El Gobierno envía al Congreso más de 200 auditorías sobre entidades públicas

El Gobierno remitirá hoy al Congreso de los Diputados más de 200 auditorías relativas a empresas y organismos públicos, cuya investigación abarca el período comprendido entre 1979 y 1984. El Grupo Popular y Minoría Catalana consideran que este envío lo realiza el Gobierno forzado por las declaraciones que realizó el presidente Felipe González, hace una semana, en el sentido de que las auditorías que obran en su poder iba a utilizarlas en campaña electoral y que algunas de ellas podían "provocar más de un infarto".

Varios grupos de oposición expresaron su protesta inmediatamente, señalando que los resultados de tales auditorías, caso de presumirse una actuación delictiva en la gestión de las empresas investigadas, deberían haber sido llevados a los tribunales y no utilizarse para uso reservado del presidente.El Gobierno, ateniéndose a la moción aprobada en el pleno del Congreso del 14 de noviembre pasado, por el que se constituyó una comisión investigadora de la financiación de los partidos políticos, remite ahora estas auditorías "por si fueran de utilidad a dicha comisión", según aseguraron fuentes cercanas a la Presidencia.

Esta comisión tiene la facultad de "requerir al Gobierno la entrega de cuantas auditorías hayan sido realizadas a empresas y organismos públicos", según reza en el artículo 2 del texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del 21 de noviembre de 1984.

Entre las más de 200 auditorías realizadas que entrarán hoy en la Comisión de investigación de los partidos políticos, se encuentran las de la agencia Efe, el FORPA, Tabacalera, la cooperativa Uteco, Federación Española de Fútbol, Instituto Oficial de Crédito, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), Butano, patronatos de casas de diferentes ministerios, administración institucional de Sanidad y juntas de puertos, entre otras.

El resultado que se deriva de estas auditorías, que van desde 1979 a 1984, es muy variado. "Hay de todo, algunas con graves irregularidades y otras bastante aceptables", según dijeron a este periódico fuentes de toda solvencia.

Antes de que las auditorías hayan llegado a la Cámara ya ha habido reacciones, como las expresadas por Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular, y Miquel Roca, portavoz de la Minoría Catalana.

Para Manuel Fraga, que hayan salido a la luz temas como la evasión de capital y el de las auditorías casi al mismo tiempo ,les mucha casualidad". Fraga, que participó ayer en el Congreso en una reunión de trabajo con el primer ministro noruego, añadió que, si realmente las auditorías estaban en manos del fiscal, como aseguró el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, el pasado miércoles, "habrá que preguntarle también al fiscal algunas cosas". Fraga aprovechó ayer la ocasión para decir que los infartos de miocardio "pueden ser reversibles", refiriéndose a las palabras pronunciadas por el presidente Felipe González. Roca consideró que el presidente del Gobierno no debía haber realizado las declaraciones citadas "porque en modo alguno podía atribuirse la explotación electoral de una información que estaba obligado a remitir al Congreso". Para Roca, si las auditorías son anteriores a las declaraciones del jefe del Ejecutivo y de ellas se desprendiese alguna responsabilidad, "habrá que ver en qué medida desde el Gobierno se ha incurrido igualmente en responsabilidad al ocultar hechos que pueden tener trascendencia jurídico-penal".