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ECOLOGÍA

El OIEA quiere permanecer neutral en la polémica sobre el vertido de residuos radiactivos en el Atlántico

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en la capital austriaca, desea pasar lo más inadvertido posible y mantenerse al margen de la creciente controversia y politización del vertido de residuos radiactivos en la fosa atlántica, a trescientas millas marinas de la costa gallega.

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Esta es la impresión en círculos del OIEA, organismo que, según sus estatutos, tiene la finalidad de "procurar acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, a la salud y la prosperidad en el mundo entero".La reacción del organismo ante el vertido de basura nuclear que se realiza actualmente ha sido cautelosa. Un alto portavoz autorizado del OIEA, que no quiso ser citado por su nombre, reiteró a EL PAÍS que, "según la Convención de Londres, el organismo no tiene una función de control sobre el vertido de residuos nucleares al mar".

La Convención de Londres, entrada en vigor en 1975 y ratificada por 47 países, entre ellos España y Holanda regula a nivel de derecho internacional el vertido de residuos de cualquier tipo al mar. Al OIEA le correspondió, dentro del marco de la convención, el redactar una normativa que establece los criterios, límites y recomendaciones para el vertido marítimo de los residuos nucleares. En la actualidad, cualquier operación de lanzamiento de basura nuclear al mar realizada por un país firmante de la convención debe ajustarse a la normativa de ésta y cumplir los requisitos de embalaje, concentración radiactiva, profundidad y emplazamiento del vertido, etcétera, que ha estipulado el OIEA.

El papel del OIEA, dijo el portavoz de este organismo, es el de un cuerpo de expertos que aconseja a las partes consultantes sobre problemas técnicos. "Así, por ejemplo, hemos definido los desechos radiactivos de alta actividad que no deben ser vertidos al mar y hemos recomendado a las autoridades nacionales los pasos que deben seguirse para la eliminación de residuos".

"Si España no está de acuerdo con el procedimiento de vertido que se lleva a cabo en la fosa atlántica puede llevar el tema a la reunión consultiva anual de la Convención de Londres, que es el foro adecuado para ello", señaló el representante del OIEA.

La creación de un cuerpo de inspectores que vigilen el vertido de desechos nucleares, semejante al cuerpo de inspectores de salvaguardias dependiente del OIEA, es un tema que depende de la voluntad de los Estados firmantes de la Convención de Londres, dijo el portavoz.

Para el representante el OIEA, las normas vigentes sobre el vertido de residuos nucleares al mar pueden mejorarse como cualquier otro resultado de la actividad humana"; sin embargo, subrayó, su redacción actual es "totalmente válida hoy en día", ya que está basada en el "conocimiento científico disponible".

Estas normas prevén en sí mismas su revisión periódica a medida que se vayan produciendo avances técnicos en el tratamiento de los residuos radiactivos. El tema de la basura radiactiva es el gran problema de la energía atómica en la actualidad, y la presencia de fórmulas ambiguas en la regulación vigente hace cuestionable la validez y actualidadde la misma, señalaron fuentes no oficiales del OIEA.

Las disposiciones del OIEA estipulan, por ejemplo, que las dosis de radiación resultantes de un vertido deben ser mantenidas "al nivel más bajo que sea razonablemente posible, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales" y no indica cuál es el criterio para determinar lo razonablemente posible, una fórmula que se repite en varias ocasiones dentro del texto.

En círculos del OIEA ha causado sorpresa la elevada representación española en la reunión de rutina de un comité técnico asesor ocupado de diversos aspectos del vertido marítimo de desechos nucleares, celebrada el 30 de agosto al 3 de septiembre. El comité, formado por representantes técnicos de más de una veintena de países y de organismos, examinaba, entre otros temas, las alternativas terrestres al vertido marítimo y la metodología hará las evaluaciones ambientales, del entorno marino, pero no tiene función decisoria.

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