Aumenta el consumo legal ‘online’ de cultura, según un informe de la industria

Los piratas informáticos navegan con rumbo más incierto. Su botín sigue siendo considerable, pero los bucaneros de Internet han sufrido una nueva reducción de su actividad. El crecimiento de la oferta legal o la mayor firmeza de los tribunales han contribuido a la tercera bajada consecutiva en los accesos a contenidos culturales ilícitos: hubo 4.348 millones en España en 2018, con un descenso del 3% respecto al año anterior y un 12% menos desde 2015, según el Observatorio Anual de la Piratería, presentado hoy por la Coalición de Creadores. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que facilita el cierre de una web reincidente sin pasar por el juez, es otra noticia celebrada por este grupo de presión de la industria de la propiedad intelectual. El informe detecta también un aumento en el consumo legal online de todos los sectores estudiados (cine, videojuegos, libros, series o música), aunque subraya problemas que se arrastran desde hace años: la presencia de publicidad en casi todas las webs con obras no autorizadas, que ayuda a financiarlas, así como la tendencia a piratear sobre todo los últimos lanzamientos, más caros y jugosos. En parte por eso, el lucro cesante para la industria cultural no se reduce, sino que sube: 1.923 millones, en cálculos del estudio.

El Observatorio Anual de la Piratería trae cada año una infinidad de datos y una contradicción. Por un lado, el informe despliega una serie de números, estadísticas y tendencias detalladas por sector, en un ámbito en que los estudios escasean, entre otras cosas por la dificultad de obtener cifras fiables. Y justo aquí se encuentra la criticidad del Observatorio: lo realiza la consultora GfK, con 4.047 entrevistas a internautas residentes en España entre 11 y 74 años, de toda la geografía nacional. Pero lo encarga la Coalición de Creadores, es decir, una parte más que interesada. Una de las acusaciones más frecuentes es un cálculo exagerado del lucro cesante: el informe estima que, por cada 100 contenidos obtenidos de forma ilícita, los usuarios habrían estado dispuestos a pagar por ocho. Y de ahí saca su conclusión. Hace un año, una investigación de dos economistas de la Comisión Europea sostuvo que en España desaparece un 10,4% de ventas legales (entre salas, DVD o streaming), que se produciría si no existieran los canales no autorizados.

Al margen del lucro que pudo ser y no fue, los sectores culturales celebran un aumento real del consumo legal tanto en la Red como en formato físico. Hay, sin embargo, matices: el libro sonríe a media boca, ya que un 11% de los entrevistados accedió de forma autorizada online frente al 10% del año anterior, pero en papel se bajó del 45% al 43% de los encuestados. El cine, en cambio, recibe más alivios: el 61% de los usuarios lo disfrutó en Internet de forma legal en 2018 (era el 49% en 2017) y el 15% en DVD y Blu-ray, con un aumento del 1%. En medio, música, videojuegos o series tienen sus razones para la alegría. Aunque todos también comparten un problema: las obras más buscadas en canales piratas —entre el 42% y el 68%, según el sector— son las estrenadas en el último año. Y es precisamente ahí donde el consumo no autorizado más puede dañar el recorrido de un producto cultural. Otro estudio reciente, además, introducía un elemento preocupante para el sector: los archivos BitTorrent representaron el 22% del tráfico mundial de subida y el 2,84% de las descargas en todo el mundo y lideran ese tráfico de subida en la región de en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) con el 31%, superando a Netflix, según el informe The Global Internet Phenomena Report de la consultora Sandvine.

El Observatorio incluye también una serie de datos menos controvertidos y por eso, quizás, más útiles: por ejemplo, más del 90% de las webs que dan acceso a contenidos no autorizados cuenta con anuncios publicitarios; y la mitad de estos corresponde a sitios de apuestas y juego online. Otra fuente de financiación procede de los datos de los usuarios: un 66% tuvo que registrarse en esas webs para usarlas, a la vez que un 22% de los internautas ha llegado a pagar por obras piratas. Finalmente, el estudio también detecta las principales vías de navegación para asaltar los tesoros de la cultura: el 60% utiliza buscadores —es decir, Google— para acceder a contenidos no autorizados, aunque su importancia se ha reducido respecto al 79% de 2017; crece, en cambio, el papel de aplicaciones para móviles y tabletas (las emplea el 22%) o redes sociales (el 21%).

En otros años, este apartado también se convertía en un ataque a las operadoras telefónicas, acusadas de no sumarse al frente antipiratería. Ahora, sin embargo, ya no aparecen en el centro de la diana de la Coalición de Creadores. Tal vez se deba a una colaboración más eficaz: hace pocas semanas la Justicia ordenó a Telefónica, Vodafone y Orange, los tres principales proveedores de telecomunicaciones en España, que inhabilitaran el acceso de sus usuarios a cinco webs desde las que se consumían ilegalmente películas. En el fondo, estas compañías son el punto de partida de la navegación en Internet. Si cierran sus muelles, los piratas no pueden ni zarpar.