Las tomas de posición y acciones diplomáticas parecen dominadas por la vacilación y envueltas en el secretismo. Sirvan como muestra la negativa al asilo de dos perseguidos en la Embajada, que contrastó con la actitud positiva de la Embajada estadounidense y un organismo de las Naciones Unidas; la formulación de protestas buscando la ausencia de toda publicidad, o la falta de iniciativa para aclarar la posición del socio comunitario francés y su diplomacia.

El momento actual exige una actuación más decidida por un futuro democrático de Guinea Ecuatorial, precondición para que pueda salir de su actual postración económica y social. Por una parte, es necesario que la Administración española se tome en serio el diseño de una política que actúe enérgicamente en favor de una transición democrática. Por otra, es preciso emprender una tarea de solidaridad moral y material con los que luchan por las libertades democráticas en unas condiciones particularmente difíciles.

Firman también este artículo Mariano Aguirre, Marta Bizcarrondo, Enrique González Duro, Jon Juaristi, Jordi Jaumandreu, Jaime Pastor, Nativel Preciado, Antonio Romero, M. A. Ruiz de Azúa, Javier Rupérez, Antonio G. Santesmases y Julio Segura.

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