El viaje del Rey

EL REY inició, anteayer, la escala argentina de su viaje por Latinoamérica, sin duda la más comprometida y delicada. La estancia en México ha tenido, con independencia de los acuerdos para fortalecer los intercambios comerciales y la cooperación económica entre los dos países, un doble significado, más próximo a la historia que a la política: la reconciliación simbólica entre la nueva España democrática y el exilio de la guerra civil, y el agradecimiento explícito del Rey de España al Estado y al pueblo mexicanos que tan generosamente acogieron en 1939 a los derrotados que eligieron ese país como etapa final de su doloroso trasterramiento. Los encuentros de Juan Carlos I con la colonia de antiguos exiliados, incorporados a la sociedad mexicana, y su conversación con la viuda de Azaña valen más, como comportamiento, que el gesto de quienes mantienen su lealtad a las instituciones republicanas; porque aunque se puede comprender la carga emocional que lleva a esos viejos republicanos a no renunciar a sus fidelidades, lo cierto es que el Rey, que tan decisivamente ha contribuido y sigue contribuyendo al proceso de democratización de España, sólo necesita ya de un referéndum específico sobre la forma de Estado para fundamentar su legitimación de derecho, ya que la de «ejercicio» la tiene acreditada. En el momento en que la opción republicana comienza a ser defendida desde los cuarteles de la ultraderecha golpista, la explícita aceptación en las Cortes por la izquierda parlamentaria -socialistas y comunistas- de la forma monárquica hace superflua una convocatoria electoral específica en torno a este tema. Ese proceso de instauración de la democracia en el que tan destacado papel ha jugado Juan Carlos de Borbón es seguido, por diferentes razones y desde distintas posiciones con un gran interés en los tres países visitados por el Rey. En México, la «reforma política» española ha sido estudiada con atención por el señor Reyes Heroles, secretario de Gobernación, que ha puesto en marcha un proceso similar para dar salida a las grandes tensiones sociales acumuladas a lo largo de varias décadas y que estuvieron a punto de hacer explosión bajo los Gobiernos del señor Díaz Ordaz y del señor Echeverría. Aunque las medidas hasta ahora instrumentadas para conceder el registro electoral a otros partidos -entre ellos el comunista- y rebajar el monopolio del PRI al estatuto de simple hegemonía parecen más inspiradas por la «reforma Fraga» que por la «reforma Suárez», la voluntad de estudiar el ejemplo español se halla fuera de duda. La situación de Perú, en la que coexisten los órganos del Estado que reciben su legalidad de la soberanía militar con una Asamblea Constituyente nacida de la soberanía popular, explica por sí sola la atención que se presta en aquel país a la experiencia española. Finalmente, los posibles elementos, cuya existencia puede conjeturarse pero todavía no ha sido probada, que propugnarían, dentro de la dictadura militar argentina, la devolución de la soberanía al pueblo y de las libertades a los ciudadanos, tendrían en el proceso español un valioso ejemplo. Un sistema cerrado de poder como era el franquista y como es hoy el argentino puede deparar grandes sorpresas en su evolución. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuáles son las fuerzas que se mueven en su interior. Desde fuera, sin embargo, lo que puede verse en Argentina es un panorama muy semejante al de las horas altas del franquismo: una represión implacable y selectiva que viola el catálogo entero de los derechos humanos, pero que no altera el sueño, sin embargo, de los sectores de la población que se resignan a la vida privada. Aquellos defensores de Videla que no son simples apologistas de la dicta dura suelen utilizar el argumento del mal menor; aunque no siempre de manera explícita y rotunda, incluso los comunistas argentinos afirman que la actual situación es la menos mala de las posibles y dan un cierto apoyo crítico a las promesas de liberalización del sistema. Otros conocedores de la realidad argentina, a cuyos razonamientos confiere últimamente mayor plausibilidad el clima prebélico creado por el Gobierno de Buenos Aires a propósito del litigio fronterizo con Chile, descartan la hipótesis de que Videla sea el último baluarte contra los sectores más fascistas de las Fuerzas Armadas argentinas y se inclinan por la teoría de que se trata de un simple, reparto de papeles. En cualquier caso, el trasfondo histórico de la dictadura argentina y los desafíos con que se enfrenta su dominio no son los de Chile. El golpe de marzo de 1976 no se dio contra un presidente constitucional en el pleno ejercicio de su legalidad, sino contra un grupo esperpéntico que había recibido el poder gracias al fallecimiento del general Perón y que, desde el Estado, había creado el desorden, la inseguridad y el caos, utilizaba policías paralelas para abatir a sus adversarios, y saqueaba los fondos públicos de la nación. Desde septiembre de 1973, la dictadura de Pinochet no recibe más impugnación que la resistencia civil y pacífica de una población despojada de sus libertades; mientras que, en Argentina, los Montoneros siguen intentando una imposible cuadratura del círculo: hacer compatible una cruenta guerrilla urbana con las movilizaciones pacíficas de oposición a la dictadura.

El viaje del Rey a Buenos, Aires fue criticado por los sectores de la oposición argentina que se mueven en torno al Partido Montonero. Si se toma en consideración el mítico papel asignado en la iconografía de ese movimiento a la figura de Eva Duarte, y se recuerda el viaje, a España de la esposa de Perón en uno de los momentos más duros de la dictadura franquista, no cabe sino mostrar una cierta perplejidad acerca de la coherencia ideológica de esos herederos del justicialismo y de la fidelidad de su memoria histórica. Pero la visita también fue contemplada críticamente por la izquierda parlamentaria y por la opinión democrática españolas. Las dudas que pudieran todavía existir sobre el significado del viaje de don Juan Carlos han quedado disipadas después de su primer discurso. El Rey no ha ido a Buenos Aires a consolidar una dictadura ni a hacer el elogio de las instituciones autoritarias. Sus palabras en defensa de la Constitución española y del proceso de transición de nuestro país hacia la democracia constituyen, dentro del código de la cortesía diplomática y del respeto a la soberanía de otros países, un mensaje diáfano sobre sus propósitos. Más aún, la explícita defensa de los derechos humanos y su intercesión por los represaliados políticos.

Tanto en México como en Argentina, Juan Carlos I ha hecho referencias emocionadas a la hospitalidad de esos países al exilio político y a la emigración económica procedente de España. No parece demasiado exigir que el Gobierno extraiga las conclusiones pertinentes respecto a la situación en España de los exiliados políticos procedentes del Cono Sur y de los profesionales latinoamericanos que han llegado a la Península en busca de paz civil y oportunidades de trabajo. Porque sería una burla sangrienta e indigna que, después de este histórico viaje del Rey, fueran ejecutadas las amenazas del Ministerio del Interior de expulsar a los refugiados argentinos, uruguayos y chilenos que carecen de documentación -porque sus consulados no les extienden el pasaporte al que tienen derecho- o que todavía no han encontrado trabajo. La pronta promulgación por las Cortes de un Estatuto de Asilo Político y la solidaridad de la sociedad española con los emigrados latinoamericanos son las respuestas a esos dos problemas, no su expulsión.