"Pinochet: le ofrezco mi vida. Déme un arma"

Trece años después del golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, que derrocó al Gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, las calles de la capital, Santiago, y de las principales ciudades del país reviven los trágicos acontecimientos con los que se inició una de las dictaduras más antiguas del continente: asesinatos, detenciones masivas, ocupación militar de barrios enteros, clausura de medios de Prensa. La instauración del estado de sitio tras el atentado del pasado domingo contra Pinochet parece apuntar hoy a la supresión de los espacios de actividad política y movilización social alcanzados en los últimos años por un amplísimo arco de la oposición."Pinochet: le ofrezco mi vida. Déme un arma", decía uno de los carteles que exhibieron los cerca de 200.000 manifestantes que desfilaron durante siete horas en la concentración ole apoyo al general que se realizó el martes ante el palacio de la Moneda, sede del Gobierno. Era el ánimo de la multitud que, burlándose de la consigna característica de la oposición ("Y va a caer..."), gritaba: "Y no cayó...". El régimen del general Augusto Pinochet lleva a cabo una ofensiva política y militar desde el atentado del pasado domingo.

La convocatoria de un plebiscito para aplicar medidas más duras contra el terrorismo, que Pinochet anunció durante la concentración, busca encauzar el rechazo al atentado en un apoyo al general. Sin embargo, la aprobación de un plebiscito no es una tarea fácil, de acuerdo con la Constitución. Para realizarlo son necesarias la apertura de registros electorales y la existencia de un tribunal calificador de elecciones, para lo cual no han sido aprobadas las leyes oportunas. Además, se requiere la aceptación del Parlamento. Como éste no existe, del poder legislativo, es decir, la Junta de Gobierno.Pinochet deberá entonces contar con el apoyo de la Junta para conseguir el plebiscito. Según medios jurídicos, ese respaldo significaría para él tener más abiertas las puertas para proclamarse candidato en 1989. Hasta ahora, tres de los cuatro integrantes de la Junta han rechazado esta posibilidad.

Pinochet intenta volcar el atentado, que muestra la debilidad de un Gobierno que en 13 años de represión no ha podido aplastar a los comunistas -son más fuertes que antes-, en un apoyo al ejecutivo. Pinochet declaró ayer que los documentos encontrados junto con los arsenales demuestran que hay "una planificación destinada a una guerra revolucionaria, para acabar no solamente con el Gobierno, sino también. con ese montón de ingenuos que siguen creyendo que la democracia es la única salida que tiene el país".

El estado de sitio es un obstáculo serio para hacer creíble el anuncio que hizo el ministro de Exteriores, Jaime del Valle, de que se mantendrá el tránsito hacia la democracia. Aunque el atentado contra Pinochet provocó el repudio unánime de los partidos de la derecha e izquierda moderada y de la Iglesia católica, esto no se traduce en apoyo al Gobierno.

La Conferencia Episcopal, que reúne a los obispos chilenos, calificó ayer como "un acto de violencia homicida, reflido con el respeto a la vida" la emboscada. Pero, al mismo tiempo, pidió que el estado de sitio "sea aplicado con moderación, y cuanto antes se restablezca la plena normalidad del país" y que se aclare lo ocurrido con las personas "sacadas de sus hogares por grupos organizados y encontradas muertas".

El presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Bernardino Piñera, puso además un signo de interrogación sobre la visita que el Papa tiene previsto realizar en 1987, en vista del clima de violencia aue existe en Chile.

EE UU pide moderación

Más efectiva puede ser, en todo caso, la presión norteamericana. La Embajada de Estados Unidos en Chile, además de lamentar el atentado y respaldar los esfuerzos del Gobierno para dar con los culpables, manifestó su preocupación por la detención de personas y el cierre de revistas sin que se haya demostrado judicialmente alguna relación de éstas con el atentado. Pidió además la "pronta eliminación" de los poderes extraordinarios de censura y de tensión que tiene el régimen.

[El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Bernard Kalb, señaló ayer que Estados Unidos espera que el Gobierno chileno lleve a cabo "una investigación exhaustiva" sobre el asesinato del periodista José Carrasco. "Son necesarios ahora en Chile considerables esfuerzoas para poner fin a esta violencia política y para poder restaurar un clima que conduzca a una transición pacífica hacia la democracia", dijo.

La posibilidad de que la situación chilena se radicalice aún más es vista con temor en círculos políticos moderados. El atentado y la respuesta represiva del régimen, que no ha discriminado dentro de la izquierda para arrestar a los dirigentes, pueden exarcerbar los ánimos, según estos círculos.

En sus publicaciones, los extremistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), a quien el Gobierno culpó del atentado y de los arsenales hallados, plantean la tesis de un alzamiento generalizado contra el régimen, combinado con una huelga general. La violencia reinante cleja poco espacio a los partidos de oposición democrática. Aún así, para demostrar que todavía tiene vigencia, el pasado martes 9 el Acuerdo Nacional firmó el documento Bases de sustentación del régimen democrático, aunque sin el apoyo de dos de los partidos que lo integran: el derechista Unión Nacional y la izquierda cristiana.

[Por otra parte, Hortensia Ariztía, madre del joven César Bunster, acusado por la policía chilena de implicación en el atentado contra Pinochet, ha negado las acusaciones contra su hijo, del que dijo ,les un demócrata, pero no un terrorista", informa José Antonio Frías desde Málaga].