El ministro de Justicia afirma que la 'mafia' de la droga financió la ocupación

La mafia del tráfico de drogas financió la sangrienta toma del Palacio de Justicia por el Movimiento 19 de Abril, según denunció ayer el ministro de Justicia, Enrique Parejo González. El M-19 ocasionó un incendio en una amplia zona del inmueble y quemó, entre otros archivos, varios de los expedientes relacionados con los narcotraficantes, según el ministro.Visiblemente consternado, Parejo reiteró las denuncias sobre "alianza narco-guerrillera", y dijo que los principales industriales del tráfico costearon la operación, en la que fueron asesinados 15 magistrados y se desintegró la Corte Suprema, que no podrá actuar de momento por falta de quórum.

Además de Reyes Echandia, murieron los magistrados Manuel Gaoria Cruz, Luis Horacio Montoya Gil, María Inés Ramos, Carlos Medellín Forero, Alfonso Patiño Roselli, Pedro Serrano Abadía, José Gnecco Correa, Fanny González Franco, Darío Velásquez Gaviria, Lisandro Romero, Emiro Sandoval, Ricardo Medina Moyano, Líbardo Ramírez Soto y Fabio Calderón Botero. Igualmente, se encuentran desaparecidos los miembros del Consejo de Estado Jorge Alberto Echeverri Correa, María Teresa Muñoz y Julio César Andrade.

"Realmente, hay un peligro muy grave en la hora presente y todas las instituciones están amenazadas", dijo Parejo al deplorar los crímenes. Advirtió que el ataque del M-19 estaba dirigido a eliminar estratégicamente a los juristas que estudiaban el envío de narcotraficantes a la Justicia norteamericana.

Escoltas especiales

Agregó que la mafia intentaba presionar desde hace varios meses las decisiones de la Sala Penal del máximo tribunal y profirió amenazas de muerte en varias ocasiones, por lo que fueron asignadas escoltas especiales a los magistrados.

Parejo aseguró desconocer las versiones sobre la renuncia de la totalidad de magistrados de tribunales municipales y departamentos en protesta por la que consideraron precipitada determinación gubernativa y militar de liberar la céntrica edificación, donde, al parecer, había aún más de 150 personas en ese momento.

En el mes de octubre fue detenido en Bogotá un miembro del frente Ricarto Franco, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que portaba planos y mapas del Palacio de Justicia. Sin embargo, las únicas amenazas de muerte o atentados contra la Corte se produjeron luego de los conceptos favorables de la corporación para extraditar a Estados Unidos personas solicitadas por narcotráfico, hecho que motivó la restricción del ingreso al palacio, ubicado frente al Congreso y el despacho presidencial.

En el Palacio de Justicia se estudian todos los casos de extradición y las víctimas del atentado de ayer se habían mostrado inflexibles en la aplicación de estos tratados. Tras el ataque, los archivos pertenecientes al Tribunal Supremo han quedado seriamente dañados, entre ellos los que afectan al tráfico de drogas. "Es una alianza lamentable", aseguró el ministro.