Chilenos excarcelados declaran ante las Naciones Unidas

El problema de los prisíoneres políticos y de las torturas en Chile, hecho denunciado y condenado a brumadoram ente en los tres últimos anos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue superado en 1976 y lo que va de 1977, por la impalpable variante de los desaparecidos en manos de la policía secreta de la junta militar, la DINA.Sobre la existencia y el carácter masivo de esta nueva etapa represiva, dentro del marco de la violación de los derechos humanos en ese país, existe plena coincidencia entreinformes y denuncias concretas de instituciones internacionales humanitarias y la Vicaría de la solidaridad, organismo dependiente del arzobispado católico de Santiago. Pero un tercer elemento se sumó en estos días a la denuncia de los desaparecidos: el comparecimiento de más de dieciocho ciudadanos, recientemente liberados, ante el grupo especial de las Naciones Unidas que investiga la situación actual de los derechos humanos en Chile.

A pesar del carácter secreto de los testimonios, los periodistas tuvieron a algunos testigos en los pasillos del Palacio de las Naciones o en lugares de alojamiento en Ginebra. Todos ellos manifestaron que expresamente habían evitado el relato de sus sufrimientos personales en cárceles y campos de concentración para dar cabida a testimonios directos sobre ciudadanos que encontraron en centros de torturás, algunos de ellos moribundos, y sobre los cuales la junta de la DINA niega su detención.

Es el caso de Marta Ugarzan, militante izquierdista, vista en el conocido centro de torturas conocido bajo el nombre de Villa Grimaldi, cuyo cadáver fue encontrado despedazado en una playa del Pacífico, caso en torno al cual la prensa de la Junta, única existente en Chile, urdió la teoría de un drama pasional. Su cadáver fue reconocido gracias a un examen dental. Víctor Díaz, secretario general de la proscrita Central Unica de Trabajadores, desaparecido desde hace ocho meses, fue visto en el mismo centro de torturas.

Entre los testigos conocidos, por los cargos que ocuparon durante el Gobierno de Allende, estuvieron José Cademartori, ministro de Economía, y Daniel Vergara, subsecretario del Interior, ambos recientemente liberados. El ex ministro de Justicia Sergio Insunza, que prestó testimonio en relación a su subrino desaparecido, y la periodista Gladys Díaz, sometida a feroces torturas.

El grupo especial que investiga la violación de los derechos humanos en Chile, antes de comenzar la redacción del informe que deberá someter a la Comisión de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, compuesta por embajadores de 32 países y que comenzará sus sesiones el próximo 7 de febrero, recibió también en calidad de testigos, que niegan absolutamente la existencia de estos hechos, a tres abogados enviados por la Junta

La versión oficial de la Junta sería que en Chile queda un solo prisionero sin proceso, el senador Jorge Montes, al que Pinochet ofrece cambiar por el cubano Herbert Matos, condenado por los tribunales de su país. Sin embargo, Sergio Insunza, ex ministro de Allende, en conferencia de prensa ofrecida hace algunos días en Ginebra, aseguró que el número de prisioneros asciende a 3.500, la mayoría de los cuales se encontrarían en cárceles y campos de concentración, además de los cientos de desaparecidos. Con respecto a estos últimos, la prensa juntista ha admitido que puede haber algunos desaparecidos, pero que es el costo ínfimo e inevitable que se ha pagado por la liberación de Chile.