La ley para la protección del cine europeo levanta la polémica en Portugal

La aplicación en Portugal de la directiva comunitaria 2018/1808, que obliga a plataformas audiovisuales con sede en la UE como Netflix, HBO y Disney+ a que al menos el 30% de su catálogo esté compuesto por producciones europeas, entre otras medidas, ha abierto la caja de Pandora en el país. Más de 850 miembros del sector cinematográfico, entre ellos el director de culto Pedro Costa, se han levantado contra la ley que se dispone a aprobar este martes el Parlamento para la implantación de la directiva. El proyecto legislativo consagra la obligatoriedad de la cuota del 30%, pero también determina, en el que ha probado ser el más polémico de sus puntos, que las plataformas podrán elegir cada una entre decantarse por el pago de tasas —con las que se subvencionará el Instituto del Cine y lo Audiovisual (ICA)— o financiar directamente la producción de “obras europeas en lengua portuguesa” para sus propios catálogos.

Los críticos del proyecto de ley aseguran que este abre la puerta a que en la práctica sean las plataformas audiovisuales las que decidan qué tipo de cine y televisión recibe respaldo con dinero público en Portugal. Consideran que el Ejecutivo está dejando pasar la oportunidad de imponer a colosos como Netflix que contribuyan al séptimo arte nacional directamente con parte de sus ingresos. Y alertan además de que ante la probable pérdida de músculo financiero del ICA, una institución oficial que promueve la realización cinematográfica y televisiva, sumada a la previsible inclinación de las multinacionales del streaming por la producción de contenidos más comerciales, los grandes damnificados serán los realizadores independientes.

En un escenario como este no tendrían cabida directores como el propio Pedro Costa, que acaba de lanzar en España su más reciente largometraje, Vitalina Varela, una película muy exigente con el espectador pero que forma parte de una obra que aclaman figuras como el crítico de cine Richard Brody, el filósofo francés Jacques Rancière y el cineasta húngaro Béla Tarr. Costa arremetió la semana pasada contra una de las fases previas a la votación final de la ley en el Parlamento portugués: “Ayer (por el pasado miércoles), de una manera fiscal gansteriana, con la anuencia de los partidos políticos y el beneplácito de quienes se van a lucrar, sin declarar impuestos, Netflix ha desembarcado en Portugal, como antes lo hiciera en España”, declaró a la agencia Efe en Madrid. En juego está, agregó, la “pequeña” cultura frente al “horror” de la uniformidad comercial.

El realizador fue una de las 850 personas del ámbito cinematográfico que han firmado una carta publicada la semana pasada en el diario Público contra la ley titulada El Gobierno portugués anuncia la muerte del cine portugués. En la misiva acusan al Ejecutivo y al Parlamento de “dar a toda Europa ejemplo de sumisión a los intereses de grandes grupos económicos permitiendo que estén exentos de contribuciones fiscales razonables” y de “abrir el camino a la injerencia de los privados en la definición de las políticas culturales”. Este martes ha habido también una protesta frente a la sede de la Asamblea de la República en la que participaron un poco más de un centenar de manifestantes, en parte menguados en número por los fuertes chubascos en Lisboa.

La intención del Gobierno es que al invertir las plataformas directamente en producciones para su parrilla los contenidos portugueses cuenten con una promoción internacional más expedita, según explicó el pasado julio en una entrevista con la agencia Lusa el secretario de Estado para el Cine y lo Audiovisual, Nuno Artur Silva. El funcionario agregó que la ley “no le quita un euro al sistema” pues el presupuesto del ICA será asumido por las arcas del Estado y una nueva tasa sobre la emisión de publicidad que incluye a los canales de televisión y a plataformas como YouTube reforzará los fondos de la institución.

Un segundo grupo de 400 personas del mundo del cine y 35 productoras ha firmado también una carta publicada el lunes de la semana pasada en la que secunda el espíritu del proyecto de ley. En esta defienden que la legislación permitirá que el sector se dinamice: “Sin el componente de inversión directa, otorgada por la nueva propuesta de ley, nada de esto sucederá. Tal como no sucede nada en este momento”.

En España, informan Tommaso Koch y Gregorio Belinchón, el Ministerio de Economía es el responsable de esa transposición y desde ese departamento informan de que el anteproyecto de ley saldrá a audiencia pública “estas semanas” para que los titulares de derechos e intereses afectados pueden aportar su opinión, y los productores de cine están esperando a ver ese borrador que está generando bastante miedo. En Francia, desde el 15 de noviembre, cineastas y productores -allí el Gobierno está ahora negociando la transposición con la industria- están pidiendo a la Comisión Europea que incremente los compromisos de las plataformas online hasta que iguale a lo que se pide a los canales tradiciones de televisión. Y que del volumen de negocio de esas plataformas, el 25% se destine a producto europeo, del cual el 80% sea para productoras independientes y en su mayor parte a la lengua local de producción de cada país.