El Gobierno regula la convivencia entre las plataformas y el cine español

El cine español descubre hoy, con los dedos cruzados, el borrador de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, el texto que marcará la futura financiación de películas desde televisiones y plataformas. La ley, que empieza su trámite con la fase de audiencia pública, se modifica ante la obligación de transponer la directiva europea aprobada en 2018, que obliga a las plataformas de cine y series que operen en el continente, como Netflix o HBO, a incluir “al menos el 30% de obras europeas en sus catálogos” y garantizar su “prominencia”. El plazo para recogerla venció el 19 de septiembre. Hasta la fecha, solo Alemania, Dinamarca y Suecia han cumplido, según el Observatorio Audiovisual Europeo. Mientras, el cine europeo se ha movilizado para meter prisa y presión a los gobiernos. Manifestaciones ante el parlamento portugués, reuniones y cierres de filas entre creadores españoles o recogida de firmas de más de 500 directores en una iniciativa surgida en Francia reivindican el espíritu de la directiva: proteger al séptimo arte del viejo continente. Para ello, el texto aprobado en Bruselas ofrece a los gobiernos otra opción: cada Estado miembro podrá exigir a las plataformas que operen en su territorio “una contribución financiera a la producción de obras europeas, en particular mediante inversiones directas en contenidos y aportaciones a fondos nacionales”. Así lo reclama desde hace años el cine español: si Netflix o HBO ganan ingresos gracias al público de un país, que apoyen a sus filmes y series, al igual que ya lo hacen las televisiones nacionales. Un responsable que accedió a varios borradores de la ley confirma que sí se impone a las plataformas destinar un porcentaje de sus ingresos a la producción audiovisual española. He aquí la clave de la nueva normativa. “Se intentan corregir puntos de partida diferentes. Si una plataforma con sede en España debe realizar esa contribución por la ley nacional, pero otra que opere en el mismo mercado no, porque reside en un país que no obliga a ello, no estaríamos aplicando las mismas reglas a todos”, constata Mercedes del Palacio Tascón, miembro del Directorio de la Representación de España ante la UE que participó en la negociación de la directiva. Y recuerda la satisfacción unánime de los legisladores europeos por el texto final. Ahora, la pelota pasa a los parlamentos nacionales. Y el contexto también influye: por un lado, un Congreso polarizado; por otro, los cines en crisis por la pandemia, mientras las plataformas multiplican su relevancia y audiencia. En España, la ley actual data de 2010. Un diputado que participó en su redacción aún recuerda lo espinoso del proceso, y las presiones de los implicados, especialmente los productores y las televisiones privadas, ya que se aprobó la obligación de financiación anticipada en obra europea [cine y series] del 5% de los ingresos del ejercicio anterior para los operadores privados de televisión y un 6% para los públicos. Algo que las televisiones consideraron un peaje, aunque como recuerda este legislador: “Es lo único que se pide cuando se les otorgó un negocio a cambio de nada”. La ley que nace hoy depende de la Vicepresidencia de Economía, con Nadia Calviño al frente. El responsable es el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Muy pocos han visto el borrador, ni siquiera las plataformas digitales, las asociaciones de productores o Beatriz Navas, directora del ICAA, el organismo encargado del cine en el Ministerio de Cultura, como confesó en la pasada Seminci. De ahí la inquietud. Porque la norma de Bruselas fija mínimos, que los Estados miembros pueden mantener o aumentar. En Francia, directores y productores han firmado una carta para que esa obligación de inversión para las plataformas llegue hasta el 25% y se ejecute en su 80% en productoras independientes. Tampoco se sabe si la transposición española abre otro melón: el de la financiación de RTVE. Al no tener publicidad, se apoya, junto a la aportación del Estado, en una tasa creada para que las cadenas privadas le dedicaran el 3% de sus ingresos, los operadores de televisión de pago el 1,5% y las telecos, el 0,9%. Y ese impuesto enfurece a las plataformas digitales, ya que ellas tampoco tienen anunciantes en sus páginas web. Desde Netflix explican, por correo electrónico: “Confiamos en que el nuevo escenario cumpla con los principios de la directiva, que tenga en cuenta la realidad de la industria y su potencial de desarrollo. En cuanto a la aportación para RTVE, solo podemos opinar de la ley actual, pero, como contexto, nuestro modelo de negocio es diferente: nuestros ingresos vienen de las suscripciones. Desde el momento en que no tenemos publicidad, esa equiparación no existe”. HBO no contestó a este diario y una portavoz de Amazon Prime Video aseguró que no tenían “ningún comentario al respecto”. La nueva presidenta de AEC (Asociación Estatal de Cine), la mayor asociación de productores, María Luisa Gutiérrez, subraya otro aspecto: “Esperamos que en el borrador se redefina la figura del productor independiente, porque con la actual norma no existe esa independencia”. El detalle no es nimio: las televisiones privadas están obligadas a invertir en esas compañías, pero actualmente las empresas pueden estar conformadas en parte por las propias cadenas. El negocio, así, se queda en casa. Gutiérrez abre además otro frente: “Desde luego, la inversión debe ser en cine, entendido como aquellas películas cuya primera ventana de explotación sean las salas”. Esta última petición es corroborada por Juan Vicente Córdoba, presidente de Acción, la asociación española de directores de cine: “Si se permite que sean películas para plataformas, se cierra la puerta de negociación”. La productora pone como ejemplo su último filme, Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, disponible ya en Amazon Prime Video: “Además de que hemos dado al Estado 1,2 millones de euros solo en el IVA de entradas y palomitas o el impuesto de sociedades, que desaparecerían si no hubiera salido a cines, Amazon me hubiera pagado mucho menos. Tengo esa posibilidad de exhibición, y si no se consideran las salas, nos convertiremos en compañías de servicios para ellos sin más”. El año pasado, solo en IVA de entradas, el Estado recaudó de las salas más de 60 millones de euros. La productora aporta otro argumento: “Muchos contenidos, que entran en la diversidad cultural apoyada en la Ley del Cine, no se harían si no hubiera antes el recorrido por salas y desaparecerían. ¿Se habría realizado El hoyo, que ha triunfado en Netflix, si en su inicio no hubiera tenido apoyo público y una producción independiente?”. Quienes han participado en las charlas previas con la secretaría de Estado hablan de mensajes de calma, pero sin mucha más información. Sí quedó la sensación de que dentro del Gobierno había quienes querían aceptar las peticiones de las plataformas, bajo el mantra de que crean trabajo, y quienes deseaban que cumplieran las mismas obligaciones que el resto. “Porque”, cuenta un productor, “cuando vengan mal dadas, se irán de aquí. Son multinacionales que ni siquiera tienen domicilios físicos y pagan pocos impuestos, alquilan todos sus edificios, y quedaremos las pymes como siempre cuidando de nuestros trabajadores”.

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El proyecto de la nueva ley audiovisual transpone la directiva europea que obligará a compañías como Netflix o HBO a contribuir a la producción nacional de películas y series

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