Gobierno y oposición discrepan sobre la valoración del escándalo

El Gobierno y la oposición conservadora mantuvieron ayer discrepancias sobre la valoración del escándalo de la evasión de capitales descubierto estos días en España. El portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, declaró ayer a Radio Nacional que "hay que valorar positivamente que todos seamos iguales ante la ley y que, desde el poder político, no se quiera ni se pueda tapar ningún escándalo, pague quien pague"."No es verdad", precisa Sotillos,"que en España no haya capacidad para enviar legalmente nuestros capitales al extranjero. Las inversiones directas están liberalizadas, pero es preciso comunicarlas a la Dirección General de Transacciones Exteriores".

"De lo que se trata es de que no se lleven del país un dinero negro, que se escapa para no pagar los impuestos. Esto constituye un delito económico y social. La situación española no es distinta a la de los demás países. Nuestra legislación es muy clara sobre lo que son los delitos monetarios", añadió.

Según manifestó Sotillos, "desde que el actual Gobierno ejerce sus funciones no se ha producido especulación contra la peseta. Por lo tanto, tampoco hay que hablar de temas coyunturales, de temores a debilidades de nuestra moneda. La legislación española lo que prohibe es escapar dinero al control de la fiscalidad".

Fraga disiente

Manuel Fraga, líder de AP, calificó ayer de "demagógica" la afirmación de que el dinero que se evade de España no crea empleo en nuestro país. Añadió que la actual legislación de control monetario "no es la mejor para solucionar el problema", aunque agregó que "la ley está hecha para que se cumpla".

Fraga, como Miquel Roca, de Minoría Catalana, se alegró de que el presidente del Gobierno haya dicho que enviará a las Cortes las 80 auditorías que el jefe del Ejecutivo afirmó tener en su poder.

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, afirmó que "no es fácilmente comprensible la actitud de la derecha". "Buscar justificaciones al margen de lo establecido en las leyes es quebrar el principio constitucional de igualdad ante la ley". "No se puede intentar crear un doble rasero legal según el lugar social que se ocupe", precisa Benegas.

Para Benegas resulta "más chocante" el hecho de que alguien pretendajustificar a los implicados en el escándalo al decir que la evasión de capitales dejará de ser delito cuando España esté en la CEE, ya que en la Comunidad Europea existen normas que regulan el libre tráfico de capitales.

Benegas recordó que Suiza no es miembro de la CEE y que la legislación contra la evasión de capitales en este país es más dura que la española. "Acusar al Gobierno, e incluso al PSOE, de utilización política de una actuación correcta de la administración de la justicia es muestra de desprecio hacia la misma y una actitud poco rigurosa con aquellos que pueden haber actuado al margen de la ley".