La batalla política por la protección del catalán en la ley audiovisual relega las reivindicaciones del sector

Los productores españoles asisten sorprendidos ante el último giro de guion de la futura Ley General de Comunicación Audiovisual, que traspondrá la directiva europea sobre la materia y que tenía que haber estado lista el 19 de septiembre de 2020, cuando vencía el plazo impuesto por la Unión Europea. El retraso ha hecho que, de repente, la tramitación de la norma haya entrado en las negociaciones del Gobierno de Sánchez para sacar adelante sus Presupuestos Generales, pero en la mesa política no está justamente el embrollo que tiene con los nervios a flor de piel a toda la industria del audiovisual, que es saber quién recibirá el dinero que por ley deban invertir las plataformas en España, sino un nuevo nudo gordiano: el porcentaje de esa inversión que se realizará en lenguas cooficiales distintas al castellano. ERC ha anunciado que no apoyará los Presupuestos si el Gobierno no protege el catalán en el audiovisual. Y el plazo de negociación acaba este viernes.

La directiva europea del audiovisual tiene, en su espíritu, la misión de proteger cine y series locales ante la expansión de grandes plataformas como Netflix, HBO o Disney+. Entre otras medidas, la ley prevé que los catálogos de estas plataformas incluyan “al menos un 30% de obra europea”. El borrador de la norma española establece que la mitad de ese 30% fuera destinado a obras en castellano u otras lenguas cooficiales, e imponía a las plataformas que invirtieran un 5% de sus ingresos generados en España en la producción de filmes y series del país, algo que ya cumplen desde hace años las televisiones privadas. Los productores de cine estaban peleando por que esa obligación se realizara a través de empresas independientes, que no formaran parte de los conglomerados audiovisuales, pero este debate ha quedado relegado por la pugna política a cuenta del idioma: ERC exige que se establezca que un porcentaje de los contenidos en estas plataformas deben estar en catalán, gallego o euskera. Fuentes de la presidencia de la Generalitat aseguraban anoche que se seguía negociando “aunque no se ha cerrado el porcentaje”. Y añaden: “El Gobierno de Sánchez ha hecho pequeños gestos, pero está lejos de lo que pedimos”. Desde la Generalitat insisten: “No hay que olvidar que no se puede poner al resto de las lenguas cooficiales en el mismo plan de igualdad que el castellano, porque en una lógica de mercado el catalán siempre perderá. Nuestra preocupación va más allá de las cuotas, y de los porcentajes que, con todo, son importantes”.

La futura Ley de Comunicación Audiovisual depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño. Fuentes de ese ministerio aseguran que la norma pasará por el Consejo de Ministros antes de que acabe el año (después llegará su trámite parlamentario), y explican por correo electrónico: “El Gobierno da importancia a todas las lenguas cooficiales del Estado. Esto quiere decir que nos importa y queremos el catalán, pero también el euskera, el gallego y el castellano, que es la lengua que nos une y que nos permite tener un papel tan potente en la producción audiovisual a nivel mundial”. Desde las dos obligadas audiencias públicas del anteproyecto, necesarias para recibir las alegaciones, ninguno de los consultados por EL PAÍS ha vuelto a ver el articulado.

A los productores, a la industria nacional independiente, el Gobierno no nos ha hecho ni caso”

María Luisa Gutiérrez, presidenta de Aecine

La productora María Luisa Gutiérrez ha sido la voz del sector en esta negociación, como presidenta de Aecine, la Asociación Estatal de Cine, que agrupa a las grandes productoras cinematográficas. “Sobre este debate del idioma, Aecine no se ha posicionado. Pertenecemos a la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes, donde también están los productores catalanes asociados en Proa, y apoyamos sus alegaciones”. Pero Gutiérrez subraya: “Esta no es una lucha que estén teniendo ahora los productores”. Entonces, ¿en qué batalla están? “En tres aspectos: la definición de productor independiente; en que la obligación de ese 5% —damos por perdido igualarnos al 17% de Francia o incluso a Italia, que maneja parecido porcentaje— sea íntegramente para productoras independientes —en el anteproyecto se dice que será un 70%— y no que sean de las mismas plataformas, y en cómo se definen los ingresos de TVE, que también serán regulados en esta norma”.

