España y el Mercado Común

LA DECISIÓN adoptada por los ministros de Agricultura de los países del Mercado Común, al aprobar una reforma de los reglamentos del sector hortofrutícola, confirma los temores del Gobierno español sobre la jugada francesa que se avecinaba, motivo de los ataques lanzados por Felipe González contra la falta de solidaridad de los miembros de la Comunidad Económica Europea -en especial de algunos Gobiernos socialistas- durante su viaje a Italia y Grecia. El presidente del Gobierno dejó claro el contenido de su mensaje: la opinión pública española no puede seguir esperando sine die nuestra adhesión a la CEE; Europa occidental sólo conseguirá una plena participación de España en todas sus instituciones cuando de verdad se produzca su integración en el Mercado Común, tema prioritario de nuestra política exterior. El presidente del Gobierno llegó a pronunciar una enigmática amenaza al afirmar que, si después de diciembre de 1983 no existe una respuesta clara y satisfactoria sobre la forma, el contenido y la fecha de esa integración, España podría cambiar la orientación de su política exterior.Pese a la provocadora actitud -como él mismo la calificó en Atenas- del presidente del Gobierno español, los tres miembros comunitarios del sur europeo -Francia, Italia y Grecia- gobernados por presidentes socialistas contribuyeron ayer a entornar más las puertas del Mercado Común para nuestro ingreso. El temor español, plenamente justificado por los hechos posteriores, se centraba en el reglamento hortofrutícola, al que los acuerdos de la última cumbre comunitaria, celebrada en Stuttgart, englobaban dentro de la reforma completa de la política agrícola (PAC) y del sistema financiero, proceso de revisión que iría unido a la adhesión de España y Portugal. El interés del Gobierno francés por beneficiar a sus agricultores del Mediodía, indisociable de su miedo electoralista a seguir perdiendo puntos en la carrera hacia las urnas de 1986, hizo que París presionara durante las últimas semanas para sacar adelante, y por separado, esos reglamentos antes de la próxima cumbre comunitaria del 6 de diciembre en Atenas. Al acordar ayer los ministros de Agricultura de los diez proteger las frutas y las verduras -el llamado acervo mediterráneo de la competencia procedente de terceros países, España no sólo tendrá que pagar en adelante un mayor arancel (entre el 8% y el 20%) para vender sus tomates y sus naranjas en la Comunidad, sino que verá duramente condicionadas las negociaciones para la integración de nuestra agricultura. Mientras España sea un tercer país, exterior a la CEE, la condena de nuestro competitivo sector de frutas y hortalizas será todavía más severa como consecuencia del alza de los derechos arancelarios. Y al tener que partir las negociaciones de ese nuevo acervo proteccionista, las frutas y verduras españolas estarían, durante el período transitorio, en una situación más desventajosa que la actual. El acuerdo implicaría, además, una ampliación de los calendarios, es decir, una extensión de los períodos durante los cuales los mercados comunitarios permanecerían cerrados para nuestros agricultores.

Tal vez lo más lamentable de este gesto insolidario es que el apremio de nuestro ingreso haya podido servir de pretexto para que los productores mediterráneos de la CEE impongan sus criterios proteccionistas, contrarios a los intereses de los países europeos del Norte, deseosos de un suministro barato y variado de productos frescos. El optimismo de algunos funcionarios españoles -entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores- ante la noticia, interpretada como un elemento positivo que permitiría desbloquear las negociaciones españolas en otros temas, carece de fundamento si se mira desde ese punto de vista. La circunstancia de que desaparezcan formalmente los requisitos previos para nuestra entrada, devolviendo la situación a los tiempos anteriores a la cumbre de Stuttgart, no puede ocultar que los términos de la negociación resultarán ahora mucho más duros y tal vez incompatibles con los intereses nacionales. Como decía un eufórico burócrata francés de la Comisión de Agricultura de la CEE, "España ingresará en esas condiciones o no ingresará". Pues esas condiciones son inaceptables.