La justicia castrense argentina comienza el interrogatorio de los miembros de las tres primeras juntas militares

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el más alto tribunal militar argentino, inició el martes el interrogatorio de las tres primeras Juntas castrenses enjuiciadas sumariamente por presuntas violaciones de los derechos humanos. El primer declarante ha sido el ex presidente Jorge Rafael Videla, que se sometió a un interrogatorio de hora y media en dependencias del I Cuerpo de Ejército.

Ayer prestó declaración el almirante Emilio Massera, y con posterioridad lo harán los siete restantes enjuiciados. Los canales de televisión, en tanto, emiten varias veces por día los anuncios del Consejo Supremo recabando de la ciudadanía la aportación de pruebas, hasta el 23 de marzo, sobre los excesos de la represión antisubversiva ante cualquier oficina jurídico-militar del país. No obstante son pocos los argentinos dispuestos a entrar en un cuartel para denunciar los excesos militares, y el déficit de aportación de pruebas ante la justicia castrense se está enjugando con la notable acumulación de las mismas que hace la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, organismó temporal creado por el Gobierno y que preside el escritor Ernesto Sábato.Esta comisión acaba de recibir copia de una carta remitida en 1980 por dos sepultureros de Córdoba al presidente Videla reclamando mejor paga ante el exceso de trabajo nocturno a que les obligaba el enterramiento de cadáveres NN (ningún nombre) suministrados por las fuerzas armadas. Mientras continúa, en un goteo macabro, el descubrimiento de centros clandestinos de detención y de fosas ilegales en los cementerios, la justicia federal ha ordenado el procesamiento y detención del almirante retirado Carlos Lacoste y del también retirado general Antonio Merlo, responsables de la organización del Mundial de Fútbol de 1978, acusados de irregularidades financieras en la gestión de aquel campeonato.

Por lo demás, mañana, la Confederación General del Trabajo Unificada (CGT) y el Partido Justicialista realizarán una marcha sobre el Congreso de los Diputados en protesta por el proyecto de ley sindical enviado por el Gobierno a la Cámara.