El socialismo y la comunicación de masas

Entre los grandes problemas que deberá afrontar la sociedad española y su Gobierno socialista, reconocida la prioridad de otras cuestiones políticas, económicas, de defensa y de política exterior, figura, sin duda entre las más importantes la de las políticas de comunicación.Política de comunicación para el socialismo democrático debería significar, desde luego, respeto a la libertad de expresión y garantía plena del pluralismo, pero también planificación, promoción de los sistemas comunicativos entendidos como bienes públicos, el acceso a los cuales no llega a todos ni se desarrolla equilibradamente cuando la iniciativa dominante es la del interés privado.

El Gobierno socialista deberá plantearse la necesidad de elaborar una política de comunicación democrática que garantice el pluralismo y que permita que los medios de comunicación cumplan, en síntesis, con una doble función: permitir la organización social desde el nivel estatal hasta el nivel local, ampliando la participación real de los ciudadanos en la vida pública, favoreciendo el debate y la acción social, y, en segundo lugar, difundir la cultura en sus distintos niveles, incluyendo entre ellos, naturalmente, el de la distracción.

En este contexto, la televisión se presenta como el principal problema de la política comunicativa. Parece claro que un socialismo moderado, aunque no se proponga sino muy limitadamente el proceso de nacionalización, no deberá proceder a la privatización de la televisión. El socialismo debe ahora ser capaz de demostrar que, además de hacer una limpieza administrativa general, hace posible una televisión entendida como servicio público, respetuosa con el pluralismo, capaz de cumplir adecuadamente con las dos funciones arriba mencionadas.

La televisión, ante todo, deberá dejar de concebirse como un portavoz del Gobierno y aun de la clase política. Debe ampliarse la libertad de decisión de los profesionales; deberían aumentar los debates y la producción propia; deben promoverse las acciones de desarrollo cultural y social en el campo de la sanidad, la educación, la tercera edad, la gente del campo, etcétera. La televisión debe ahora dejar de ser la caja tonta y aburrida que hemos sufrido, salvo excepciones, con la programación de los últimos años. El cambio, a nivel de vida diaria, pasa por el cambio de la imagen que la televisión ha venido dándonos de nosotros mismos y de nuestro entorno.

Revisar el sistema televisivo

En el terreno de la organización estatal y política, incumbe a la televisión otra tarea que estimo decisiva para el futuro de nuestra democracia: el cambio del flujo comunicativo centralista que hemos heredado del franquismo y que en los últimos años no se ha podido quebrar. Es necesario revisar el actual sistema televisivo, que encierra a cada comunidad autónoma en su tercer canal y deja que la voz de todos siga siendo la voz del centro, que interpreta, explica, selecciona y distribuye la voz de la periferia. La España de las autonomías no será posible mientras persista la incomprensión y la ceguera de los estereotipos, mientras las voces no circulen directamente desde una parte hasta otra del Estado. Desde Cataluña hasta Andalucía, y desde Andalucía hasta Cataluña, por ejemplo.

La política de comunicación no puede limitarse, desde luego, a este medio predominante. El nuevo Gobierno deberá afrontar otros numerosos problemas comunicativos. Destacaré algunos de los que creo más importantes: establecimiento de una nueva política de ayuda a la Prensa capaz de garantizar el pluralismo, lo que significa no concentrar la ayuda en los más fuertes; revisión de la política respecto de la Agencia Efe y su influencia internacional, particularmente en Latinoamérica; política de reconversión tecnológica en el sector de las telecomunicaciones, sector punta del desarrollo; revisión de la estrategia ante la implantación de la televisión directa vía satélite, adaptando su implantación a las exigencias de pluralismo y descentralización ya mencionadas.

Deberá abordarse una nueva política de investigación de la comunicación y de la cultura (Mattelart acaba de finalizar un informe para el Gobierno Mitterrand sobre este tema). Deberán reconocerse los derechos de los profesionales, pero también los de los actuales estudiantes y licenciados en Ciencias de la Información. Deberá exigirse la competencia que les corresponda a las instituciones actualmente responsables de esta investigación: las facultades de Ciencias de la Información y los institutos y servicios dependientes de RTVE.

Cultura como servicio público

Esta serie de acciones, decíamos al principio, deberá regirse por un extremado respeto al ejercicio real del pluralismo y a una comprensión de la información y la cultura como servicio público. Ahora bien, esto también tiene que ver con una reconsideración de la importancia de los ámbitos de comunicación. La política socialista de la comunicación no puede ser únicamente una política de los grandes medios. Dicho de otra manera, deberá demostrarse ahora que la atención de la izquierda por los medios pequeños, por la prensa de barrio, la radio local o municipal, no respondía a un interés derivado de su limitación de poder al ámbito local, de los municipios y las diputaciones.

Un colega brasileño, candidato de la izquierda, me decía: "¿Para que vamos a ocuparnos de lo alternativo ahora que estamos a punto de conseguir el control de la televisión masiva?". Mal enfoque. Enfoque contradictorio con los ideales y la finalidad del socialismo democrático. La información entendida como servicio público debe dejar de ser instrumento de control, y debe convertirse en instrumento de participación, y esto pasa necesariamente por la promoción de los niveles intermedios de comunicación. Deberá revisarse el plan actual de concesión de licencias de radio, que ha favorecido la concentración y que no ha partido de la voluntad de utilizar al máximo las posibilidades reales del mapa radioeléctrico.

Por desgracia, el debate sobre la información y sus relaciones con la democracia alcanzan, entre nosotros, niveles de desarrollo intelectual muy limitados.

La tradición franquista de la información -primero por Gabriel Arias Salgado, después con el neofranquismo de Fraga Iribarne y el más reciente liberalismo, que ha confundido con frecuencia la situación de la información de finales de siglo con la que corresponde a los medios tecnológicos modernos- determina un cuadro conceptual confuso y objeto de presiones interesadas. Esta será la primera nube que deberá disipar la política comunicativa socialista, en la que a priori caben tantos fracasos como posibilidades efectivas de cambio.