309 millones de consuelo

El dictamen del Consejo de Estado "era sibilino". Con todo, mientras se esperaba el veredicto, el Gobierno balear había conseguido entrar en negociaciones con el Ministerio de Cultura. En concreto, según Pujadas, en la segunda reunión, mantenida con el entonces director general de Bellas Artes, Miguel Satrústegui, el 26 de setiembre de 1986, se decidió crear una comisión mixta para proponer una especie de reparto de las piezas entre el Estado y la Comunidad autónoma."De hecho", constata Pujadas, "no entrábamos en el tema de la titularidad y aceptábamos sus condiciones: que no se exhibieran en el Museo de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Palma sino que se expusieran en el Museo de Mallorca, de titularidad estatal. También negociábamos una exposición antológica a celebrar en la Lonja en febrero marzo de 1987".

Pero en enero de 1987 todas las negociaciones fracasaron: "Otra carta de Satrústegui afirmaba que la negociación y el reparto eran inviables porque las piezas que pedían los expertos baleares de la comisión eran indispensables para una correcta representación de Miró en Madrid. El desacuerdo, según Satrústegui, se ampliaba a la organización de la exposición que, en su opinión, se vería desdibujada por las actuales polémicas. Quizá en el futuro... terminaba Satrústegui".

Pujadas resume la versión de los expertos representantes del Gobierno balear con estas palabras: "Ante la imposibilidad de discutir y negociar, se limitaron a señalar nueve cuadros a título indicativo".

Ahí terminó la negociación sobre las obras de Joan Miró para el Gobierno balear. Con todo, la Administración central había reconocido su deuda tributaria y entregó (durante el primer trimestre de 1987) al Departamento de Hacienda autonómico, 309 millones de pesetas que "si hubieran sido incluso más diligentes hubieran podido ahorrárselos", según Pujadas. No obstante, reconoce también, "era la forma de acallar nuestras demandas y de consolarnos del poco caso que iba a hacernos el Consejo de Estado".