El Gobierno argentino publicó la ley sobre desaparecidos

El Gobierno militar argentino publicó el jueves una ley relativa a los familiares de los desaparecidos y se asigna una serie de derechos relacionados con la percepción de pensiones, retiros y beneficios sucesorios a aquellas personas emparentadas directamente con aquellas otras de las que se presume su muerte, según informó un despacho de la agencia France Presse, fechado en Buenos Aires.

En el artículo primero de la ley se establece que al cabo de un año de ausencia de su domicilio, si sobre la persona desaparecida existe una falta total de noticias sobre su paradero, sus familiares podrán hacer valer sus derechos a eventuales jubilaciones o herencias. La declaración de fallecimiento no surtirá efectos más que después de la convocatoria de desaparecido por parte de un juez, durante cinco días seguidos en los que la convocatoria aparezca publicada en el diario oficial. Si el desaparecido no responde a ésta en un plazo de noventa días, el juez puede decretar entonces su fallecimiento a efectos legales.

La ley prevé asimismo que las pensiones, jubilaciones o derechos sucesorios acordados después de la declaración de fallecimiento serán suspendidos en caso de retorno o de pruebas fehacientes sobre la permanencia con vida de la persona desaparecida.

Las organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos, por su parte, rechazaron ayer, en un comunicado conjunto, lo que entienden como una vulneración de las normas legales que regulan la ausencia de personas cuyo fallecimiento se presume. En el texto del documento conjunto, rubricados por la Liga Argentina de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la organización de madres y familiares de desaparecidos, así como por el Movimiento Ecuménico, se afirma que el «afianzamiento de la justicia se posibilita con el esclarecimiento de las situaciones de desaparición, y no con la declaración judicial de la muerte de los desaparecidos».

Videla habla de democracia fuerte y plural para Argentina

El general Jorge Rafael Videla, presidente argentino, manifestó ayer en la ciudad de Rosario que en un plazo prudencial, sin fijar fechas, se instaurará una democracia auténtica, plural, fuerte y estable en Argentina. Con relación a los partidos políticos, señaló que «serán, en su momento, los protagonistas inexcusables del sistema», si bien advirtió que «antes de que ello suceda se deberán superar los intereses sectoriales».Paralelamente a estas manifestaciones, el ex secretario de Estado norteamericanos William Rogers declaró en la ciudad argentina de Córdoba que se sentía gratificado por el hecho de que en Argentina se haya terminado con el terrorismo, ya que «no respeta los derechos humanos».

Por su parte, dos de las más importantes asociaciones científicas norteamericanas acusaron ayer formalmente al Gobierno argentino de ser responsable en la desaparición, tortura y muerte de numerosos científicos argentinos, según informa desde Washington la agencia Efe.

También las principales cadenas de diarios norteamericanos, así como la Oficina Latinoamericana de Washington (Wola) y el Consejo para Asuntos Hemisféricos (Coha), criticaron las recientes disposiciones gubernamentales de Buenos Aires sobre desaparecidos. « La insinuación de que miles de desaparecidos están muertos resulta aberrante», publicaba ayer el Washington Post, al citar a la entidad Wola, y un comunicado difundido el jueves por la Organización de Estudiantes Norteamericanos Graduados responsabilizó directamente al gabinete militar bonaerense de la «destrucción de documentos como medida supuestamente encaminada a eludir las investigaciones de una comisión de la Organización de Estados Americanos.» Esta comisión indagará sobre la observancia o la violación de las normas sobre derechos humanos en Argentina.

Un despacho fechado ayer en Buenos Aires daba cuenta de que el ministro argentino de Interior, general Albano Harguindey, confirmó ayer que el gabinete militar platense ha ofrecido alojamiento y trabajo a setecientas familias de refugiados indochinos. Agregó que se estudia caso por caso un paquete de peticiones de alojamiento enviadas por otras trescientas familias. El primer grupo, compuesto por una veintena de familias, llegará a Buenos Aires a primeros de septiembre.