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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El engorde del pollo

EL AUMENTO del índice de precios correspondiente al mes de julio, además de distanciarnos considerablemente del resto de los países de la Comunidad Europea, plantea una cuestión cuyo alcance va más allá de la peripecia de uno o dos meses de malos resultados en materia de inflación. Es de sobra conocido que los principales, aunque no únicos, responsables del alza han sido esta vez los precios de los productos alimenticios, cuyas inmoderadas subidas a lo largo de los últimos años, a pesar de las buenas cosechas registradas, reflejan la existencia de serios problemas de organización de mercados que es urgente remediar.En esa dirección conviene explorar en vez de quedarse en la superficie de las cosas y achacar, como se ha hecho oficialmente, la responsabilidad del alza al fuerte aumento de la demanda en las zonas turísticas durante los meses de verano.

En los últimos meses ha ocurrido, sin embargo, un factor adicional que refleja bastante bien las deficiencias del funcionamiento de nuestros mercados. La carne de pollo se ha encarecido entre 11 y 15 pesetas el kilo como consecuencia de una maniobra especulativa de las compañías importadoras de maíz relacionada con nuestra adhesión a la CE. Reducida a sus términos más elementales, la cuestión es la siguiente: al aplicarse a España las reglas de la llamada política agrícola común, nuestro país tuvo que dejar de adquirir el maíz en Estados Unidos (en donde el kilo cuesta alrededor de las 13 pesetas) y comprarlo en los países de la Europa comunitaria, donde el precio se sitúa entre las 24 y las 29 pesetas; la consecuencia inmediata, e inevitable, fue un encarecimiento de los piensos y de las carnes de ave que ya tuvo su reflejo en el índice de precios de los primeros meses del año. En previsión de estas alzas, las compañías importadoras efectuaron fuertes compras especulativas de maíz y de otros cereales, pensando que a partir del mes de marzo podrían vender el maíz viejo, comprado en Estados Unidos, al nuevo precio. Aparentemente, el cálculo resultó cierto y los beneficios de estas empresas han sido multimillonarios; también ha resultado cierto el deterioro de la mercancía debido al largo período de almacenaje, lo que ha ocasionado un nuevo aumento de los precios de la carne debido al menor rendimiento de los piensos.

Todo esto debiera plantear algún problema a los responsables económicos, que no escatiman sus declaraciones en favor del mercado. De confirmarse las actuaciones especulativas de los importadores de maíz, estamos ante una violación clara de las reglas básicas de funcionamiento de la economía de mercado, y la obligación de las autoridades en este caso consiste en restablecerlas. Si las compañías importadoras gozan de una situación de monopolio de derecho, lo más elemental es terminar con él; si el monopolio es de hecho, entonces corresponde a las autoridades hacer uso de sus facultades para impedir los abusos,. Porque lo cierto es que no tiene explicación racional que sean los consumidores quienes, al final, paguen las facturas de este tipo de situación que, desgraciadamente, no es la primera vez qué se produce. Hace unos años, cuando los precios del petróleo subieron imparablemente en pocos meses, las compañías petroleras realizaron cuantiosos beneficios vendiendo las existencias de petróleo almacenado al nuevo precio. En los países más liberales esta actuación produjo la inmediata intervención de los poderes públicos y la imposición de fuertes sanciones; en otros, como el nuestro, los beneficios pasaron directamente a las arcas del Estado. Lo que no sucedió en casi ninguno fue que los beneficios de la especulación pasaran sin más a la cuenta de resultados de las compañías.

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Para que la economía de mercado funcione en España no basta con proclamar sus virtudes y cruzarse de brazos. El Estado debe intervenir con más convencimiento para proteger los intereses de los consumidores, que siempre se encuentran del lado de la competencia. La política económica ganará en credibilidad y los mecanismos de formación de los precios comenzarán al fin a parecerse a los que prevalecen en los países más avanzados, que son también los que se toman más en serio estas cuestiones.

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