Los principales grupos ecologistas españoles se oponen al Plan de Desarrollo Regional cofinanciado por la CE

Los principales grupos ecologistas del país (Coda, Greenpeace, Adena y FAT) han informado al presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, de su total oposición al Plan de Desarrollo Regional de España (1989-1993). Los ecologistas afirman que este plan, destinado a favorecer las regiones más retrasadas del país y que prevé unas inversiones de 8,9 billones de pesetas, es netamente desarrollista y que causará al entorno un deterioro de gran magnitud.

España presentó ante la Comisión Europea el pasado mes de marzo un programa de actuaciones para aquellas regiones más desfavorecidas, entre ellas distintas zonas de Andalucía y de Murcia, y las comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Canarias, así como Ceuta y Melilla. Estas regiones según el objetivo número 1 del plan representan áreas que están por debajo del 75% de la renta media europea. La Comisión Europea, a través de los fondos estructurales comunitarios, ya ha concedido a España un total de 1,27 billones de pesetas para que se inviertan en las regiones más desfavorecidas. Esta cifra supone el 27% respecto a la inversión total prevista.A su vez, las autoridades españolas están en conversaciones con la Comisión Europea para tratar de obtener fondos con vistas a cubrir el objetivo número dos, que engloba a zonas de un relativo nivel de desarrollo, como Cantabria y el País Vasco, y áreas de Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña y Madrid. Según el subdirector general de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda, organismo que ha elaborado este Plan de Desarrollo Regional, España espera recibir en el plazo de un mes o dos una asignación de alrededor de 130.000 millones de pesetas para invertir en las comunidades citadas.

La federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza (Coda), Greenpeace, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adena) y la Federación de Amigos de la Tierra (FAT) se ha dirigido por carta a Felipe González para denunciar que entre las obras previstas en este plan "destacan por su agresión al medio ambiente la creación de varias líneas de tren de alta velocidad (TAV), las repoblaciones con eucaliptus en Galicia y en Andalucía, la promoción urbanística de la costa y de algunas zonas del interior, la apertura de un buen número de minas a cielo abierto, la construcción de 92 nuevas presas y la canalización de ríos, entre otras muchas".

Categorías de desarrollo

Según los ecologistas, la división regional de España por objetivos prioritarios, tal como está configurado este plan, presupone un desarrollo del país bien diferenciado. "Las previsiones para ciertas autonomías, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y parte de Aragón y Andalucía, hacen que estas regiones sean inevitablemente la fuente de materias primas que favorecerán el desarrollo económico de las regiones más favorecidas. Además supondrá un despoblamiento importante del medio rural, y va a traer consigo la desaparición de las actividades tradicionales que han permitido que amplias áreas de incalculable valor natural se hayan conservado hasta nuestros días".

Fuentes de Adena han señalado que las consecuencias de este plan deberían haberse discutido con expertos en temas medioambientales, y que, por esta razón, piensan crear un debate abierto sobre este asunto en todo el Estado. Por su parte, la Dirección General de Medio Ambiente, a través de un alto responsable, manifestó a este periódico cuando se le preguntó sobre las críticas de los ecologistas al plan que "la respuesta no puede ser parcial sobre los factores ambientales, sino sobre el propio plan. En cualquier caso, el interlocutor válido en este caso no es otro que la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía, que es la que ha elaborado el plan", precisó este interlocutor.

Gervasio Cordero, subdirector general de Planificación del Ministerio de Economía, comentó que el plan se hizo bajo los criterios marcados por los ministerios implicados y las administraciones autónomas a través del Consejo de Política Regional. Cordero asegura que se han hecho evaluaciones de impacto ambiental de las obras que se han planteado. "Desde el punto de vista de las carreteras, por ejemplo, sé que se han hecho estudios de impacto ambiental, pero no le podría decir si han sido afinados o no. Supongo que los responsables de esos estudios han contrastado los hechos, pero no podemos meternos con las distintas Administraciones sobre cómo han evaluado sus proyectos dentro de sus competencias".

Por su parte, el ecólogo Manuel Ruiz Pérez, asesor técnico de la Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE), señala que el Plan de Desarrollo Regional para España tiene tres puntos débiles: por un lado, la falta de incorporación del medio ambiente en el momento de su elaboración. "Además, creemos que ninguna de las organizaciones españolas con competencias en medio ambiente fue consultada". "Por otro lado, se le da un mayor peso específico a la infraestructura desde un punto de vista cuantitativo que cualitativo. Y, finalmente, se contempla un desarrollo basado en grandes núcleos urbanos, según el cual el plan de infraestructuras sería tan sólo un soporte físico para conectar esos núcleos de población. El territorio que queda en medio de esas ciudades parece que les importa muy poco a los gestores del este plan".