El Gobierno balear ha decidido no exigir los Miró que posee el Estado

MONTSERRAT CASALS El Departamento de Cultura del Gobierno balear ha decidido, no exigir al Ministerio de Cultura el retorno de las obras que la familia Miró donó al Estado en concepto de impuestos sucesorios. Su actitud contrasta con la que mantuvieron sus colegas del Departamento de Economía y Hacienda hasta mediados de 1987, mucho más beligerantes frente a unos bienes que consideraban suyos y sobre cuya negociación incluso pidieron un dictamen al Consejo de Estado.

Según declaró a este diario el director general del Departamento de Cultura, Jaume Martorell, "el Gobierno balear está dispuesto a negociar una exposición Miró, continua y rotatoria, de todas las obras de Joan Miró que posee el Estado. Si además, tal como ha dicho el subsecretario Miguel Satrústegui, resulta que no todas las piezas que posee el Estado se instalan en el Reina Sofia de Madrid y están dispuestos a cedernos alguna a Palma estaremos ampliamente satisfechos".Martorell añadió que las relaciones que mantiene su departamento con el ministerio son "actualmente muy positivas" y que, sobre la mencionada exposición, incluso se ha establecido un plazo de un año para organizarla. Las negociaciones sobre el legado Miró con el ministerio constituyen el "octavo punto de un total de 14 temas diversos del informe cultural" que el departamento de Cultura pretende negociar con la Administración central.

Por su parte, Josep Antoni Pujadas, director general de Hacienda del Gobierno balear, responsable de: la gestión de los impuestos sucesorios en la actualidad y también cuando se tramitó la herencia. de Miró, reconoce que, "en su momento el Gobierno autónomo había adoptado una actitud mucho más beligerante a la que se traza en la actualidad". Entonces se defendía la nulidad del convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y la familia Miró.

Pujadas, reconstruyendo la historia de los acontecimientos, explica que cuando se instruyó el expediente sucesorio de Miró se hizo de acuerdo con la vieja ley según la cual la Administración autonómica ejercía en calidad de delegada del Estado. "La instancia de la herencia se presentó el 25 de junio de 1984, justo el último día del plazo máximo de seis meses que se otorga para manifestar la herencia sin recargos. Luego se solicitó la valoración de la herencia. Era un caso especial ya que se trataba de obras de arte y se pidió la colaboración de la dirección general de Bellas Artes. Se valoraron los bienes en 1.159 millones de pesetas y se procedió a la liquidación con fecha de 11 de julio de 1985".

Acelerar una ley

Fue en este momento cuando la familia Miró propuso pagar el impuesto sucesorio (unos 740 millones en total, incluidos ciertos recargos, según fuentes familiares) en obra. Un hecho que, en opinión de Pujadas, "aceleró -y lo digo sin malicia- la aprobación de la nueva ley de Patrimonio Histórico Español: notificada el 25 de junio, la nueva ley se publicó en el BOE el 29 de junio y entró en vigor el 19 de julio". Entretanto, recuerda también Pujadas, el mismo 16 de julio, el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, se presentó en Palma para firmar el convenio para la nueva fórmula sucesoria con la familia Miró: "Se hizo todo con una rapidez administrativa espectacular y todo se consumió en base a un artjculo (el 73) de una ley que no entraba en vigor hasta tres días más tarde".

Añade el director general que el reglamento de la nueva ley no se aprobó por real decreto hasta el 10 de enero de 1986, entrando en vigor el 29 del mismo mes, medio año después de firmado el convenio. Paralelo a esta "irregularidad en la aplicación de la ley de Patrimonio", el Gobierno balear observó que desde el 1 de enero de 1986 llabía entrado en vigor la ley dekesión de tributos (hereditarios) a las comunidades autónomas. "Pendientes de esta nueva ley tributaria, el interventor de Hacienda quiso esperar que se dictara el[ reglamento para actuar en consecuencia. De modo que a principios de 1986 a nosotros nos llegaba formalmente como pendiente de pago el impuesto que gravaba la herencia Miró. Y, no obstante, sabíamos que ellos habían pagado: Solana, personalmente, se había llevado los cuadros aprovechando el avión Myst¿re con el que había llegado a Palma un día antes para firmar el convenio".

Forma diligente

"Nunca antes ningún trámite administrativo, sucesorio o no:), se había realizado de forma tan diligente. No podíamos actuar porque oficialmente el deudor era alguien que sabíaimos de sobra que había cumplido. En Cultura se sorprendieron ole lo que habíamos descubierto y pensaron. que teníamos razón, al menos en parte. El 20 de marzo del mismo 1986, el presidente de la Comunidad Balear, Grabriel Cañellas Fons, pedía al presidente del Consejo de Estado, Tomás de la Quadra Salcedo, que emitiera 11 en la mayor brevedad posible" un dictamen relativo "a la validez o ilegalidad. de los actos; que se describen, en especial acerca de si en la fecha del convenio (anterior a la entra.da en vigor de la Ley) el Ministerio de Cultura era o no competente para firmarlo y si el Delegado de Hacienda tenía competencia para otorgar carácter liberatorio de la deuda Tributaria a aquel modo de pago, y especificando si en consecuencia el contenido del convenio configura un aspecto nulo de pleno Derecho o meramente anulable".

Contrastando con la rapidez manifestada por la Administración central hasta aquel momento, el Consejo de Estado tardó más de un año para emitir su dictamen, recuerda Pujadas. El 7 de mayo de 1987, el Consejo dictaminaba en conclusión que: 1) "En el estado en que se encuentra la cuestión consultada no puede pronunciarse sobre la validez o nulidad del convenio. Y 2) Que no se aprecia la existencia de interés ni título legítimos de la Comunidad para el ejercicio de la competencia revisora o de la acción de anulabilidad del convenio en su caso".