Militares y policías argentinos admiten que detuvieron a personas que siguen desaparecidas

El general Juan Cambior, ex jefe del área militar 601 de la guarnición de Campo de Mayo, y otros altos oficiales de la policía bonaerense admitieron "la participación y responsabilidad" de sus respectivas fuerzas en "operaciones clandestinos de detención de personas que siguen desaparecidos, según informó durante la madrugada de ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de defensa de los derechos humanos.

Otra asociación similar, la Liga Argentina de los Derechos Humanos, ha denunciado por su parte que la atribución de competencias a tribunales militares sobre la causa, seguida contra el ex presidente general Reynaldo Bignone por la desaparición de seis soldados es "inconstitucional". La liga sostiene que los tribunales civiles son los únicos que deberían ocuparse del caso, y añade que piensa elevar su denuncia al Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos. Arrestado por la justicia ordinaria, el general Bignone fue puesto en libertad por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que ahora estudia su sumario.En cuanto al general Camblor y los comisarios Juan Menghini, Juan Luja y José Maiolo, sus declaraciones ante la justicia fueron filtradas por el CELS, organismo al que pertenece el letrado Jorge Banos, que participa en la instrucción de los dos procesos por detención ilegal que se siguen contra el ex jefe militar y los ex policías citados.

El comunicado emitido por el centro precisa que Camblor reconoció que durante su permanencia al frente del área militar 601 (desde abril hasta diciembre de 1976) tuvo a su cargo la ejecución de operaciones antiterroristas en un amplio radio de la zona bonaerense.

El ex jefe militar dijo que "las detenciones eran efectuadas por efectivos dependientes de mi jefatura. Luego, los detenidos eran remitidos a la sección policial de la localidad que se tratase". "Simultáneamente", prosiguió Camblor, "se debía informar al comando militar, que tomaba la responsabilidad sobre el detenido".

No se informaba al mando

"Sin embargo", añade el mismo general, "en el caso de detenciones practicadas por otras fuerzas (de seguridad o policiales) no se informaba al comando del área, pues no existía ningún registro de detenciones". Estas afirmaciones han sido confirmadas por el comisario Juan Menghini, quien destacó que las autoridades policiales habían recibido directrices para qué las actuaciones vinculadas de algún modo con actividades subversivas quedaran fuera del alcance de posibles reclamaciones de particulares. Menghini fue titular de la comisaría de la localidad suburbana de Escobar desde 1976 hasta mediados de 1979.El CELS señala en su informe que los testimonios del ex jefe militar y de los jefes policiales corroboran una denuncia presentada en tomo a la desaparición de Horacio Capaldi, que tuvo lugar el 20 de abril de 1976 en la jurisdicción del área militar 601. Severina Capaldi, madre de Horacio, denunció que "ese día llegaron vehículos de color verde oliva al domicilio de mi hijo y sus ocupantes, vestidos de uniforme militar, se lo llevaron detenido"

Según supo después la señora Capaldi, la detención fue ordenada por un oficial apellidado Molinari, al cual nunca logró tener acceso para poder enterarse de la suerte sufrida por su hijo.

Las tensiones que estas de nuncias y procesos crean en el estamento militar representan una prueba de fuego para el presidente Raúl Alfonsín, quien ayer por la noche debía explicar en una cena, ante 300 jefes y oficiales, los motivos y circunstancias de la reorganización de la cúspide militar que llevó a cabo el pasado jueves.

El canciller federal alemán Helmut Kohl, que durante la pasada semana ha visitado Argentina, prometió a Alfonsín el apoyo económico y político de su Gobierno.