Unánime condena en Argentina de la ley de autoamnistía promulgada por los militares

La condena por la promulgación de la ley de Pacificación Nacional ha sido unánime con excepción de la Iglesia católica, que ha optado por guardar silencio. Sólo los obispos de Quilmes y Neuquen -el ala progresista de la Conferencia Episcopal argentina- han expresado se repulsa a título individual. La indignación y el rechazo encendidos han sido, una vez más, patrimonio de las organizaciones de derechos humanos.

La autoamnistía, por otra parte, se solapa con la aprobación de un proyecto de ley "de enjuiciamiento de actividades terroristas y subversivas" por el que tales delitos serán atendidos por la justicia ordinaria pero en procedimiento en los que los jueces federales oficiarán de jueces de instrucción y las cámaras de lo penal serán tribunales de sentencia no apelable. Será una ley que acelerará y agravará los procedimientos judiciales contra la subversión.Esta ley de pacificación es la amnistía número 27 de la historia argentina, y de las que sólo una -la de 1946- fue derogada por el Congreso, tras ser vetada por el propio poder ejecutivo. La última amnistía fue la firmada por el presidente Héctor Cámpora en 1973 para beneficiar a la izquierda peronista. Con la amnistía firmada el jueves por el presidente Bignone para beneficiar a la extrema derecha civil y militar, Argentina cierra perfectamente el ciclo de estos 10 años que, en el mejor de los casos, habrán sido inútiles para el país.

La autoamnistía no comprende a quienes se encuentran afectados por sentencia firme, aunque prevé la posibilidad de que el Gobierno reparta indultos, e insta a ello. Éste será el caso de la única española prisionera en Argentina por razones políticas: María Consuelo Castaño Blanco, de Noya, esposa de un líder montonero desaparecido, madre de tres niñas, condenada en consejo de guerra a seis años, de los que ha cumplido cuatro.

El viernes, la Junta Militar recibió el informe de la comisión interarmas y analizó la guerra de las Malvinas. El informe pasará ahora a la comisión de auditores y posteriormente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que habrá de juzgarlo. El único civil encausado es el ex canciller Costa Méndez, a quien se reprocha haber evaluado incorrectamente la respuesta internacional a la ocupación argentina de las islas. La lista de militares que serán juzgados comienza por los miembros de la anterior Junta Militar, con el ex presidente Galtieri a la cabeza, y termina con el tristemente célebre capitán de corbeta Alfredo Astiz, que rindió las Georgias del Sur.

Ha llegado a Buenos Aires en visita oficial de varios días el almirante Saturnino Suanzes, jefe del Estado Mayor de la Armada española, quien el próximo miércoles condecorará solemnemente al almirante Rubén Franco, jefe de la Armada argentina y triunviro de la Junta Militar. El almirante Suanzes proviene de Montevideo, donde ha honrado igualmente al jefe de la Armada uruguaya. Se carece de esperanzas sobre una pronta liberación de alguno de los 15 españoles condenados por razones políticas en Uruguay.

Por otro lado, el martes llegará a Buenos Aires en visita de placer el ex presidente del Gobierno español Leopoldo Calvo Sotelo.