El fin de la hegemonía industrial del País Vasco

Las recientes inundaciones que han conmovido al País Vasco, aparte de las secuelas de muerte y desolación, han venido a representar, desde un punto de vista económico, el fin de la hegemonía industrial vasca en general, y de la vizcaína en concreto.El descubrimiento, a mediados del siglo pasado, del mineral de hierro existente en las Encartaciones hizo conformarse en las márgenes del río Nervión el núcleo industrial más importante de España. Desde entonces, hablar de grandes industrias o de importantes concentraciones laborales era referirse al País Vasco. No es que los efectos de las recientes riadas hayan resultado determinantes en el proceso recesivo de la industria vasca, pero sí han venido a suponer el cierre de este paréntesis hegemónico. Desde hace aproximadamente una década, Euskadi ofrecía una evolución decreciente en sus aportaciones al PIB nacional, a la vez que perdía puestos en la cabecera de las clasificaciones de renta por habitante.

La reciente catástrofe ha acentuado y teñido de notas dramáticas este proceso recesivo, cuyos aspectos más destacados lo constituían los planes de reconversión que afectaban a la siderurgia integral y a la naval, y cuyo último objetivo lo constituía la necesidad de intención de adecuarlas a las necesidades actuales, devolviéndolas una parte de su pujancia y rentabilidad perdidas. Las consecuencias en el campo económico de las recientes inundaciones van a ser, fundamentalmente, de dos órdenes: por una parte, se va a observar un empobrecimiento de Euskadi, que reflejará directamente su hacienda autónoma y que repercutirá en el resto del Estado; por otra, el riesgo de que se incremente el ritmo de pérdidas de puestos de trabajo se convierte en una realidad casi tangible.

Las exenciones tributarias concedidas a los damnificados por esta catástrofe van a tener una repercusión inmediata en las recaudaciones de la hacienda autónoma. Vizcaya, la provincia más afectada, aportaba el 53% de los ingresos totales de esta hacienda, y a su vez obtenía en torno al 70% de sus fondos a través de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades.

En el aspecto laboral, el desempleo, que ya presentaba un índice ligeramente superior al 20% de la población activa, podría verse lanzado hasta las proximidades del fatídico 30% en los próximos meses.

No obstante, este empobrecimiento, como antes queda señalado, no afectará sólo a Euskadi. Toda España, y es conveniente insistir en ello, sentirá los efectos. La concentración de la industria pesada, que ha sufrido importantes daños, en este territorio ha hecho que la asignación de fondos extraordinarios de ayuda resulte no sólo necesaria, sino casi imprescindible. Ayudas estimadas en magnitudes próximas a los 500.000 millones de pesetas posiblemente no sean suficientes para atender a todas las necesidades que ha creado el devastador efecto de las aguas, y, sin embargo, estas cifras representan casi la mitad del déficit presupuestario español.

Para financiar cantidades de fondos de esta magnitud, además de detraer recursos de otras partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado, habrá que buscar donde sea ingresos adicionales sin que por ello se pueda evitar el riesgo de que se generen tensiones inflacionistas. El lugar de donde saldrán estos fondos será sin duda el bolsillo de los ciudadanos españoles en su conjunto, por la vía de un posible incremento en la presión fiscal y, en cualquier caso, como consecuencia de un endurecimiento en las condiciones crediticias generales. Así, los españoles realizarán un importante esfuerzo solidario, por otra parte indispensable para la economía nacional, que buscará la reconstrucción económica, social e industrial de Euskadi.

El Gobierno central es el legítimo representante del conjunto de los ciudadanos españoles y debe ser, por tanto, el máximo responsable del destino y aplicación de las ayudas extraordinarias que se decidan. La obligación del Ejecutivo de Madrid se centra en establecer las fórmulas para que estas ayudas sean optimizadas al máximo en función de su limitación y del esfuerzo que van a representar para el conjunto de los contribuyentes. En pura lógica, debe contar con el Gobierno vasco como conocedor directo de la situación y administrador de los canales autonómicos.

No parece lógico pensar que el Gabinete que preside Carlos Garaikoetxea vaya a asumir el carácter de restitución por fondos entregados secularmente a la Administración central que desde algunos batzokis se está pretendiendo dar a las ayudas extraordinarias prometidas.

A pesar de estas consideraciones, quienes más de cerca han vivido la catástrofe y sienten en su propia carne los profundos desgarrones que ha dejado el aluvión en el tejido económico y social de Euskadi pueden ver, de alguna forma, empañado su criterio. La reconversión de la industria vasca hacia un modelo en el que la tradicional utilización intensiva de mano de obra dé paso a un nuevo diseño empresarial con el factor capital actuando como elemento predominante, es una tentación en la que hay que pensar no caerán los hombres de Vitoria aprovechando la conjunción de los factores de casi destrucción de algunas instalaciones junto con la llegada de fondos extraordinarios.

La modernización de la estructura productiva vasca es no sólo deseable por todos en las actuales circunstancias, sino que resulta exigible, pero no debe servir para enmascarar otros propósitos que tendrían como efecto inmediato un vertiginoso incremento del paro y la traslación nuevamente de este problema al ámbito del Estado.

Corresponde, por tanto, a la Administración central establecer, de acuerdo con el Gobierno autónomo vasco, un programa pormenorizado de objetivos y prioridades en el destino de los fondos con que se doten las partidas para paliar los efectos de las recientes inundaciones, y hacerlo con la mayor rapidez posible, dándolo a conocer inmediatamente a quienes lo van a pagar, es decir, a los contribuyentes.