Pero la lengua importa. Jordi Oliva, presidente de Proa, asegura que quien puede producir en catalán son las productoras independientes: “Las empresas más grandes tienen que rendir cuentas ante unos consejos de administración que están fuera de España y a los que una producción en una lengua minoritaria, como puede ser el catalán, puede no ser rentable económicamente como lo sería otra obra audiovisual en otra lengua, por mucho que tenga un gran valor cultural. El hecho de que Netflix haya venido a producir aquí y no a otro país es porque hay talento, buenos artistas, buenos técnicos, buenos guionistas, buenos actores… porque lo hemos cultivado los productores independientes a lo largo de los años”. Oliva explica: “Estamos produciendo menos en catalán porque TV3, que era el motor de estas producciones en catalán, ya no las puede pagar”. Y, por ello, defienden, “un modelo de elección libre por parte del productor y del consumidor. Debemos tener la libertad de escoger cuál es la lengua mejor para nuestra obra. Y para hacer esto has de conseguir blindar unas cuotas, garantizar una financiación digna… Después la gente escogerá en qué idioma quiere consumir”, sostiene Oliva.

Debemos tener la libertad de escoger cuál es la lengua mejor para nuestra obra. Y para hacer esto hemos de conseguir blindar unas cuotas, garantizar una financiación digna”

Jordi Oliva, presidente de Proa, la federación de productores catalanes

Según el informe sobre Netflix en 2019 de la Plataforma per la Llengua, en el catálogo de la compañía había 326 películas que contaban con una versión doblada o subtitulada en catalán con dinero público que no se ofrecían en la plataforma. “Las nuevas generaciones ya están acostumbradas a leer subtítulos: ven cine, ven Netflix… en versión original con subtítulos. Si es rentable o no es una cuestión menos demostrable. Lo que pasa es que si no te arriesgas a hacerlo no lo sabrás nunca. Merlí se hizo en catalán y se subtituló, igual que Polseres vermelles”, dice Oliva.

Sin cuotas, no habrá cine de calidad

En ello coincide con Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català. “Si no hacemos cuotas, se perderá la diversidad cultural. La nueva Generalitat ha cambiado de criterio con respecto a pasados gobiernos, y ha apostado por el audiovisual. Hemos perdido músculo industrial, se notará en nuestros premios Gaudí”. La cantidad de películas que aspiran a los Gaudí ha ido reduciéndose en los últimos años. Si en 2016 se presentaron 12 en catalán (también se premian películas catalanas en español), en esta edición solo habrá cinco. Entre las aspirantes están Sis dies corrents, de Neus Ballús, y El ventre del mar, de Agustí Villaronga. También ha caído en picado el porcentaje de espectadores que elige ver cine en catalán en salas. Entre 2013 y 2018, la media de espectadores en catalán supuso el 2,57% del total y en 2018 cayó al 2,13%, según un estudio, promovido por la Acadèmia del Cinema Català, del investigador Francesc Vilallonga. Para Colell hay varios motivos: “Ya no se produce como hace una década. No se estrenan tampoco dobladas, se pierde el hábito... Y creo que nos falta seducir al público español para que vea cine patrio, y nos falta más chovinismo”. Otro estudio apuntó recientemente al descenso del uso del catalán entre la población más joven, en una comunidad autónoma casi completamente bilingüe: “Antes los niños veían más TV3, ahora se han pasado a las plataformas, y se pierde el idioma”. Oliva también lo recuerda: “El consumo infantil es imprescindible para el futuro”.

Sí hay una gran plataforma con contenidos en catalán es Filmin. Jaume Ripoll, su director editorial, confirma que el 18% de su contenido está disponible subtitulado, doblado o rodado directamente en catalán. “Filmin.cat nació en 2017, y sigue porque creemos en ello, no por apoyo público, que es exiguo, como mucho paga el 5% de los gastos”, explica. “Notamos un incremento del consumo de series subtituladas en catalán”. Sobre la disputa política explica: “Es más prioritario seducir al público”. Y ante las pocas películas actuales en catalán apunta: “En TV3 las audiencias del cine de Hollywood doblado en catalán son buenas. Mi percepción es que nos falta más cine extranjero subtitulado en catalán, que ayudaría al público juvenil”.

