El acceso a contenidos piratas bajó un 5% en 2019, pero repuntó en el confinamiento, según un informe

Cada vez que alguien elige meterse en una web pirata pone un granito de arena para destruir puestos de trabajo directos e indirectos. El pasado año, en el sector cultural, se perdieron casi 120.000. O eso calcula, al menos, el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, presentado este viernes. El análisis, publicado anualmente, se centra en 2019, donde detectó una caída del 5% en el acceso a contenidos no autorizados, pero esta vez se ha ampliado para cubrir también la crisis del coronavirus y la vuelta a la nueva normalidad, donde se registraron mínimos históricos. En cambio, el confinamiento ha sido un eslabón para que se reactive la oferta ilegal de contenidos: más usuarios, más portales y más accesos. En esas fechas, 11 de cada 100 internautas accedieron por primer vez a estos sitios web, según el informe.

El estudio, elaborado por la consultora independiente GfK, ha sido presentado en la Biblioteca Nacional de España (Madrid) por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (el grupo de presión en defensa de la propiedad intelectual que lo encarga), en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. El ministro, José Manuel Rodríguez Uribes ha abogado por la defensa de un sector “castigado por la crisis sanitaria” con el que el gobierno “está comprometido”. El estudio, según ha resaltado, les orienta en saber qué mejorar. Carlota Navarrete, directora de La Coalición, ha aseverado que la regulación tiene que actualizarse. “Los que trabajan en las páginas ilegales son profesionales en lucrarse a costa del contenido de los demás”. Por eso, considera que no es de extrañar que cuatro de cada 11 usuarios encuestados no sepan distinguir la legalidad del sitio web que visitan.

Durante el confinamiento la gente ha leído un 7% más, pero, según estimaciones del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), en marzo la piratería de libros, periódicos y revistas se triplicó. La consecuencia: el sector editorial es especialmente castigado; hasta uno de cada tres internautas encuestados (33%) accede a libros no autorizados por sus creadores. Jorge Corrales, director general Cedro, ha señalado que, al ser archivos que pesan poco, lo más difícil es el control de las divulgaciones y retirarlas cuando se comparten por redes sociales y mensajería. Por ello, Corrales ha puntualizado la necesidad de que se potencie un pacto de Estado por la lectura: “Para que se reconozcan los derechos de la propiedad intelectual y que el gobierno lidere buenas prácticas”. Este problema ya se evidenció cuando en el pasado mes de julio un juez ordenó el cierre de Lelibros.online, una página que ofrecía libros de forma ilegal y permitía el acceso de manera gratuita a 5.000 títulos de literatura y ensayo.

En el segundo puesto se encuentra la piratería de películas (un 31% de los usuarios encuestados accede a filmes no autorizados) y en el tercero la música, con un 30%. La presidenta de Federación de distribuidores cinematográficos (Fedicine), Estela Artacho, ha incidido en dos problemas: los IPTV piratas para ver canales televisivos y que se deje de ir a las salas por miedo al contagio. “El 90% de asistentes están satisfechos con las medidas de seguridad. El doble que restaurantes y tiendas”.

La música se redirigió antes, ya que, tras las primeras semanas de confinamiento, se notó un aumento del consumo legal. Así lo ha explicado Antonio Guisasola, presidente la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae). Para él, es necesario crear un acuerdo con compañías como Vodafone, Orange o Movistar, que ya actúan en países como Italia, Reino Unido o Francia. La directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos también ha ejemplificado con la situación de otros países europeos. “Italia bloquea 1.400 páginas web. Además, junto a Portugal obtienen unos resultados que muestran la importancia de los poderes públicos”. En España, el impacto para las arcas públicas en términos de impuestos que nunca se ingresaron ha sido de 673 millones de euros, y casi 4.660 millones de euros desde 2012 hasta 2019, según el documento.