Enmiendas del PSOE a los Presupuestos del Estado sobre la defensa de los consumidores

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha remitido a la Mesa de la Comisión de Presupuestos una serie de enmiendas que afectan tanto a las asociaciones de consumidores como a los organismos encargados en este momento de temas de consumo. Las enmiendas están enmarcadas dentro de las que este grupo parlamentario ha enviado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

En la primera de éstas se propone la devolución al Gobierno del presupuesto del Instituto Nacional del Consumo, para su reelaboración y ulterior remisión al Congreso, con el fin de que dicho presupuesto se relacione más con la defensa de los consumidores.En este sentido pide luego el grupo socialista, a través de otras enmiendas a la sección 22 (Ministerio de Economía y Comercio), que se cambie la denominación «para fomento de las actividades y desarrollo de las asociaciones de consumidores», por la de «fomento de las actividades y desarrollo de las asociaciones de consumidores afectados por el síndrome tóxico», así como la financiación de los gastos que puedan ocasionarle la defensa de los derechos de los afectados. Se propone, asimismo, el incremento de las aplicaciones presupuestarias del Instituto Nacional del Consumo, que iría encaminado a facilitar al Instituto el desarrollo y la realización de análisis comparativos, el control de calidad de los alimentos y el fomento y desarrollo de las asociaciones de consumidores.

Por otro lado, se propone la creación de otras aplicaciones presupuestarias que irían al desarrollo de actividades de educación al consumidor, dentro del sistema educativo, y a crear una dotación especial para los Tribunales Provinciales de Arbitrajes para los consumidores,y usuarios. Al mismo tiempo se propone la reducción, en casi un millón de pesetas, de los presupuestos cedidos a la Comisaría de Abastecl mientos y Transportes (CAT), que pasarían a incrementar el presupuesto del Instituto Nacional del Consumo. Dentro de la misma sección 22 se propone una enmienda de adición que dice:

«Por el Gobierno, en el plazo máximo de dos meses a partir de la aprobación de esta ley, se aprobarán las disposiciones reglamentarias necesarias para atribuir a un único ministerio las diversas competencias sobre consumo, hoy dispersas en los ministerios de Economía y Comercio y de Presidencia». El PSOE cree necesario que haya una organización administrativa capaz de realizar una política de defensa de los consumidores, a la vez que se reducen los gastos que genera la pluralidad de los altos cargos actualmente existentes.