Sentencia en Buenos Aires

LA CÁMARA Federal de Apelaciones argentina ha condenado a reclusión perpetua al ex presidente Videla, a prisión perpetua al almirante Massera, a 17 años de prisión al ex presidente Viola, a ocho años al almirante Lambruschini y a cuatro años y seis meses al brigadier general Agosti. También ha absuelto al ex presidente Galtieri, al almirante Anaya y a los brigadieres Graffigna y Lami Dozo. La sentencia, cierre del juicio de Buenos Aires contra las tres primeras juntas militares que aterrorizaron al país entre 1976 y 1982 (desde el derrocamiento de Isabel Perón hasta la guerra de las Malvinas) no permite una fácil lectura. Los seis jueces -designados por el Gobierno democrático- han tenido especial cuidado en que su fallo no fuese interpretado como una revancha de la sociedad civil frente a las instituciones militares. Sólo el gusto por mantener limpia la conciencia a costa de otros países o los ejercicios de demagogia podrían llevar a juzgar condenatoriamente a esos jueces -desde situaciones muy lejanas de la delicada democracia argentina- con el único y exclusivo criterio de que no han sido implacablemente severos.Es cierto, sin embargo, que algunas decisiones de la Cámara -por ejemplo, la leve pena impuesta al brigadier Agosti, coautor junto a Videla y Massera del golpe de marzo de 1976, triunviro en la primera Junta Militar y aparente corresponsable de los primeros y más espantosos años de la represión militar- no resultan fáciles de explicar. La propuesta del fiscal Julio César Strassera de juzgar a las juntas militares (llegó a solicitar incluso el procesamiento de la cuarta y última) sin individualizar a sus componentes disponía de convincentes argumentos a su favor. Aunque el Ejército de Tierra se reservó siempre la presidencia de la República, los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri desempeñaron el papel de primus inter pares en el reparto al 33% que las tres armas hicieron del Gobierno. La Cámara Federal ha estimado, en cambio, que cada comandante en jefe actuó con independencia, y que las responsabilidades deben ser segmentadas. Ese criterio ha salvado a la Fuerza Aérea en esta causa. Es cierto que las tres armas argentinas son centrífugas e infantilmente celosas entre sí. El Ejército y la aeronáutica alcanzaron incluso el despropósito, militarmente criminal, de pelear por separado en la guerra de las Malvinas; la Armada, también por su cuenta, prefirió no combatir. Pero estimar que el brigadier Agosti no fue moralmente responsable de ningún homicidio (y sólo de casos aislados de tortura, detención ilegal y robo) es una sutileza de difícil comprensión.

El criterio de los jueces de no juzgar a las juntas, sino a las personas y a las armas de forma individualizada, ha permitido también la absolución de cuatro procesados y la reducción a 17 años de prisión de la condena dictada contra el ex presidente Viola. Por lo demás, la Cámara Federal -alto tribunal civil inmediatamente inferior a la Suprema Corte de Justicia- ha aplicado el Código de Justicia Militar en forma favorable a los reos. Aunque el código castrense argentino establece que basta la evidencia moral de los jueces para razonar una sentencia, sin necesidad de asentarla sobre hechos probados documentalmente, la Cámara lo ha aplicado con mentalidad civil, descendiendo el rasero de la justicia hasta juzgarlos individualmente y caso por caso, soslayando la convicción moral de que estos nueve militares sumieron por siete años al país en un caos de sangre y terror. El tribunal ha dado con ello ejemplo de moderación: la grandeza del Estado de derecho reside precisamente en su firme decisión de rechazar los métodos bárbaros de los enemigos de las libertades y de los violadores de los derechos humanos, incluso a la hora de juzgarlos por sus genocidios.

La sentencia también tiene otra lectura, aunque ésta no aporte consuelo a los familiares de las víctimas. Por primera vez en América Latina tres ex presidentes de una dictadura militar han sido sentados en el banquillo de los acusados, y dos de ellos han sido condenados a severas penas de prisión. Y al igual que sucedió en Grecia tras el derrocamiento del régimen de los coroneles, esa victoria de la justicia civil se ha producido en una democracia débil, económicamente derrumbada, con graves problemas de política interior, periférica y disminuida. Por lo demás, la sentencia eleva -cumpliendo el deber de denuncia- todas las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que éste determine judicialmente las responsabilidades de los oficiales superiores, de los jefes de zona y subzona y de todos aquellos militares que tuvieron una responsabilidad operativa durante la guerra sucia contra la subversión. Esa medida implica que los absueltos -por ejemplo, el teniente general Galtieri, quien antes de ascender a la presidente de la República fue comandante del primer cuerpo de ejército- podrían ser juzgados no por los crímenes que supuestamente cometieron como triunviros, sino por los que cometieran como subordinados.

Videla y Viola -escasamente respetados en el seno del Ejército- y Massera -autoinmolado en sus propias orgías de poder, sangre y dinero- han sido las cabezas de turco del proceso. La Fuerza Aérea ha sido premiada por la democracia e, hipotéticamente, ganada para su causa. Y se ha evitado lo que más temía el presidente Alfonsín: que se juzgara a las fuerzas armadas como conjunto. Esta sentencia no es sino una pieza más del rompecabezas argentino que está intentando armar la frágil democracia. Hay un proceso en curso contra el contralmirante Chamorro (director de la Escuela de Mecánica de la Armada), el capitán de corbeta Acosta, el general Ramón Camps (ex jefe de la policía de Buenos Aires) y el teniente Astiz, acusados de torturas y asesinatos. Existen 3.700 causas abiertas, a instancia de parte, por ciudadanos particulares contra militares presuntamente responsables de torturas, desapariciones, muertes y robos. El juicio por la pérdida de la guerra de las Malvinas está listo para sentencia. Otros procesos por la guerra sucia económica se abren trabajosamente paso en los tribunales de Buenos Aires, y seis civiles y seis militares -sin contar al ex general Suárez Mason, prófugo- habrán de ser enjuiciados por los últimos actos terroristas que soliviantaron la capital. Sin olvidar que las actas del proceso ya sentenciado, que se celebró a lo largo de semanas y semanas en audiencia pública y en el centro de Buenos Aires, han permitido a la opinión pública nacional e internacional alcanzar un conocimiento detallado y angustioso de los aborrecibles crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado de la dictadura militar argentina.