La Junta Militar argentina busca un acuerdo con la clase política sobre los 'desaparecidos'

El Gobierno militar argentino está buscando un acuerdo con los líderes políticos del país en el tema de los desaparecidos. Un fracaso sobre este tema puede bloquear el prometido retorno a la democracia.

El descubrimiento en las últimas semanas de cerca de 1.000 cuerpos en seis cementerios ha disparado las sospechas públicas de que los militares, pese a los mentís, conocen el destino de más de 6.000 personas que han desaparecido durante el período en el que estaban combatiendo a la insurrección de la izquierda con el apoyo de muchos argentinos.Organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos están solicitando órdenes judiciales para exhumar los cadáveres y determinar su identidad. Los militares temen la investigación que pueda realizar un futuro Gobierno civil. Algunos líderes políticos se han unido a las declaraciones de los sindicatos, de la Iglesia y de las organizaciones de derechos humanos, en las que se exige que los militares den cuenta de su conducta durante los años en que guerrilla fue aniquilada.

Los militares han prometido ceder el poder a los civiles en marzo de 1984, pero el presidente Reynaldo Bignone ha expresado dudas sobre el calendario previsto y ha anunciado recientemente que se buscaría un acuerdo con el Ejército. El presidente dijo que este acuerdo no era una condición previa para el regreso a la democracia, pero muchos líderes civiles vieron en esta afirmación un claro mensaje.

Un obstáculo para la democracia

El general Llamil Reston, ministro del Interior, dijo recientemente que los casos de la gente desaparecida debían ser analizados, en el contexto de la transición hacia la democracia, como un "obstáculo" a ser superado. Hace un mes el Gobierno prohibió toda información sobre el tema. El tema surge en un momento en que la situación de los derechos humanos ha mejorado desde las desapariciones de los años setenta, y la tortura ha dejado de practicarse desde hace dos años. Existe además mayor libertad de Prensa.El Gobierno ha ido dejando progresivamente en libertad a los detenidos políticos, y actualmente sólo existen 316 bajo la legislación del Estado de sitio dictada hace siete años. Esta cifra supone un tercio de la que existía hace un año, y Reston ha declarado que serán puestos en libertad para el fin del año próximo. Muchos argentinos, que en su momento aceptaron las técnicas represivas de los militares para luchar contra el terrorismo de izquierdas, han cambiado de opinión ante la evidencia de que muchas de las víctimas de la represión murieron por errores, corrupción y oportunismo político.

La voluntad de enfrentarse al Gobierno militar aparece en un momento en el que las fuerzas armadas se encuentran debilitadas por la derrota de las Malvinas. Además, el Ejército aparece dividido, y se sospecha entre los líderes políticos que un grupo de coroneles ha distribuido un documento a los medios de comunicación en el que se rechazan las elecciones. El documento estaba firmado por una clandestina "Junta de Comandantes Supremos". Existe el temor entre los líderes civiles de que los elementos más duros del Ejército puedan derribar al Gobierno de Bignone para silenciar las críticas sobre derechos humanos.