Nueve mil personas han desaparecido en Argentina durante los cinco años de régimen militar

Amnistía Internacional ha responsabilizado al régimen militar argentino de la desaparición de cerca de 9.000 personas durante sus cinco años de existencia, según un informe que ha hecho público en México. La organización humanitaria denunció la existencia de dieciséis campos de concentración secretos, y estimó en 250.000 el número de argentinos que se vieron forzados al exilio por la persecución a que les sometió la dictadura de su país.

El informe incluye un mensaje enviado al presidente Roberto Viola en el que Amnistía Internacional muestra su preocupación por «las constantes violaciones de los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y otros agentes del Gobierno». Tras señalar que tiene pruebas concluyentes de que durante la gestión de Videla gran número de presos han sido sometidos a tortura, añade: «Parecería que siguen cometiéndose tales abusos».Durante los últimos cinco años, las fuerzas armadas argentinas han empleado métodos ilegales para hacer frente a lo que el Gobierno militar ha calificado de «estado de emergencia», recurriendo al secuestro y a la tortura de miles de personas. Aunque Amnistía Internacional admite que el número de denuncias por desapariciones ha decrecido, advierte que se siguen aplicando métodos ilegítimos de represión.

De los casi mil presos políticos que se encuentran en las cárceles, según declaraciones del anterior ministro del Interior, tan sólo trescientos han sido procesados y condenados, con métodos judiciales que, en opinión de Amnistía Internacional, están alejados de las normas internacionales sobre la imparcialidad de la justicia. Sin posibilidad de designar abogados civiles, apenas sin otra opción que la de pedir clemencia.

De los seiscientos prisioneros políticos restantes, muchos están en la cárcel desde hace varios años, por lo que su situación no puede considerarse como de «detención preventiva». El estado de sitio ha sido utilizado por las autoridades militares para el arresto de numerosos opositores no violentos, a pesar de que el propio Gobierno ha reconocido que ya no hay amenazas graves contra su seguridad.

Durante los últimos meses se ha suspendido en la práctica «el derecho de opción», que había permitido a muchos detenidos optar por el exilio.

Amnistía Internacional propone al Gobierno de Viola un plan de cinco puntos para superar esta situación: que el Gobierno informe sobre todos los desaparecidos, que libere o juzgue a todos los detenidos, revisión de los procesos militares a personal civil, que pongan término a los procedimientos ilegales de detención y que finalmente acepte la creación de una comisión independiente para investigar los abusos.