La CE quiere imponer a España la supresión de la letra eñe en los ordenadores

La Comunidad Europea exige a España la anulación de tres reales decretos en los que se exige que las impresoras, teclados y pantallas de ordenador que se comercialicen en España tengan la letra eñe. El Ministerio de Industria, que ha negociado el tema con la CE, está de acuerdo en suprimir este "obstáculo a la libre circulación de mercancías", contrario al Tratado de la CE, pero los ministerios de Cultura y Sanidad y Consumo buscan fórmulas alternativas para asegurar la defensa del idioma en su integridad y proteger los intereses del usuario. Industria comunicó el pasado lunes a Cultura la exigencia comunitaria y este ministerio ha comenzado a movilizarse contra la medida. [El Ministerio de Industria reaccionó cuando se comenzó a ver el alcance de la protesta en la cultura española. Un portavoz aseguró ayer que el tema viene de hace meses y aunque es difícil mantener la eñe, "vamos a defender la permanencia de la eñe hasta el final, como gato panza arriba incluso, aunque haya que llegar a los tribunales comunitarios".]

La letra eñe se ha convertido desde hace tres años en un problema de Gobierno, pero la historia de este conflicto es tan vieja como la pertenencia de España a la CE. Los tres reales decretos (1.250, 1.251 y 2.297) denunciados por la Comisión Europea forman parte de la larga batería de normas defensivas que España introdujo a lo largo de 1985 para frenar en parte la invasión de productos comunitarios que se produjo desde el ingreso en la Comunidad, el 1 de enero de 1986.

Fue Joan Majó, entonces ministro de Industria, el que introdujo en tres reales decretos sobre normas de seguridad de los equipos informáticos la obligatoriedad de que éstos incluyeran la letra eñe. La especificación técnica iba dirigida a proteger la producción nacional y a la defensa de la lengua española.

Ninguno de los dos objetivos se ha conseguido, según manifestaron ayer fuentes de la Dirección General de Electrónica. "No existe producción española de estos equipos informáticos, y la gran mayoría de los teclados de ordenador e impresoras vendidos en nuestro país carecen de la letra eñe". Esta circunstancia ha permitido que la Comisión Europea haya prolongado las negociaciones.

Primeras protestas

Las primeras protestas de la Comunidad Europea surgieron por el retraso de España en la transposición al derecho nacional de la directiva comunitaria de 1973 sobre las normas de seguridad de los equipos de informática. Ante las presiones de Bruselas, el Gobierno aprobó en 1988 un decreto en este sentido.

Sin embargo, el 4 de julio de 1989, la Comisión Europea envió una queja oficial por la vigencía paralela de 13 decretos y numerosas órdenes ministeriales que mantenían obstáculos al principio sagrado de la libre competencia.

Los artículos 30 a 36 del Tratado de Roma garantizan que un producto legalmente fabricado en un país comunitario pueda ser comercializado en el resto.

El decreto 1.505, aprobado el pasado año, intentó zanjar el conflicto, pero entonces Joaquín Almunia, ministro de Administraciones Públicas, se opuso a que se derogaran los tres reales decretos de 1985.

Las negociaciones de representantes del Gobierno con la CE a causa de las trabas comerciales que aún mantiene España concluyeron el pasado mes de febrero con el compromiso de suprimir "lo antes posible" esos obstáculos. Para la Comunidad no es de recibo que una norma industrial se pueda utilizar para frenar la importación de un producto basándose en criterios culturales.

Hace unos días, una carta oficial del Ministerio de Administraciones Públicas a Industria daba cuenta de que este departamento abandonaba su oposición al tema y trasladaba las posibles soluciones al conflicto a Cultura y Consumo. La posibilidad que baraja España es una norma que favorezca la inclusión de la letra eñe en los teclados de ordenador como protección de los intereses del consumidor final. El problema es que si se convierte en una exigencia de carácter obligatorio se sancionaría nuevamente de .hecho el "obstáculo a la libre circulación de mercancías", que prohibe la CE.

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha estudiado, a través del subdirector general de Tecnología de la Información de las Comunicaciones, Manuel Lázaro, la unificación de un software para ser utilizado en todos los países de la Comunidad.