Comparecen en el juicio los miembros de la cuarta Junta Militar

Los tres integrantes de la cuarta y última Junta Militar argentina -teniente general Nicolaides, almirante Rubén Franco y brigadier general Augusto Hughes- comparecieron el viernes ante el juicio de Buenos Aires seguido contra sus nueve antecesores en la gobernación militar del país.

Los tres últimos triunviros, tras la pérdida de la guerra de las Malvinas, administraron la transición a la democracia bajo la presidencia nominal del general Reynaldo Bignone.

Los tres, particularmente el general Cristino Nicolaides, destacaron el carácter de guerra que tuvo el enfrentamiento armado contra la subversión de izquierdas. Nicolaides afirmó: "Como profesional militar no tengo dudas de que ésta fue una guerra, y para ello voy a dar tres argumentos. El primero es que había dos opositores armados cuyo objetivo era la conquista del poder, uno la buscaba para imponer una ideología de izquierdas ajena a las tradiciones y al sistema de vida del país. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por decreto para oponerse a esa usurpación, es decir, salieron en cumplimiento de un mandato constitucional y lo lograron. En tercer lugar, se habla de represión, pero yo me he tomado el trabajo de leer el diccionario de la Real Academia y dice que represión significa neutralizar los efectos de algo. En cambio, el término aniquilar está directamente relacionado a la guerra. La guerra busca el aniquilamiento del enemigo".

Perdieron la seguridad

Los tres últimos triunviros testificaron que la lucha contra la subversión fue responsabilidad de cada arma y perdieron seguridad cuando se les interrogó sobre el documento final por ellos elaborado.El documento final fue un comunicado conjunto previo a la ley de amnistía que después derogaría el Gobierno constitucional.

En él se reconocen errores en la represión -se llegan a citar 200 casos- supuestamente castigados militarmente, admitiéndose que personas inocentes resultaron muertas en acciones de contrainsurgencia.

Nicolaides, Hughes y Franco aseguraron que la detención de personas desarmadas en sus domicilios colistituía una acción de guerra y obviaron profundizar sobre el alcance de párrafos de aquel documento final en el que se aludía al "traspaso de los límites de los derechos humanos fundamentales", al "robo cometido en algunas operaciones" y al "mal comportamiento con la gente".

En cualquier caso, según los testigos, se trató de errores que fueron sancionados militarmente. Nicolaides, el hombre fuerte de la última Junta Militar, se negó por tres veces a testificar para no resultar incriminado: cuando le preguntaron sobre si los errores implicaban la tortura y la desaparición de personas, sobre si los procedimientos inéditos a que se vieron obligadas las Fuerzas Armadas incluían el tormento a los detenidos y sobre si se consideraba responsable de algún hecho ilícito.

Reclamando su derecho de no declarar contra sí mismo, el teniente general Nicolaides fue, al menos, profundamente sincero y explícito con su silencio.