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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los precios 1983

LA EVOLUCIÓN del índice de precios al consumo en el mes de diciembre era aguardada por el Gobierno con cierta inquietud. Las muestras recogidas sobre las alzas de precios de algunos alimentos en los mercados urbanos -pescado, huevos, carnes de pollo y cerdo- y la subida de los combustibles apuntaban la posibilidad de un incremento en el mes de diciembre en tomo al 2%, que hubiera llevado a un crecimiento del índice a lo largo del año por encima del 12,5%. Los temores se han desvanecido al registrar el Instituto Nacional de Estadística, un fiel y riguroso observador del conjunto de la realidad española, un aumentó del 1,6% en el mes de diciembre. La tasa de inflación anual media por el índice de precios al consurno queda fijada, así, en el 12,2% para el período de diciembre 1982/diciembre 1983.. La tasa continúa siendo todavía elevada -dos décimas superior a la prevista y unos cuatro-cinco puntos superior a la de nuestros competidores europeos- pero también es la más baja registrada en España desde 1973.El comportamiento de los precios en 1983, sobre todo durante los dos trimestres centrales del año, parecía indicar que se empezaba a conseguir una moderación de nuestra inflación. A mediados de año, el componente alimenticio, en especial el de los artículos no elaborados, registró alzas muy modestas. Pero, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ejercicios, durante 1983 los precios de los alimentos importados -maíz y soja, fundamentalmente- han. incorporado un fuerte componente inflacionista, que se ha traducido en la subida de huevos y carne de pollo y cerdo en el cuarto trimestre. A la depreciación de la peseta respecto al dólar, que implicaba ya un alza de precios medios en pesetas, se añadió la fuerte subida de los precios de los cereales y de la soja en los mercados mundiales.

Varias las causas explican ese incremento de los cereales y la soja. Durante la pasada primavera, la Administración estadounidense, dispuesta a desembarazarse de los excedentes alimenticios almacenados y del coste presupuestario de su. financiación, decidió una contraprestación en especie a los agricultores que redujesen su superficie cultivada. A esta medida se sumé la sequía en las zonas productoras. A pesar del clima de guerra fría, rusos y norteamericanos reanudaron sus intercambios de productos alimenticios, de forma tal que las nuevas compras masivas de cereales por parte de la Unión Soviética repercutieron también sobre los precios. Los dramáticos acontecimientos ocurridos en Túnez y Marruecos tienen orígenes parcialmente vinculados a los movimientos de precios en el mercado de. cereales. Y nuestro índice de precios ha recogido igualmente algunas de las ondas de esa perturbación.

Al margen de la depreciación de la peseta y de la apreciación del dólar, y con independencia de estas alteraciones aleatorias o políticas en el mercado de cereales, los artículos industriales españoles se han mantenido a lo largo del año por encima del índice general de precios. Los precios industriales tropiezan contra el suelo de unos costes salariales que apenas si han descendido con respecto al año anterior. El coste del dinero ha sido, por otro lado, superior al de 1982 a causa de la presión que ejerce sobre los mercados de capitales la financiación del déficit del sector público.Estos componentes inflacionistas quedan reforzados por el proteccionismo y los excesos de reglamentación de nuestro sistema productivo. Por contraste, en países con una economía más libre, las rentas salariales de sectores con remuneraciones por encima de la media nacional -como el siderúrgico o los transportes aéreos- se han reducido de manera básica como consecuencia de que la demanda de sus productos o servicios ha descendido y ha aumentado la competencia de los suministradores.

El año 1983 ha terminado con una tasa de inflación en el tercer trimestre próxima al 14,5%. La depreciación de la peseta, con su influencia en el precio de carburantes y combustibles y alimentos, es responsable en buena medida de ese incremento. Parece que el único procedimiento para evitar que estas alzas se injertasen en el comportamiento de los precios interiores futuros consistiría en aislarlas de la evolución de las rentas salariales.

La economía española necesita continuar reduciendo el desequilibrio de una inflación que es superior a la de los países competidores. Para lograr ese objetivo, el Gobierno se verá obligado a mantener de forma inflexible el tope del 6,551 de incremento en las retribuciones de los trabajadores del sector público y a promover, con todos los medios a su alcance, una política de rentas en el sector privado que no dispare las tensiones inflacionistas que se acumulan ya en las cañerías del sistema.

Pero esa condición necesaria para remontar la crisis resultaría insuficiente si la Administración no se aplicara en paralelo y con redoblado celo a la tarea de conseguir una progresiva y rápida reducción del déficit del Estado, incluidos los saldos negativos de las empresas públicas. La solidaridad con los desempleados, el temor a cierres de empresas que destruyeran nuevos puestos de trabajo, una información veraz -que sólo la autoridad del Gobierno puede proporcionar- sobre la delicada situación de nuestra economía y la demostración de que nuestros salarios y nuestros precios deben tener como ineludible punto de referencia el mercado mundial, son argumentos que podrían tal vez convencer a las centrales sindicales para moderar las exigencias de los trabajadores ocupados y hacerlas compatibles, huyendo de cualquier forma de corporativismo, con la racionalidad del sistema en su conjunto. Sin embargo, los sacrificios de los asalariados, cuyos ingresos se verían mermados en términos reales, deberían ir acompañados, para ser útiles, por una enérgica y sostenida actuación de los poderes públicos a fin de contener el gasto público y obturar los múltiples agujeros a través de los cuales el dinero de los contribuyentes se despilfarra o se asigna equivocadamente en la Administración central, autonómica o municipal. Porque resultaría política y éticamente muy dificil que el Gobierno tuviera éxito en sus exhortaciones a la solidaridad y al sacrificio de los traba adores ocupados si los cargos públicos -desde los parlamentarios hasta los concejales, pasando por la pesada y voluminosa maquinaria del Poder Ejecutivo- no fueran los primeros en dar ejemplo con su conducta y no se adoptaran medidas drásticas y eficaces para contener el déficit.

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