La suerte de los desparecidos constituye el gran problema de la posdictadura argentina

Un encarte de ocho páginas en Clarín, el diario argentino de mayor circulación, reclamaba el martes el derecho a votar de los ciudadanos desaparecidos. Al mínimo cuerpo legible, el encarte, sufragado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, reproducía los datos de empadronamiento de miles de personas junto a la fecha de su desaparición. Asimismo se insertaban los datos de extranjeros desaparecidos que hubieran tenido derecho a la elección de autoridades municipales, de adolescentes que habrían alcanzado la edad del voto y de 124 niños desaparecidos cuando contaban menos de cuatro años.

Un alegato estremecedor que viene a recordar el gran problema de la posdictadura argentina y que está siendo cuidadosamente eludido en la campaña electoral excepto por los minúsculos partidos de la izquierda revolucionaria. Los candidatos peronistas no aluden para nada al problema de los desaparecidos, y Alfonsín, aspirante a la Presidencia por la Unión Cívica Radical, engloba el drama de las responsabilidades generalizadas que habrá que exigir a los militares por su gestión: deuda externa, Malvinas, corrupción, etcétera.

El caso es que decenas de millares de argentinos que acuden a comprobar sus apellidos en los censos, electorales advierten con estupor la aparición en ellos de los datos de familiares desaparecidos hace siete años, dados oficialmente por muertos por la actual Junta Militar, pero que el caos administrativo no ha sabido borrar del listado de votantes.Mañana será levantado el estado de sitio que rige en el país desde marzo de 1976, aunque la Junta Militar no ha decidido si lo reimplantairá pasados los comicios y hasta su entrega del poder. 48 horas antes de la elección, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal quedarán acuarteladas en cumplimiento de dos operativos (mínimo y máximo) para garantizar los comicios. De las elecciones se ha responsabilizado el triunviro teniente general Nicolaides, comandante en jefe del Ejército de Tierra, asistido por el teniente general Trimarco al frente del primer cuerpo del Ejército del país, acantonado en Campo de Mayo. Se suspenderán los encuentros de fútbol y el domingo no se expenderán bebidas alcohólicas hasta las ocho de la tarde. El sábado, el presidente, general de división Reynaldo Bignone, se dirigirá al país en lo que será una más -y acaso la última- de sus conocidas admoniciones exigiendo calma y sensatez. El presidente electo será investido entre el 15 y el 20 de diciembre, según los cálculos militares, que han intentado reducir al máximo el interregno entre las elecciones y la jura del nuevo mandatario civil. Éste es otro de los problemas jurídico-formales irresueltos: quién rinde el poder. Ahora la máxima autoridad institucional argentina no es el presidente Bignone, sino la Junta Militar, y no hay candidato que quiera iniciar su mandato recibiendo el traspaso de poderes de los triunviros Nicolaides, Franco y Hughes.

Sea como fuere, ha podido confirmarse, pese a los insistentes desmentidos de los protagonistas, una reunión de 45 minutos, hace menos de 20 días, entre los candidatos a la Presidencia peronista y radical, en un piso porteño. En la reunión, celebrada sin testigos, se habría sellado un acuerdo sobre los primeros nombramientos entre las Fuerzas Armadas por el poder civil y un pacto de caballeros para otorgar al ganador de las elecciones una trepa política y sindical de 120 días.