Tono Folguera es uno de los veteranos de la producción catalana, especializado en documentales y en cine de autor como Júlia ist; Bucarest, la memoria perdida; 10.000 km y, ahora en cartel, Mediterráneo, la historia de la creación de la ONG Proactiva Open Arms. “Me sorprende que la gente aún no entienda que el catalán es tan español como el castellano e igual de defendible”, cuenta. “Hoy, el cine en catalán es imposible de financiar. Mediterráneo tendría que haber sido bilingüe. TV3 está arruinada y la Generalitat no puede tirar sola. Alguien en su día decidió en las instituciones que el audiovisual catalán no era importante. Si íbamos a hacer una revolución, en cualquier manual se explica que los medios de comunicación tienen que ser tuyos y bien fuertes... pues los anteriores Gobiernos se cargaron la televisión pública catalana. Para que no haya dudas: TV3 ha puesto el 2% de Mediterráneo. ¿Cómo lidero yo una película en catalán con ese 2%? Lo mismo pasa con el castellano. Si dejas el cine en manos del mercado, no habrá tampoco en español”. Además de recordar que el cine de Hollywood es el más subvencionado del mundo, gracias a sus enormes exenciones fiscales, advierte: “No estoy en contra de las plataformas y su producto. Hay que hacerlo, crea puestos de trabajo, el público lo demanda. Pero las películas españolas que tanto gustan cuando se ven en el festival de San Sebastián no se harán. No habrá El buen patrón, Maixabel, Madres paralelas... ¿Alguien se cree que si se deja el mercado sin regular las plataformas harán Maixabel?”.

Hoy, el cine en catalán es imposible de financiar”

Tono Folguera, productor

¿Y quién podría hacer ese audiovisual de calidad? “Solo los productores independientes”, subraya Oliva. Por productores independientes se refiere “a todas aquellas empresas que por un lado no dependan directa o indirectamente de un prestador de servicios, o sea, de una televisión, ya sea nacional o de fuera, y que la mayoría de su capital social esté radicado en este país”. De ahí la necesidad de músculo industrial, confirma María Luisa Gutiérrez. “No se ha hecho caso a ninguna de nuestras alegaciones entre la primera audiencia pública y la segunda. Nos sentimos maltratados. Es que hablamos ya de cantidades irrisorias, muy alejados de los países de nuestro entorno. Hay un doble discurso: se les llena la boca con el Hub audiovisual, y lo estratégico que es, y no hablan de la producción de este país”. Desde el ministerio de Nadia Calviño aseguran: “Queremos potenciar la industria audiovisual para atraer la inversión de las grandes plataformas internacionales y, sobre todo, impulsar la producción. Por eso, en marzo pasado presentamos el plan España, Hub Audiovisual, que movilizará 1.603 millones de euros hasta 2025″. Gutiérrez responde: “A nadie de la producción independiente le pidieron consejo sobre el Hub. Claro que queremos que España sea un plató internacional, y que se creen puestos de trabajo, pero a los productores, a la industria nacional independiente, desde el Gobierno no nos han hecho ni caso”. Gutiérrez insiste que se están reuniendo con todos los representantes políticos para aclarar el futuro: “Que entiendan lo que estamos pidiendo, que hablamos solo de ese 5%, que las plataformas hagan lo que quieran con el 95% restante de, recordemos, sus ingresos en España”.

Y ahí queda otra posible emboscada. En septiembre Santiago de Bernardo, responsable de la guía La Pantalla Digital, denunció que la mayoría de las obligaciones solo corresponderá a las empresas nacionales, como Filmin o Movistar +, porque en el artículo 3 del último anteproyecto que se dio a conocer se leía: “El servicio de comunicación audiovisual está sujeto a lo dispuesto en esta ley siempre que el prestador [...] se encuentre establecido en España”. Incluso si el Gobierno aceptara las reivindicaciones catalanas, no afectarían a Netflix (cuya sede fiscal europea se halla en Países Bajos) o Disney + (Luxemburgo).

En lo que sí coinciden todos los entrevistados es que las historias deberían rodarse en el idioma en que transcurran. Oliva apunta: “Si me vienen con una idea de un thriller en la Garrotxa, tiene más credibilidad si el campesino habla en catalán. El original lo haces en la lengua propia de la historia. Nadie se plantea si Otra ronda es en danés”.