Compromiso comunitario para ayudar a la economía mediterránea

El programa de ayuda comunitario a las regiones agrícolas del sur de Italia y de Francia fue aprobado, en principio, por el Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE. reunido en Luxemburgo. Su aceptación completa depende del compromiso vitivinícola que París y Roma acuerden en el marco de la Comunidad. Los franceses quieren la determinación de un «precio mínimo» y un incremento de los porcentajes de vinos que pueden ser destilados en alcohol, para mejor controlar la comercialización. En su interés por concretar un «precio mínimo» para el vino, Francia pretende salvaguardar su, ventajas frente a las ventas de vino italiano, hoy, y vino español, cuando mañana España forme parte del Mercado Común.Las medidas a favor del agro mediterráneo de la CEE comprenden concesiones financieras para proyectos en el Mezzogiorno italiano (repoblación forestal e información agrícola) y planes de irrigación en el Midi francés y la isla de Córcega.

Se trata, en realidad, de las primeras ayudas comunitarias a los dos países ya miembros de la CEE que serán más afectados por la competencia agrícola de Grecia, España y Portugal, cuando se realice el programa de ampliación comunitaria. El total de ayudas financieras al agro mediterráneo de la CEE se eleva, por el momento, a 230 millones de unidades de cuenta (unos 2.200 millones de pesetas). Tanto París como Roma consideran, sin embargo, que serán necesarias otras ayudas complementarias para hacer frente a la competencia de los futuros países miembros.

Prórroga de la campaña oleícola

Siempre en el sector asirícola. el Consejo decidió prorrogar por dos meses complementarlos (hasta el 1 de enero de 1979) la actual campaña comunitaria para el aceite de oliva. Para entonces la CEE deberá fijar los nuevos precios para la comercialización y ayuda para la del consumo de aceite de oliva en el Mercado Común.

El capítulo agrícola es el más problemático de toda la operación de ampliación del Mercado Común. Los expertos comunitarios se orientan, por el momento, a una política de ayudas directas -como las definidas actualmente en Luxemburgo- que serán acompañadas de largos períodos de transición, a respetar por los nuevos países candidatos, antes de poder competir libremente con las actuales producciones meridionales de la CEE. El mandato agrícola, aprobado hace unos días por la Comisión Europea, para la negociación del tratado de adhesión de Grecia -donde se solicitan períodos transitorios de cinco años, para el 65% de producciones griegas, y de siete años, para el 35% restante- ofrece una primera prueba de lo que la Comisión propondrá, posiblemente, para España en su mandato de negociación.

Por último, hay que destacar que John Silkin, ministro británico de Agricultura y Pesca, explicó a sus colegas comunitarios que Londres está dispuesto a revisar ciertos puntos de sus medidas unilaterales de pesca, en función de los derechos históricos pactados con otros Estados comunitarios. La próxima sesión del Consejo Agrícola de la CEE del mes del 24 de noviembre, dedicada exclusivamente a la pesca, podría aportar nuevas precisiones. Aunque, por el momento, no se vislumbra ningún cambio de actitud por parte británica para aceptar la firma del acuerdo-marco de pesca entre España y la CEE, Silkin, sigue opinando que es imprescindible tener una política común de pesca en el interior de la CEE, antes de contraer compromisos con otros países.

Joseph Ertl, ministro alemán de Agricultura y presidente en funciones del Consejo de la CEE, anunció que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas, a mediados de noviembre, para el reparto de cupos de pesca comunitaria para el año próximo. También habrá nuevas orientaciones sobre derechos históricos y medidas de conservación. Tres puntos, en definitiva, que deberían contribuir a un cambio de actitud del Gobierno británico que, hoy por hoy, bloquea todo compromiso común de política pesquera en la CEE.