Las dimensiones del déficit

LAS CIFRAS que acaban de publicarse sobre el déficit total de las administraciones públicas en 1986 pueden calificarse de cualquier manera, salvo de tranquilizadoras. Aparentemente, la demora en dar a conocer los datos proviene de la desidia de las administraciones territoriales, más preocupadas por inventar nuevas formas impositivas y recargos de todo tipo que de explicar puntualmente a los ciudadanos el destino del dinero que les han confiado. Es de esperar que los nuevos administradores sean un poco más cuidadosos en este terreno que sus predecesores.Los datos que se conocen del cierre presupuestario del año pasado son bastante peores de lo que se pensaba hace unos meses. Es cierto que se trata de estimaciones provisionales y, como tales, sujetas a revisión, pero el sentido general de las mismas indica que el déficit público dista mucho de estar controlado. El déficit total de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y entidades territoriales) se situó en 1986 en tomo a 1,83 billones de pesetas, correspondientes a un 5,7% del producto interior bruto (PIB), en vez de un 6,7% en 1985. Pero esta cifra, a su vez, ha sido revisada al alza desde el 6,1%, que hasta la presentación de los nuevos datos era la estimación para aquel año. Nada se ha dicho sobre el origen de estos nuevos 200.000 millones de déficit correspondientes a 1985. Se trata, es cierto, de cifras provisionales, aun para 1985, con lo cual existe una cierta incertidumbre en cuanto a las proporciones definitivas del déficit de las administraciones públicas en cualquiera de los dos años considerados. Si no se explican con detalle las razones que han llevado a una revisión de tamaña envergadura será dificil evitar la sospecha de que dentro de unos meses puede producirse una nueva revisión al alza.

Uno de los factores que más ha contribuido a este resultado ha sido el fuerte aumento del servicio de la deuda, a su vez consecuencia de los déficit acumulados a lo largo de los últimos años. A veces, cuando se analiza el aumento de los gastos de las administraciones públicas, se argumenta que, si se omiten los intereses de la deuda pública, el presupuesto se encuentra cercano al equilibrio. Pero el cálculo es ilusorio; la carga de la deuda es un pasivo que la generación actual traslada a las venideras, y no sirve de nada hacer como si éste no existiera.

En cuanto a las comunidades autónomas, las primeras cifras disponibles indican un fuerte aumento de sus respectivos déficit, algo no muy dificil de intuir cuando se contempla la proliferación de organismos de dudosa utilidad, de edificios representativos para albergar a las nuevas instituciones y la permanente feria en la que parecen haberse instalado algunas de ellas. El déficit global de las comunidades autónomas se sitúa en torno a los 100.000 millones de pesetas, cifra aparentemente superior al déficit de la Seguridad Social, que sería del orden de los 60.000 millones.

Por lo que se refiere a los ayuntamientos, el déficit se situó en torno a los 60.000 millones de pesetas, cifra considerable si se tiene en cuenta la escasez de competencias de estas instituciones. Es cierto que una buena parte del déficit se origina en Madrid, Barcelona y algunas otras grandes capitales de provincia. En los pequeños municipios, la austeridad suele estar más a la orden del día que en los grandes, tal vez porque el poder está mejor vigilado cuando se encuentra más cerca de los ciudadanos. En cualquier caso, los pueblos de España son hoy bastante más habitables que hace unos años: se ha mejorado la pavimentación de las calles, se han creado algunas infraestructuras comunitarias y se han arreglado los jardines. Una vez desvanecidas las brumas presupuestarias, ha quedado eso.