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La Comunidad Europea insta a España a modificar el régimen de subvenciones al cine

La 'ley Miró' contraviene la legislación cinematográfica comunitaria

El actual volumen y los criterios de ayudas a la producción cinematográfica española contravienen la legislación comunitaria, y, con vistas a enmendarlo, el órgano ejecutivo de la Comunidad Europea (CE) ha entablado conversaciones con el director general de Cine, Fernando Méndez Leite. A mediados de este mes, el director comunitario que vigila las ayudas de Estado, el luxemburgués Robert Sunnen, envió una carta al Ministerio de Cultura en la que le insta a modificar el régimen de subvenciones, que considera excesivas, así como su concesión en función de la nacionalidad española de su realizador y de la mayoría de su equipo técnico. Fernando Méndez Leite, responsable del ICAA, dijo ayer que estudia una respuesta para esta llamada de atención.

Como España es un miembro reciente de la CE y como los colaboradores de Méndez Leite se mostraron receptivos a las sugerencias comunitarias, Bruselas no ha abierto, por ahora, un procedimiento de infracción contra Madrid, a diferencia de lo que ha hecho con Atenas y Copenhague, cuyas ayudas también contravienen algunas disposiciones comunitarias. Las subvenciones otorgadas por Roma son también consideradas insatisfactorias.Concretamente, la Comisión Europea reprocha al Ministerio de Cultura español que en el real decreto de enero de 1984 sobre protección a la cinematografía las ayudas automáticas que proporciona a posteriori a toda película equivalgan al 15% de la recaudación bruta en taquilla -un porcentaje ligeramente superior a la media comunitaria del 13%- y que en algunos casos puedan alcanzar el 40% o, incluso, rebasar el 50%.

A estas subvenciones otorgadas cuando la película ya está siendo proyectada se añaden otras iniciales del Fondo de Protección a la Cinematografía, que en el real decreto inspirado por Pilar Miró, entonces directora general de Cine, son muy superiores a las vigentes en el resto de la CE puesto que pueden alcanzar el 50% del presupuesto del proyecto y son además compatibles con otras ayudas concedidas por las comunidades autonómicas. En los demás Estados miembros suelen oscilar entre un 25% y un 30% de la inversión que requiere una película.

Teóricamente, las ayudas anticipadas, cuyo presupuesto anual se eleva a 2.500 millones de pesetas, sólo pueden ser concedidas a películas de calidad pero, según la Comisión Europea, la subcomisión española encargada de valorar los proyectos tiene criterios bastante amplios, hasta el punto de haber aprobado en 1987 subvenciones de esta índole para más de la mitad de los directores que las solicitaron, una proporción inusual en la CE.

En Bruselas se sospecha que gracias al cúmulo de ayudas a prior¡ y a posterior¡ algunos productores españoles han obtenido más dinero del que se han gastado y la idea no parece disparatada porque el real decreto prevé expresamente que si ingresa una cantidad que exceda el coste de la película" el productor de la misma podrá en sustancia considerar estos fondos como una subvención anticipada para sus ulteriores proyectos.

"Si fuese español", comentaba divertido un funcionario de la dirección general de competencia, "dimitiría de mi puesto y me iría a rodar películas".

El segundo gran reparo que la Comisión Europea pone al real decreto consiste en que sólo suministra fondos a películas españolas, lo que no sólo significa que deben haber sido rodadas por directores españoles y equipos técnicos en un 80% españoles, sino que su explotación comercial debe también correr a cargo de personas físicas o jurídicas españolas y todo esto constituye una discriminación con relación a los demás ciudadanos comunitarios.

Incompatibilidades

Los representantes de Cultura se han mostrado dispuestos a modificar también este apartado del real decreto pero han alegado que les llevaría tiempo con tanta mayor razón que tendrán, a su vez, que entablar discusiones con las autoridades catalana y vasca, que conceden ayudas en base a la pertenencia del director de la película a la comunidad autónoma, lo que es, obviamente, incompatible con las disposiciones comunitarias.

Ni que decir tiene que la supresión del criterio de la nacionalidad no ha significado en otros Estados miembros que la mayoría de las subvenciones vayan a parar a películas rodadas por forasteros en el extranjero, pero sí ha conllevado en la práctica que bastase con que el director, el protagonista o el autor de la obra literaria que va a ser adaptada tuviese la nacionalidad del país para que el proyecto pueda beneficiarse de las ayudas previstas por ese Estado miembro.

[El último reparto de subvenciones del cine español se produjo a primeros de este mes. Cultura repartió 520 millones entre 16 películas. Según declaró entonces Méndez Leite, había recibido un total de 86 solicitudes. Para el próximo mes de septiembre está previsto un nuevo reparto de subvenciones similar al que acaba de realizarse.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de julio de 1988