El ex presidente argentino Videla se niega a declarar ante la Cámara Federal de Apelaciones

El teniente general Jorge Rafael Videla, ex presidente de la Junta Militar argentina que derrocó en 1976 el Gobierno constitucional de Isabel Perón, se negó el jueves a declarar ante la Cámara Federal de Apelaciones que le enjuicia por sus responsabilidades en el genocidio del país. Tanto Videla como el almirante Eduardo Emilio Massera ya se encuentran recluidos en un establecimiento penitenciario especial, civil, en el centro de Buenos Aires.Videla, en un ataque de fervoroso constitucionalismo, que ya había anunciado previamente, tildó de ilegal el decreto 158 del Gobierno radical que enjuiciaba a las tres primeras juntas militares, reclamé en cualquier caso el regreso de su causa a su juez natural -la justicia castrense- y adujo en su favor la orden del Gobierno de Isabelita Perón a las fuerzas armadas de exterminar la subversión de la República. Formalmente respetuoso con la Cámara Federal, se ha negado a declarar y a designar letrado defensor. La Cámara le ha designado uno de oficio.

El almirante Massera presidió declaración tras Videla y durante cinco horas, en presencia de su abogado. Sin embargo, objetó como "inconstitucional y arbitrario" el pase de su causa a la jurisdicción civil.

Ambos fueron trasladados, en secreto y entre fuertes medidas de seguridad, desde su centro de detención a la sede de la Cámara -edificios muy próximos-, vestidos de paisano y en compañía de sus defensores. Videla se comporté de modo correcto y distante; Massera, jovial y dicharachero, bromeaba con sus escoltas. El almirante Massera ha tenido una buena noticia: acusado por ocultación de pruebas en relación con la desaparición del marido de su amante, su causa acaba de ser sobreseída... por falta de pruebas.

Sin límite de gastos

Un ejército de abogados civiles y militares, ex ministros de Justicia y altos mandos castrenses de la dictadura trabajan a tiempo completo -y sin limitación de gastos- en la preparación de la defensa ante la justicia civil de las tres juntas.Ha trascendido la intención de las defensas de procurar un juicio mastodóntico y eminentemente político, anegado de truco procesales. Aunque el Gobierno radical de Raul Alfonsín, por boca de alguno de sus ministros, ya ha anunciado su intención de que la vista sea oral y pública, los primeros interesados en la publicidad del proceso son los encausados; nadie duda de que procurarán desatar una tormenta política con el propósito de desestabilizar la democracia.

Se van a tocar todas las teclas. Videla, frío, austero, hombre de comunión diaria, ha optado por la dignidad del silencio y su aparente indefensión; Massera, más político, sanguíneo, objeta, pero acepta, la corte civil, y peleará ante ella. Con el brigadier Agosti, jefe del arma aérea en la primera Junta, se jugueteará con su estado maniaco depresivo y su complejo de persecución; del almirante Lambruschini, triunviro en la segunda Junta, se recordará hasta la saciedad que su hija fue asesinada por los montoneros en un atentado dirigido contra el marino. No obstante, la principal línea de defensa radicará en el decreto firmado por el Gobierno constitucional peronista ordenando el combate contra la subversión "... hasta su aniquilación total".

Al margen de los nueve junteros, otro de los principales procesados en aquella barbarie, el general Ramón Camps, ha dado a conocer, desde la prisión militar en la que espera su proceso, un manifiesto golpista en el que afirma que "... no pasará mucho tiempo para llegar a una situación que hará al país ingobernable, configurando una situación límite que apunta al establecimiento de un sistema socialista de tipo marxista".

El general Camps estima que el informe Sábato no es otra cosa que "el remate de la subversión que, derrotada en el campo militar, aflora ahora en el campo político, económico y emocional, montada en las estructuras del Gobierno".